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Washington. Estados Unidos impuso este miércoles sanciones económicas a cuatro funcionarios nicaragüenses cercanos al presidente Daniel Ortega, entre ellos su hija Camila Antonia Ortega Murillo, luego de una serie de arrestos de opositores denunciados por Washington.
Las personas fueron sancionadas por su respaldo “al régimen de Ortega, un régimen que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de la población civil, promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios informativos independientes”, indicó el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Además de Ortega Murillo, hija del presidente y de la vicepresidenta Rosario Murillo y coordinadora de la Comisión Nacional de Economía Creativa, fueron sancionados otros tres allegados a Ortega.
Ellos son Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central; Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional; y el general Julio Modesto Rodríguez Balladares, director ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el fondo público de inversiones del Ejército nicaragüense.
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Los cuatro ingresaron a la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, con lo cual todos los bienes y activos que tengan bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados, y se les prohíbe toda transacción que involucre a individuos y entidades estadounidenses.
Cuatro líderes opositores aspirantes a las elecciones presidenciales de noviembre en Nicaragua, para las que Ortega podría postularse para un cuarto mandato, fueron detenidos en los últimos días. Ellos son: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Sebastián Chamorro.
La noche de este martes, también fueron capturados Violeta Granera miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, así como José Adán Aguerri, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
El excanciller nicaragüense José Pallais se convirtió este miércoles en el sétimo opositor detenido.
Washington dijo el martes que los arrestos confirman que el mandatario es un “dictador”, y pidió a la comunidad internacional que “lo trate como tal”.
Exigencia de la ONU
Por su parte, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, exigió este miércoles la liberación de los precandidatos presidenciales opositores.
Guterres “está muy preocupado por los recientes arrestos, así como por la invalidación de candidaturas de dirigentes de la oposición en Nicaragua”, precisó su vocero, Stéphane Dujarric, en su conferencia de prensa diaria.
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“Estos desarrollos pueden socavar seriamente la confianza del público en el proceso democrático antes de las elecciones generales de noviembre”, añadió.
Las leyes locales impiden a quienes estén detenidos disputar elecciones.
En Nicaragua se necesita “un consenso amplio (...) sobre medidas para tener unas elecciones creíbles, participativas e inclusivas en noviembre”, agregó el vocero de Guterres.
Además de la detención de los precandidatos, el tribunal electoral de Nicaragua eliminó a los opositores Partido de Restauración Democrática (PRD) y al Partido Conservador (PC), el más antiguo.
Ortega, un exguerrillero de izquierda que gobernó Nicaragua de 1979 a 1990, regresó al poder en el 2007 en elecciones democráticas y ganó luego dos reelecciones sucesivas.
No obstante, ha sido acusado por la oposición y por organizaciones no gubernamentales de liderar un gobierno autoritario y de la represión brutal de manifestaciones contra su gobierno en el 2018 que dejaron más de 320 muertos.
