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Bogotá. La comunidad internacional denunció este martes un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de Colombia para controlar violentas protestas contra el gobierno que en casi una semana dejan una veintena de muertos y centenares de heridos.
El presidente Iván Duque respaldó la acción de los uniformados, a quienes considera víctimas de ataques, mientras la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos levantaron la voz contra los abusos policiales.
“Nada justifica que haya personas armadas que, amparadas en el deseo legítimo de la ciudadanía de hacer marchas cívicas, salgan a disparar a ciudadanos indefensos y a agredir cruelmente a nuestros policías”, declaró el mandatario conservador.
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Lo que empezó el miércoles pasado como una manifestación pacífica en rechazo a una reforma fiscal ya retirada se transformó en graves protestas contra el gobierno. Según datos oficiales, el saldo hasta el momento es de 19 muertos (al menos tres por disparos), 89 personas desaparecidas y 846 heridos.
“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali (...) la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas”, declaró en Ginebra Marta Hurtado, vocera de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En la tarde de este martes hubo bloqueos en las vías de los departamentos de Cundinamarca, Meta, Quindío y Valle del Cauca.
También se extienden las manifestaciones en Bogotá y en Cali, tercera ciudad del país, capital del Valle del Cauca y la más afectada por los disturbios.
Hurtado hizo “un llamado a la calma (...) Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta”.
Defensores de derechos humanos denunciaron casos de violencia policial, que incluyen civiles muertos a manos de uniformados.
En tanto, la administración de Joe Biden urgió “a la máxima moderación a las fuerzas públicas para evitar más pérdidas de vidas”. Asimismo, agregó que Washington sigue apoyando al gobierno en “sus esfuerzos para hacer frente a la situación actual mediante el diálogo político”.
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Cali, en llamas
Las protestas se tornaron particularmente violentas en Cali, donde entrada la noche del martes se registraban disturbios en algunos barrios, como Siloé, y continuaban los bloqueos en accesos y otros puntos de la ciudad.
La ciudad de 2,2 millones de habitantes está militarizada desde el viernes por orden del gobierno. Manifestantes aseguran que la fuerza pública abrió fuego contra civiles.
Según la Alcaldía local, el lunes por la noche murieron cinco personas y 33 fueron heridas. La Defensoría del Pueblo (Ombudsman) no ha corroborado estas cifras.
Las principales vías de esa región fueron bloqueadas, causando desabastecimiento de gasolina y preocupación por el paso de camiones con oxígeno e insumos médicos en plena pandemia.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, afirmó que un miembro de la entidad y otras cuatro personas fueron atacados por uniformados mientras asistían a detenidos en Cali.
“Fueron objeto de amenazas por parte de agentes de la policía nacional quienes dispararon en repetidas ocasiones al aire y al piso, tiraron granadas aturdidoras, los maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse del lugar”, precisó.
Ante la lluvia de críticas, el presidente Duque se solidarizó con la fuerza pública y ordenó el desplazamiento de varios ministros a Cali.
Según el mandatario, la fuerza pública es víctima de agresiones orquestadas por los grupos armados que operan en el país tras más de medio siglo de un conflicto interno. La firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el 2016 no cesó la violencia.
Tres uniformados han recibido disparos desde el inicio de las protestas.
Gobierno impopular
Aunque el presidente retiró la iniciativa de reforma tributaria y el ministro de Hacienda renunció, las protestas continúan para exigir “mejores condiciones de vida para la ciudadanía”, afirmó Yonny Rojas, líder social en Cali.
“El despliegue de la fuerza pública fue demasiado alto (...) ingresan disparando contra la ciudadanía”, añadió.
Duque enfrenta inéditas protestas desde que subió al poder en 2018.
Sindicatos, indígenas y estudiantes, entre otros sectores inconformes, exigen un cambio de rumbo a su gobierno, que roza una popularidad del 33%.
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En el 2020 la fuerza pública enfrentó a bala masivas protestas contra la brutalidad policial, dejando una docena de muertos y más de medio millar de heridos.
Amnistía Internacional pidió “cesar la militarización de las ciudades”.
El Ministerio de Defensa desplegó 47.500 uniformados en todo el país. Solo en Cali hay 700 soldados, 500 hombres de la fuerza antidisturbios (Esmad), 1.800 policías y dos helicópteros adicionales.
Las protestas actuales recogen además la desesperación provocada por la pandemia de covid-19, que golpea con fuerza al país de 50 millones de habitantes.
En su peor desempeño en medio siglo, el producto interno bruto (PIB) de Colombia se hundió un 6,8% en el 2020 y el desempleo trepó al 16,8% en marzo. Casi la mitad de la población quedó en la pobreza, según cifras oficiales.
