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Jerusalén. La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch calificó este martes de apartheid la política de Israel frente a los palestinos que forman parte de su población y los que viven en los territorios ocupados, una acusación refutada por las autoridades israelíes.
Algunas organizaciones israelíes han usado el término apartheid para referirse a las políticas de Israel hacia los palestinos que viven en su territorio, que descienden de aquellos que se quedaron en sus casas en 1948, tras la creación del Estado de Israel, y hacia los palestinos de Jerusalén-Este, Cisjordania y la Franja de Gaza.
Sin embargo, es la primera vez que una gran ONG internacional de defensa de los derechos humanos califica estas políticas de apartheid.
“Basándose en sus investigaciones, Human Rights Watch concluye que el gobierno israelí mantiene una dominación deliberada de la población judía israelí sobre los palestinos en todo Israel y en los territorios ocupados”, señala el informe publicado este martes.
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Cuando esta “dominación deliberada” se suma a una “opresión sistemática” y a “actos inhumanos” “se trata de un crimen del apartheid”, concluye HRW, diciendo que se basa en la definición legal del apartheid y no en una comparación con la política aplicada antiguamente en Sudáfrica con criterios raciales.
Antes incluso de la publicación de este informe, el ministerio israelí de Relaciones Exteriores afirmó que se trataba de un “panfleto de propaganda”, sin ninguna vinculación con “los hechos o la verdad” y redactado por una organización movida “desde hace tiempo por una agenda antiisraelí”.
La Autoridad Palestina consideró que el informe es un “testimonio fuerte y creíble del sufrimiento de los palestinos”.
“Llevamos años diciendo que estamos cerca del apartheid (en Israel/Palestina) y creo que ahora está claro que se ha cruzado el umbral”, declaró Omar Shakir, autor de este informe de más de 200 páginas.
El “umbral” al que se refiere el responsable se ha cruzado, según él, con el aumento de las colonias israelíes en Jerusalén Este (la parte oriental de la Ciudad Santa, ocupada en 1967 por Israel y anexionada posteriormente) y en Cisjordania, también ocupada.
El autor del informe estima que hay casi 700.000 colonos israelíes viviendo en estos asentamientos, que iban a ser “temporales” y se han convertido en construcciones “permanentes” por falta de acuerdo para el reconocimiento de un Estado palestino.
En su informe, HRW cita también las restricciones de movimiento, las confiscaciones de tierras, el traslado forzoso de población, la negación de los derechos de residencia y la suspensión de derechos civiles como ejemplos de los abusos que Israel comete hacia los palestinos.
Justicia internacional
La decisión de HRW de utilizar un término tan sensible como apartheid y de calificar de “persecución” las políticas israelíes hacia su población árabe y hacia los palestinos se produce semanas después de que la Corte Penal Internacional (CPI) anunciara la apertura de una investigación sobre presuntos crímenes cometidos por Israel desde el 2014 en los territorios ocupados.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó la decisión de la CPI de “antisemita”.
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El futuro de esta investigación (que incluye un apartado sobre la expansión de las colonias) está en manos del futuro fiscal Karim Khan, que sucederá a Fatou Bensouda a mediados de junio.
HRW instó al futuro fiscal a “ceñirse a los hechos”, a “llevar a cabo una investigación independiente” y “llevar ante la justicia a los implicados en delitos graves, incluidos los de apartheid y persecución”, afirmó Shakir, quien se encuentra en Jordania después de que Israel lo expulsara en noviembre del 2019.
La ONG, con sede en Nueva York, también exhorta a la ONU a crear una “comisión internacional de investigación” sobre la situación en Israel y los territorios palestinos, y a los países a “no ser cómplices” de la política israelí hacia los palestinos, dijo Shakir. No obstante no pide el boicot contra Israel.
Además, HRW también pidió a la Autoridad Palestina que “cese su coordinación en materia de seguridad” con Israel para no ser “cómplice” del apartheid.
El presidente Mahmud Abas suspendió esta cooperación con Israel durante varios meses en el 2020, por lo que Israel paralizó las transferencias de los impuestos aduaneros que recauda en nombre de la Autoridad Palestina, algo que hizo que el gobierno de Abas se quedara sin fondos para pagar los salarios de los funcionarios.
El martes, la Autoridad Palestina no comentó este punto del informe pero pidió a la comunidad internacional que “intervenga” para no ser “cómplice” de las políticas israelíes.
