EscucharLa junta militar de Birmania ejecutó a cuatro presos, incluyendo a un antiguo diputado del partido de la exdirigente Aung San Suu Kyi y a un famoso opositor, siendo la primera aplicación de la pena de muerte en el país en décadas, informó la prensa estatal el lunes.
La junta militar ha sentenciado a muerte a decenas de activistas antigolpistas tras tomar el poder el año pasado, pero Birmania no había practicado una ejecución en décadas.
Los cuatro hombres fueron condenados a muerte y ejecutados por encabezar "actos de terror brutales e inhumanos", reportó el diario estatal Global New Light of Myanmar.
El periódico dijo que las ejecuciones se hicieron según "el procedimiento de la prisión", sin detallar cuándo ni cómo se llevaron a cabo.
Las ejecuciones provocaron una condena generalizada. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, denunció "el total desprecio del régimen por los derechos humanos y el Estado de Derecho".
Tras la noticia, el partido prodemocracia NLD de la derrocada líder Aung San Suu Kyu se dijo "devastado". Uno de los cuatro ejecutados, Phyo Zeya Thaw, de 41 años, era un exlegislador de sus filas.
El hombre fue detenido en noviembre y sentenciado a muerte en enero por violar la ley antiterrorismo. Pionero del hip hop en Birmania, cuyas letras criticaban al ejército, estuvo detenido en 2008 por pertenecer a una organización ilegal y posesión de divisas.
Obtuvo un escaño como diputado en las elecciones de 2015, durante la transición del gobierno militar al civil.
La junta le acusaba de haber orquestado varios atentados contra el régimen, incluido un ataque a un tren en el que murieron cinco policías el pasado agosto en Rangún.
Otro de los ejecutados es Kyaw Min Yu, de 53 años, conocido como "Jimmy". Fue un prominente activista por la democracia y recibió la misma sentencia del tribunal militar tras ser detenido en octubre y condenado en enero.
Era un escritor y opositor conocido por su papel en el levantamiento estudiantil de 1988 contra la junta militar de la época.
Según los medios locales, miembros de las familias de los dos opositores se plantaron ante la prisión de Insein en Rangún, con la esperanza de recuperar sus cuerpos sin vida.
Los otros dos presos fueron sentenciados a muerte por el asesinato de una mujer que, según ellos, era una informante de la junta.
La junta fue duramente criticada por las potencias internacionales cuando anunciaron el mes pasado su intención de llevar a cabo las ejecuciones.
La última ejecución capital en Birmania se remonta a 1988, según un informe de expertos de la ONU de junio, que contabilizó 114 condenas a muerte desde el golpe de Estado.
Los expertos subrayaron que la ley marcial otorgaba a los militares la posibilidad de pronunciar la pena de muerte por 23 "delitos vagos y definidos en forma amplia" y, en la práctica, por toda crítica contra el poder.
Advirtieron que las ejecuciones podrían acelerarse si la comunidad internacional no reaccionaba.
Es probable que las ejecuciones agraven el aislamiento internacional de los militares birmanos, que se hicieron con el poder por la fuerza el 1º de febrero de 2021 bajo pretexto de un supuesto fraude en las elecciones del año anterior, en las que el NLD arrasó.
"Estos actos perversos deben marcar un punto de inflexión para la comunidad internacional. El statu quo de la inacción internacional debe rechazarse con firmeza", reaccionó Tom Andrews, relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Birmania, en Twitter.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se dijo "consternada" por las ejecuciones, una medida que tachó de "cruel y regresiva".
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que la decisión era una "flagrante violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas".
"Estas ejecuciones por motivos políticos representan un paso más hacia el completo desmantelamiento del Estado de Derecho y una nueva violación flagrante de los derechos humanos en Birmania", señaló el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell.
La directora para Asia de la ONG Human Rights Watch, Elaine Pearson, pidió a la comunidad internacional "mostrar a la junta que habrá una rendición de cuentas por sus crímenes".
Según una ONG local, más de 2.000 civiles murieron y más de 15.000 fueron detenidos desde el golpe de Estado.
Entre los detenidos figura Aung San Suu Kyi, exdirigente y premio Nobel de la Paz de 77 años, que se enfrenta a varios cargos que pueden totalizar hasta 150 años de prisión.
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