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La tensión entre Estados Unidos y Cuba volvió a elevarse este jueves cuando el presidente Joe Biden anunció sanciones a funcionarios de la isla por la represión de las protestas del 11 y 12 de julio, las mayores movilizaciones contra el régimen desde la crisis de los años noventa.
La Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro incluyó en la lista a Álvaro López Miera, un militar y líder político cubano, y a la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, un grupo conocido como Boinas Negras.
Las medidas restrictivas congelan todos los activos e intereses que tengan los sancionados en Estados Unidos y prohíben que cualquier ciudadano, residente o entidad estadounidense hagan transacciones con ellos.
Las penalizaciones se encuentran dentro de la Ley Global Magnitsky que persigue a los perpetradores de delitos graves de abusos contra los derechos humanos y de corrupción en todo el mundo. Las sanciones se conocieron poco después de que comenzaran los juicios en Cuba contra los manifestantes.
La crisis amenaza con extenderse, ya que Biden dijo que se trataba apenas del comienzo. “Esto es solo el comienzo: Estados Unidos seguirá sancionando a los responsables de la opresión del pueblo cubano”, advirtió el gobernante.
“Estados Unidos apoya a los valientes cubanos que han salido a las calles para oponerse a 62 años de represión bajo un régimen comunista”, agregó en un comunicado.
Por su parte, Cuba rechazó y calificó como “infundadas y calumniosas” las sanciones. Asimismo, exhortó a Washington a ocuparse de la violencia en su propio territorio.
Más allá de las sanciones, el líder estadounidense también había confirmado esta semana que su Administración evalúa volver a permitir transferencias personales de dinero a Cuba y se comprometió a aumentar el personal de la embajada de Estados Unidos en La Habana para “brindar servicios consulares a cubanos”.
Las históricas protestas, que se efectuaron en más de 40 ciudades del país, dejaron un muerto, decenas de heridos y al menos 150 detenidos.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de instigar y financiar las movilizaciones, mientras Biden se refirió a Cuba como “un Estado fallido que reprime a sus ciudadanos” y sostuvo que estudiaba cómo habilitar el Internet móvil en la isla que fue bloqueado por las autoridades de la isla durante las revueltas.
Política doméstica
Estados Unidos volvió a endurecer su política hacia Cuba con el gobierno de Donald Trump tras la normalización de las relaciones durante el mandato de Barack Obama, quien consideró que más de medio siglo de esfuerzos de Washington por derrocar al régimen de La Habana habían fracasado.
Biden, que fue vicepresidente de Obama, ordenó una revisión de la política hacia Cuba al asumir el cargo, pero la Casa Blanca indicó no tener prisa y que el tema se encontraba entre las principales prioridades del presidente.
La postura hacia el país caribeño está teñida por la política interna de Estados Unidos, con una comunidad cubano-estadounidense fervientemente anticomunista con un enorme peso electoral en Florida, un estado clave para llegar a la Casa Blanca.
Luego de asumir en enero, muchos demócratas le pidieron a Biden que revirtiera las decisiones de Trump sobre Cuba.
En particular, pidieron que se deje de catalogar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, una designación decidida por Trump nueve días antes de dejar la Casa Blanca.
Los demócratas controlan el Congreso por un estrecho margen y el titular del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el cubano-estadounidense Bob Menéndez, rompe con buena parte del partido al favorecer una línea dura hacia el gobierno de La Habana.
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Otras informaciones relevantes de la semana
Centroamérica registra cerca de 1,5 millones de casos de covid-19 en lo que va de la pandemia. Sin embargo, el ritmo de vacunación es muy desigual entre los países de la región, con cifras muy superiores para El Salvador y Costa Rica y, en contraste, una situación preocupante para Honduras, Guatemala y Nicaragua.
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Una empresa israelí acusada de suministrar software espía a gobiernos fue vinculada a la divulgación de una lista de 50.000 números de teléfonos inteligentes de activistas, periodistas, ejecutivos de empresas y políticos de todo el mundo.
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