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La noche del martes 28 de mayo, el Concejo Municipal de San José subió a ¢5.740.000 los salarios del alcalde Diego Miranda y la vicealcaldesa Yariela Quirós. Al día siguiente, la Contraloría General de la República (CGR) reiteró que este monto sobrepasa el límite fijado por la ley. El tope es el salario global asignado al cargo de presidente de la República y, el 21 de marzo del 2023, la Autoridad Presupuestaria fijó esta cifra en ¢5.565.000.
A finales del año pasado, la Municipalidad de San José había tratado de elevar los salarios de los jerarcas, pero la CGR la detuvo al examinar el presupuesto municipal del 2024.
Ahora, bajo la administración de Diego Miranda, el ayuntamiento insistió en que los sueldos debían ser más altos porque, según el artículo 42 de la reforma fiscal del 2018, los cargos de elección popular pueden ganar hasta 20 salarios base de la categoría más baja del sector público. Dicho sueldo corresponde a ¢287.000 (Misceláneo de Servicio Civil 1).
No obstante, la Contraloría aclaró que la Ley Marco de Empleo Público, que entró a regir el año pasado, estableció que ningún salario puede superar al que la Autoridad Presupuestaria asigne al cargo de presidente.
Con menos de 30 días en el cargo, el alcalde Diego Miranda defendió el ajuste, al alegar que responde a un “tema de ley” sustentado por un departamento técnico del ayuntamiento, el de Talento Humano. En lugar de cuestionar la pertinencia del aumento, habló de titulares malintencionados en la prensa.
A primera vista, pareciera que gastó demasiado capital político en defender este incremento, sobre todo porque el salario de ¢5.565.000 millones ya es alto para el jerarca de una institución con un presupuesto bastante moderado (¢75.850 millones) en comparación con muchas otras instituciones.
El ministro de Hacienda, con responsabilidad sobre un presupuesto de ¢12,6 billones (millones de millones), gana menos que el alcalde.
Cuando ya el asunto había escalado, Miranda anunció que pediría un criterio a la Contraloría y acatará lo que esta diga.
Estos hechos ocurrieron solo una semana después de trascender que el nuevo alcalde impuso una norma de silencio en la Municipalidad de San José, advirtiendo a los 2.800 funcionarios del ayuntamiento, mediante un oficio, de que todas las comunicaciones y vocerías ahora se centralizarán únicamente en la Alcaldía.
Se trata de una medida cuestionable. Disposiciones similares han chocado con pared en la Sala IV. Por ejemplo, en octubre del 2022, el Tribunal anuló la instrucción de la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, de que los funcionarios debían solicitarle permiso antes de dar declaraciones a la prensa.
Polémico decreto
El pasado miércoles, la Contraloría también reveló aparentes ilegalidades en un decreto publicado, el 25 de abril del 2023, por el presidente Rodrigo Chaves y los ministros Francisco Gamboa, Víctor Carvajal y William Rodríguez, de Economía, Agricultura y Turismo.
Se trata del reglamento 43.980-MEIC-MAG-TUR, el cual regula el funcionamiento del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
La Contraloría encontró que el decreto creó un mecanismo de contratación discrecional en el Consejo de Rector del SBD, entidad que maneja un presupuesto anual de ¢70.000 millones, y que se dedica a colocar créditos.
El artículo 59 permite al Consejo Rector hacer adjudicaciones discrecionales en caso de que no exista un registro de oferentes de servicios de desarrollo empresarial.
Estos servicios se refieren a la contratación de terceros que desarrollen proyectos de apoyo para los beneficiarios de las operaciones del SBD.
Según la Contraloría, este método se contrapone a las normas de transparencia y concurso de la Ley de Contratación Pública.
El decreto no se quedó ahí, sino que también asignó al Consejo Rector la aprobación de operaciones crediticias, a pesar de que esta es una labor técnica que la ley encomienda a la Secretaría Técnica del SBD.
El problema es que el Consejo es un órgano de orden político integrado por tres ministros, un miembro independiente nombrado por el Consejo de Gobierno y tres representantes de los sectores agrícola, turístico e industrial y de servicios. El ministro Francisco Gamboa, de hecho, es el presidente.
A este jerarca, precisamente, la Contraloría le giró la orden de enmendar el decreto. Gamboa dijo que, en principio, se puede ajustar el decreto.
Le saluda Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación. Nos contactamos de nuevo en una semana.
