EscucharEl Congreso aprobó el jueves una ley que libera 52.000 millones de dólares en subsidios para relanzar la producción de semiconductores en Estados Unidos, y miles de millones adicionales para investigación y desarrollo.
El texto, aprobado el miércoles en el Senado, obtuvo 243 votos a favor -entre ellos 24 republicanos-, y 187 en contra en la Cámara de Representantes.
El presidente Joe Biden debe promulgar la ley, lo que supone una victoria importante tras un combate de largo aliento, cuando se aproximan las elecciones legislativas de medio término en noviembre.
Esta ley "bajará los costos de vida cotidianos y creará empleos industriales bien pagados", dijo en un comunicado después de la votación.
El mandatario habló por teléfono este jueves con el presidente chino Xi Jinping, cuyo gobierno condena una ley que "bajo el pretexto de reforzar la competitividad estadounidense, reduce la cooperación científica y tecnológica" entre los dos países.
La demanda por microchips, un componente clave de la electrónica moderna, explotó durante la pandemia, por el aumento del consumo de productos electrónicos, y se generó una escasez mundial agravada por el cierre de fábricas chinas por el covid.
La falta de chips golpeó a Estados Unidos, cuya parte de mercado en la producción mundial de estos componentes cayó fuertemente en los últimos años a manos de fabricantes en Asia.
La industria automotriz se vio especialmente perjudicada, lo que disparó los precios de los vehículos.
"La pandemia reveló graves vulnerabilidades en nuestras cadenas de suministro, en particular nuestra dependencia de algunas regiones para algunos materiales esenciales", afirmó la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, en un comunicado.
El gobierno incluso advirtió sobre el riesgo que la escasez de semiconductores supone para la seguridad nacional, ya que muchos equipos militares requieren estos componentes.
El acuerdo en el Congreso entre el oficialismo demócrata y la oposición republicana, tardó meses en llegar.
Se estima que la ley -que incluso prevé reforzar la seguridad de la Corte Suprema de Estados Unidos- totaliza un paquete de 280.000 millones de dólares.
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