La preocupación por el cambio climático y las posibles acciones que se puedan realizar al respecto han tenido un impacto directo en las estrategias de inversión. Asimismo, los diferentes participantes del mercado han reevaluado sus actividades productivas en búsqueda de una transición hacia la sostenibilidad.
Es en este contexto que toma relevancia la creación de algún documento oficial que permita establecer de manera estándar los procesos productivos que colaboran con la sostenibilidad ambiental, o en su defecto, que no lo hacen. En esta misma línea y comprendiendo la necesidad, la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) realizó un comunicado en el anuncia el sometimiento de la Taxonomía de Finanzas Sostenibles a una consulta pública, para que las partes interesadas puedan realizar observaciones que permitan robustecerlo y complementarlo, en una fase previa a su adopción por las diferentes entidades.
La Taxonomía de Finanzas Sostenibles llega a suplir ese espacio vacío. Mediante este documento se da “un sistema de clasificación que define criterios claros y basados en ciencia para identificar las actividades económicas, activos y/o proyectos que contribuyen a la consecución de los objetivos medioambientales y sociales del país” (Sugeval, 2024). En otras palabras, mediante este sistema se define lo que se entiende en el país como una inversión sostenible y también se establece cuales actividades económicas contribuyen con los objetivos de sostenibilidad.
En este punto, es importante destacar que esta necesidad de una taxonomía se encuentra alineada con las más recientes regulaciones en temas de sostenibilidad, pues a partir del otro año (2025) entran a regir en el país las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) S1 y S2, que tratan temas de reporte de información relacionada con sostenibilidad y con el cambio climático. En línea con lo anterior, es esperable que, ante la inclusión de estas normas internacionales en el país, se tenga que tener estándares claros que permitan clasificar las diferentes actividades económicas.
Por otro lado, también es pertinente destacar que este tipo de documentos permiten funcionar como un mitigador de problemas como greenwashing (manera en la que se hace pasar una campaña o actividad productiva como sostenible cuando en realidad no lo es) o incluso como promotor en temas de transparencia en los mercados financieros “verdes”.
Además, es importante destacar que Costa Rica no es el primer país que tiene una taxonomía de finanzas sostenibles. Países como Indonesia o Singapur también poseen sus propias taxonomías que permiten establecer estas reglas de sostenibilidad. Asimismo, existe la Taxonomía ASEAN para las Finanzas Sostenibles (aplicable a países pertenecientes a los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), o incluso la Taxonomía de la Unión Europea.
Sin embargo, también hay naciones latinoamericanas que han implementado taxonomías sostenibles, como es el caso colombiano que publicó este documento en el 2022. Es importante destacar en este punto que el caso colombiano en términos sostenibles ha buscado fomentar el crecimiento económico sostenible y crear un mercado financiero verde sólido que, a su vez, tenga un efecto derrame en los diferentes mercados para velar por el cumplimiento de las metas de sostenibilidad del país.
Finalmente, es importante destacar que, desde la perspectiva de los inversores, la Taxonomía de Finanzas Sostenibles llega a favorecer el análisis y a discernir mejor las diferentes opciones de inversión en temas de sostenibilidad, para poder de esta forma tener una mayor certeza e integralidad en el análisis realizado, fomentando la concientización por parte de la población inversora en temas de finanzas sostenibles.
