EscucharLa Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) tiene previsto comenzar el miércoles a tratar el caso de una salvadoreña condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado por, según la versión de su familia, perder un embarazo de forma natural.
"Yo lo que quiero pedir (es) que se haga justicia para mi familia y mi mamá. Que ya no sigan haciendo lo que hicieron con mi mamá", declaró mediante una conferencia virtual Jesús, de 21 años, quien quedó huérfano junto a su hermano menor Tomás tras la muerte de cáncer de su madre mientras cumplía condena.
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El caso enfrenta a la familia de Manuela, quien falleció de cáncer en prisión en 2010, contra el Estado de El Salvador, y la sentencia puede tardar un año en conocerse.
La directora para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos, Catalina Martínez, destaca "la importancia" del caso Manuela, ya que es el primero que llega a esta corte.
Queremos que se "reconozca que negar servicios de salud reproductiva y criminalizar a mujeres por eventos obstétricos constituye violencia", destacó.
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"Estamos pidiendo a la Corte que establezca medidas (de reparación) en las cuales el Estado de El Salvador cumpla con diferentes responsabilidades", como restablecer la "dignidad" de Manuela en un acto público, dijo Morena Herrera, coordinadora de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE).
Manuela no sabía leer ni escribir y vivía en una zona rural con escasos recursos. Sufría un "cáncer linfático" no diagnosticado que, según Sara García, de la Colectiva Feminista, le provocó una emergencia obstétrica.
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"En las consultas médicas solo le daban pastillas para aliviar el dolor", subrayó García.
En febrero de 2008, tras sufrir un fuerte dolor pélvico y abdominal, Manuela fue a una letrina que se encontraba a unos metros de su casa.
"Manuela sabía de su embarazo pero no que en ese momento enfrentaba una emergencia obstétrica: expulsó el feto y se desmayó, se trató de un parto precipitado a causa de su precaria salud", aseguró en un comunicado el Centro de Derechos Reproductivos, una ONG de Estados Unidos.
Manuela fue condenada a 30 años de prisión y el 30 de abril de 2010, cuando tenía 33 años de edad, murió esposada a una cama en el área de reos del hospital nacional Rosales, donde recibía tratamiento contra el cáncer linfático.
El código penal salvadoreño prohíbe el aborto en todos los supuestos y establece penas de hasta 8 años. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto, incluso los involuntarios, como “homicidio agravado”, penado con hasta 50 años de prisión.
