La mamá y el hermano de Luany y testigos de la desaparición de la joven tenían información relevante sobre el caso.

Conocían la casa en donde la vieron entrar la noche de la desaparición, sabían que el sospechoso la acosaba con “ojos de sádico”, y también que el sujeto curiosamente se marchó del lugar al día siguiente.

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no les tomó declaración, según ha dicho el hermano. Cuando ofrecieron un testigo, se les pidió llevarlo ellos mismos hasta el OIJ porque ellos “no trabajan fines de semana”.

Ante la inacción judicial, la mamá y el hermano finalmente lograron ingresar a la vivienda y encontraron el cuerpo de Luany, en una bolsa de plástico enterrada en el patio.

De las declaraciones del OIJ se desprende que ellos consideran haber actuado bien, pese a que más bien confirmaron que la familia estaba en el rastro correcto y ellos andaban perdidos hacienda otras “diligencias”.

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Lo ocurrido envía un mensaje muy preocupante a las mujeres y a cualquier persona interesada en la seguridad pública.

Una de las principales razones por las que muchas personas y especialmente las mujeres no denuncian violencia es la percepción de que las autoridades no las van a tomar en serio, no les van a creer y/o las van a culpar a ellas.

El OIJ ha enviado un mensaje que reafirma las tres percepciones.

Un mensaje preocupante

1. Con respecto a la percepción de que las denuncias de violencia contra mujeres a menudo no se toman en serio, el OIJ alega que hizo una serie de “diligencias” y que no todo se puede revelar a la familia.

Sin embargo, eso no explica porqué no se tomaron en serio las pistas que querían aportar familia y testigos ni se buscó al sospechoso identificado por ellos. Tampoco explica por qué una familia hizo un trabajo de investigación más efectivo que el del OIJ, o por qué esto no le parece problemático a la cabeza de dicha entidad.

2. El OIJ también ha proyectado la idea de que no cree en las denuncias de las mujeres. En marzo, el OIJ hizo una aclaración pública en la que intentaba desmentir denuncias que circulaban en redes sociales sobre intentos de secuestro de niñas y mujeres jóvenes.

Evidentemente no se puede asumir que todos los casos que trascienden en redes sociales son ciertos, pero el OIJ tampoco puede desmentir fácticamente la existencia de casos solo porque no ha recibido denuncias y no los ha investigado.

Por ello no sorprendió que apenas unos días después del intent de desmentido del OIJ trascendieran en la prensa imágenes de las heridas de una mujer que logró escapar a un intento de secuestro, y la advertencia de un colegio de que habían intentado secuestrar a una estudiante en plena mañana.

Peor aún, el lenguaje que utiliza el OIJ en sus comunicaciones con el público femenino a menudo lleva connotaciones sexistas. Por ejemplo, en la “aclaracion” pública de marzo el OIJ llamó a no caer en “histeria”, un término tradicionalmente utilizado para descalificar las preocupaciones de las mujeres como infundadas, exageradas o carentes de credibilidad.

3. El OIJ, además, usa lenguaje que responsabiliza a las mujeres por los ataques que terceros deciden cometer contra ellas.

Un ejemplo de esto es un folleto en el que se recomienda a las mujeres no exhibir “prendas que puedan tenerse como ‘provocativas’”. Así, en lugar de contribuir con la responsabilidad del Estado de ayudar a eliminar prejuicios peligrosos que justifican la violencia contra las mujeres, el OIJ más bien los reafirma como legítimos.

Por demás está decir que la mayoría de violaciones son cometidas por conocidos de las víctimas, que incluyen niñas de cinco años, señoras de 80 años, monjas y musulmanas vestidas con burkas.

Otro ejemplo de lenguaje que culpa a la víctima son afirmaciones como que los ataques ocurren porque “las mujeres van por lugares solos, con poca iluminación”. Esto contradice la realidad de que los ataques ocurren a plena luz del día y en lugares tan concurridos como un colegio.

También sugiere que con la violencia contra las mujeres se soluciona con evitar lugares oscuros, lo cual no solo es falso sino que además es una burla a la realidad de muchas mujeres que carecen de medios para manejar o pagar taxi al salir de estudiar o trabajar.

Tales afirmaciones crean dudas sobre la forma en que ese tipo de estereotipos podría estar distorsionando y sesgando la valoración de denuncias y pistas.

¿Investigación independiente y con datos?

Ante la gravedad de lo ocurrido en el caso de Luany, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa llamó a comparecer al director del OIJ.

Además, las diputadas de Acción Ciudadana pidieron a la Fiscala General y al director del OIJ investigar la actuación de las autoridades en el caso de Luany y “revisar el protocolo de atención en casos de desaparición de mujeres”.

Ambos son pasos importantes, especialmente dado que el OIJ parece estar satisfecho con la forma vergonzosa en que manejó este caso y, por tanto, es posible que los mismos problemas estén ocurriendo con otras denuncias.

Pero la investigación debe ir más allá de ver solo los protocolos en el papel y estudiar la cultura organizacional que, en la práctica, podría estar permeando de forma sexista la aplicación de los protocolos, la valoración de las denuncias y los mensajes que se le envían al público femenino.

Hay muchas formas de estudiar la cultura organizacional, incluyendo cosas como, por ejemplo, si altos funcionarios que hacen comentarios como que las mujeres no pueden hacer el mismo trabajo que los hombres o jefes que se oponen al nombramiento de fiscalas.

Igual de importante es usar datos. ¿Qué porcentaje de denuncias sufren la misma suerte que la de Luany? ¿En cuántos casos las denunciantes prefieren no seguir con la denuncia tras una conversación con funcionarios del OIJ – y por qué?

Lo ideal es hacer una investigación independiente. Tal y como lo muestra el caso de las protestas raciales en EE.UU. con #BlackLivesMatter, el hecho de que por años las investigaciones de abuso policial hayan sido hechas por los fiscales que trabajan de cerca con los policías, ha resultado en minimizar u obviar las fallas de las autoridades y/o en proteger la reputación institucional a costa de cada vez más víctimas.