EscucharEl gobierno de Rodrigo Chaves ya escogió el tema para el referéndum que quiere impulsar. Descartó someter a consulta popular el plan de jornadas laborales 4/3, la venta del Banco de Costa Rica (BCR) o la ley de armonización eléctrica. También, quedó atrás la idea de un referendo sobre pensiones de lujo, una promesa de campaña que, de antemano, se sabía que era imposible. Por razones obvias, la ley excluye las pensiones del ámbito de aplicación de este instrumento (imagine el resultado si se sometiera a votación la posibilidad de pensionarse a los 45 años).
El proyecto escogido, denominado “ley jaguar”, es un proyecto para eliminar potestades de fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) sobre las contrataciones públicas. El texto, además, contiene un articulado que, según había advertido la propia CGR, abriría la puerta para las contrataciones a dedo, contraviniendo el principio constitucional de concurso público.
El Gobierno Central tiene un presupuesto anual de ¢425.000 millones para la compra de bienes y servicios. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene otro fondo de ¢587.000 millones para materiales y suministros, por citar algunos ejemplos del nivel de recursos que está en juego.
Eliminar el filtro de la Contraloría y permitir las contrataciones discrecionales aumentaría el riesgo de que los proveedores escogidos sean los que logren acercarse a los gobernantes de turno, en lugar de los que presenten la mejor oferta.
El gobierno actual ha incurrido en hechos que dan para preocuparse y, en todos, el común denominador es la búsqueda de atajos para evitar los controles. El supuesto traje a la medida para MECO, en el contrato de ¢21.800 millones para la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, surgió después de que el Poder Ejecutivo incluyó la obra en un decreto de emergencia, lo que dejó a la Contraloría sin posibilidad de fiscalizar el concurso.
Recientemente, se supo que la Fiscalía investiga un aparente tráfico de influencias para que un contrato de obra pública, por ¢91.500 millones, fuera cedido a la constructora mexicana Tradeco. Entre los hechos, al parecer hubo reuniones en la Casa Presidencial.
Hay más ejemplos: el intento por contratar sin concurso a Racsa para que proveyera escáneres, aunque Racsa no produce escáneres (los habría contratado a otra empresa mediante un contrato confidencial); y el proyecto de venta del BCR, el cual habría eximido al gobierno de aplicar la Ley de Contratación Pública a la hora de contratar a la firma asesora de la subasta, por citar otros casos.
Los principales puntos de la ley jaguar son los siguientes:
-Se impediría a la Contraloría revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de que estos sean ejecutados; solo se le permitiría actuar en forma posterior.
-Se le retiraría a la CGR la potestad de suspender la ejecución de actos y contratos del Estado cuando detecte irregularidades o ilegalidades. La propuesta de Rodrigo Chaves es que solo una orden judicial pueda suspender los procesos.
-La CGR no podría “sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión”.
-Se agregaría una reforma al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, para que el gobierno contrate al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sin concurso público, el desarrollo de Ciudad Gobierno sobre terrenos públicos. El BCIE desarrollaría las obras y, luego, alquilaría el uso de los edificios al Estado por 25 años. Es en este punto, donde la Contraloría alerta sobre un portillo para las contrataciones a dedo.
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El gobierno presenta el referéndum como una salida para el desarrollo, pero lo hace después de haber chocado con advertencias o resoluciones de la Contraloría por casos en donde se buscaron vías alternas, en vez de licitaciones abiertas. Los diputados señalaron que el plan parece más un ataque a la CGR.
Jurisprudencia de la Sala IV de 1998 señala que, mediante una ley ordinaria, no se puede disminuir las competencias de la Contraloría.
La sentencia 998 de ese año añade que el sistema de contratación pública está compuesto por el principio constitucional de licitación y la fiscalización de la Contraloría, como garantía de la correcta utilización de los fondos públicos.El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene la potestad de consultar a la Sala IV la constitucionalidad de la ley jaguar. Cualquier ciudadano también puede hacerlo, mediante recurso de amparo.
Le saluda Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación. Nos contactamos de nuevo, el próximo fin de semana.
