EscucharEn Irlanda, varias familias recogen la turba secada por el sol en medio del Bog of Allen, en el centro del país, después de que esta semana se alcanzara el día más caluroso en más de 130 años.
Las briquetas de turba, negras cuando se extraen del suelo, se han tostado con las altas temperaturas de julio y están listas para ser almacenadas y quemadas como combustible en el invierno.
Pero la turbera enfrenta actualmente a comunidades rurales y políticos urbanos. Los primeros quieren conservar una cultura tradicional mientras los segundos luchan por preservar un sumidero de carbono necesario para reducir las emisiones.
"Hay un enfado y un resentimiento muy profundos por el hecho de que el Partido Verde y sus miembros urbanos piensen (...) que pueden ensañarse con la gente del campo irlandés", dijo a la AFP John Dore, portavoz de la Asociación de Cortadores de Turba de Kildare.
Cerca de 14% de la población irlandesa usa turba para calentarse, según la agencia de protección medioambiental de Irlanda.
Y para los que dependen de esta fuente de energía tradicional, cortada y quemada en el país desde hace siglos, la turba es un derecho.
"Es una actividad cultural, que es parte de nuestra comunidad", explica Dore. "Somos independientes del combustible. De eso se trata", añade.
El martes, el primer ministro irlandés Micheal Martin aseguró durante una visita en Japón que su gobierno debía centrarse en reducir las emisiones de carbono.
"Creo que lo que las olas de calor nos están mostrando son las enormes consecuencias del cambio climático", dijo.
En Irlanda, las emisiones de CO2 aumentaron un 4,7% en 2021 respecto a 2020, y un 1,1% respecto a 2019, antes de la pandemia, según cifras oficiales publicadas el jueves.
Pese a las datos, la coalición en el poder, que incluye al partido ecologista, aún sufre las consecuencias de haber intentado legislar sobre la turba. Una medida que se topó con la rebelión de algunos diputados rurales de la mayoría.
Para Mattie McGrath, diputado independiente de Tipperary, los ministros necesitan "volver a lo esencial" para darse cuenta de lo que implica restringir la turba a las familias rurales de bajo ingreso.
Desde entonces, el ministro de Medioambiente, Eamon Ryan, ha asegurado que se han eliminado las medidas controvertidas del plan, como la restricción de la venta de turba en comunidades de menos de 500 habitantes.
Con la nueva normativa, la venta de turba a familiares, amigos y vecinos estará permitida como hasta ahora.
Pero se prohibirá la venta al por menor y en línea, así como la publicidad en los medios de comunicación.
Para Patsy Power, un cortador de turba del Bog of Allen, las nuevas reglas no cambiarán nada. "Hemos cultivado turba toda la vida", explica este hombre de 60 años.
En su terreno, cosecha turba con sus siete hermanos y hermanas. "De todas formas no lo venderíamos, apenas es para uso doméstico, es sólo para la familia", añade.
Para Dore, en cambio, la marcha atrás del gobierno es "una pequeña victoria". Pero según él, se hizo por el aumento de los precios de la energía y no por consciencia de las comunidades rurales.
Consciente de los problemas medioambientales a los que se enfrenta el país, cree que atacar la turba es "principalmente un ataque a la gente pequeña".
Los grupos ecologistas han instado al gobierno a que controle los daños causados a las turberas, que son sumideros naturales de carbono y absorben el dióxido de carbono de la atmósfera.
"Los cortadores de turba no están obligados a restaurar el hábitat ni a tener en cuenta las emisiones cuando drenan las turberas", afirma Tristram Whyte, director del Irish Peatland Conservation Council.
Además, dijo, el cultivo contamina los cursos de agua y provoca "una pérdida de biodiversidad".
"Es la fuente de combustible con más emisiones que se puede utilizar (...). Los efectos de la combustión de la turba no merecen la pena por la calefacción" que proporciona.
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