EscucharEl Partido Liberación Nacional (PLN) no solo empeoró su cisma esta semana, sino que también fue excluido de una eventual alianza electoral promovida por el Frente Amplio (FA).
La agrupación ha dado una serie de pasos con consecuencias negativas. Primero, efectuó una Asamblea Nacional para decidir si haría la convención interna del 2025 con padrón abierto o padrón cerrado (solo con militantes previamente inscritos), pero el resultado fue un desastre. Los asambleístas ni siquiera alcanzaron a votar la moción.
El expresidente Óscar Arias criticó el padrón cerrado, mientras que José María Figueres lo defendió con el argumento de que es necesario prevenir el narcotráfico.
El 12 de octubre, día de la Asamblea Nacional, el grupo que abogaba por mantener la convención abierta pidió votar en secreto para evitar presiones de la otra parte, según dijo el secretario general, Miguel Guillén.
Con 45 votos a favor y 44 en contra, la Asamblea decidió que la moción se votaría en secreto, pero un grupo de figueristas se salió del salón. Entonces, el presidente partidario, Ricardo Sancho, levantó la sesión. Todo esto ocurrió en medio de presiones para que los expresidentes y excandidatos renunciaran a sus puestos vitalicios en el Directorio Político, cúpula del PLN.
Figueres anunció su renuncia el 10 de octubre y Óscar Arias envió su carta de separación el 17 de octubre.
Esta semana, el miércoles 23, enviaron sus cartas de dimisión los excandidatos Antonio Álvarez Desanti y Johnny Araya, con fuertes mensajes sobre la crisis verdiblanca.
El primero reconoció que la ambivalencia del PLN en temas de derechos humanos le costó la derrota electoral del 2018, y citó un estudio reciente según el cual el 60% de la gente considera que el partido es corrupto, mientras el 49% no consideraría a un candidato competente liberacionista. Además, dijo que se ha perdido la confianza en el secretario general, Miguel Guillén, uno de los principales promotores de que los excandidatos renunciaran a sus puestos.
En tanto, Johnny Araya aseveró que las luchas internas, cargadas de odios y ataques arteros, inciden en el retroceso del PLN.
Dos días antes, el lunes 21, el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles, había instado a crear una alianza electoral de “sectores progresistas” para derrotar al “autoritarismo” en los comicios del 2026. De inmediato, el secretario general del PLN, Miguel Guillén, respaldó la idea con entusiasmo, instando a dejar atrás la satanización de los acuerdos políticos. Sin embargo, el Frente Amplio se sacudió del PLN.
El miércoles, el diputado y secretario general del FA, Jonathan Acuña, rechazó cualquier posibilidad de una alianza con Liberación al argumentar que esta agrupación abandonó la socialdemocracia hace décadas y “obedece casi de forma total a sectores económicamente poderosos”.
Apenas un día después, la Sala III confirmó una sentencia que golpea el récord del PLN: la condena de siete años y seis meses de prisión, por uso de documento falso, contra la exdiputada liberacionista y exdefensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, por un caso dado a conocer por La Nación en el 2014.
Contribuyentes pagarían por responsabilidades de jerarcas
La otra noticia de alta relevancia esta semana es el hecho de que el gobierno de Rodrigo Chaves gestionó la contratación de una póliza de ¢248 millones, pagada con fondos de los contribuyentes, para librar de eventuales responsabilidades civiles al presidente de la República, vicepresidentes, ministros y viceministros, en caso de que actúen en contra de la ley, o bien, por omisiones o negligencia.
Los fondos públicos pagarían hasta las asesorías de relaciones públicas de los responsables, además de sanciones impuestas por violaciones ambientales y los costos relacionados con procesos de extradición. Inaudito.
Nos contactamos de nuevo en una semana. Se despide Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.
