EscucharBogotá. El Clan del Golfo está matando policías a cuentagotas en Colombia. Una veintena murieron a manos de la banda más poderosa del narcotráfico, que tras la extradición del capo Dairo Antonio alias ‘Otoniel’, exhibe su fuerza de cara a una eventual negociación con el próximo Gobierno.
El lunes fallecieron Luisa Zuleta, una agente que fue atacada por pistoleros la noche del sábado mientras patrullaba en el municipio de Yarumal (noroeste), y Diego Ruiz, quien también fue emboscado por sicarios en en el municipio de Sampués (noroeste).
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Un uniformado que acompañaba a Zuleta murió de inmediato por los disparos. "Por la espalda atacan a una patrullera (...) es inaceptable", repudió el ministro de Defensa, Diego Molano.
Según la Policía, el Clan ofrece entre $1.000 y $5.000 por efectivo muerto, al estilo del difunto barón de la cocaína Pablo Escobar en los años noventa, cuando lanzó el llamado “plan pistola” en su guerra abierta contra el Estado.
En lo que va del año cayeron 25 efectivos, 12 de ellos este mes. Otros 60 resultaron heridos en decenas de ataques a tiros o con explosivos, esto en los 12 departamentos donde opera la organización mafiosa.
Formada por los remanentes de los sanguinarios grupos paramilitares de extrema derecha, la banda anunció una arremetida a comienzos de mayo en respuesta a la extradición de su jefe, Dairo Antonio Usuga, alias 'Otoniel', a Estados Unidos.
Los ataques se intensificaron antes del 7 de agosto cuando asumirá el presidente electo, el izquierdista Gustavo Petro, quien planteó “negociaciones jurídicas” para que los ejércitos del narcotráfico se sometan a cambio de beneficios penales.
"Lo están haciendo con el único propósito de posicionarse para negociaciones políticas. Eso no se puede aceptar", enfatizó Molano.
Al menos cinco miembros del Clan fueron abatidos y una decena capturados en la contraofensiva policial.
Capitulación incierta
Luego de la inédita victoria de la izquierda en las elecciones del 19 de junio, la fuerza pública ha sido blanco de por lo menos 75 ataques, según datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).
El Clan "escala la violencia para presentarse como un grupo que puede ofrecer, en una eventual negociación, un desescalamiento", explica a la AFP el director del CERAC, Jorge Restrepo.
En 2018 ‘Otoniel’ expresó su voluntad de someterse a la justicia. El presidente de la época, el nobel de Paz Juan Manuel Santos, inició el proceso, pero finalmente la rendición no se concretó y el Clan siguió traficando cocaína.
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Cuando las autoridades capturaron al capo en octubre pasado, luego de meses de persecución por la selva, el presidente derechista Iván Duque se anticipó a declarar el fin del Clan, sin embargo, la banda demostró que estaba más activa que nunca.
De acuerdo con estimaciones independientes, el poderoso brazo del narco cuenta con unos 3.000 miembros entre combatientes y colaboradores.
La semana pasada circuló una carta en la que el Clan y otros grupos armados que se financian con la cocaína, dijeron estar dispuestos a un alto al fuego a partir del 7 de agosto, para propiciar su posterior desarme. Ninguna autoridad ha confirmado la autenticidad de la misiva, pero el futuro canciller, Álvaro Leyva, aseguró tener conocimiento del escrito.
Sin embargo, un sometimiento colectivo parece lejano, “a menos de que exista un incentivo suficiente para que esos grupos se entreguen (...) algo que les permita evitar la extradición o conservar la riqueza”, opinó Restrepo.
Petro también abrió la posibilidad de suspender la entrega de los narcos que hagan un “desmantelamiento pacífico” del negocio. Sin embargo, admite que esto depende de “una negociación con Estados Unidos”, que no se ha pronunciado frente a esta iniciativa.
Luego de casi cinco décadas de lucha conjunta contra el narcotráfico, Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo y Estados Unidos el principal consumidor.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista) última guerrilla reconocida de Colombia, ya acogió la propuesta de Petro para retomar diálogos de paz. Mientras tanto, miembros de la coalición de Gobierno extendieron la oferta de negociación a los rebeldes que se apartaron del acuerdo de paz, el cual desarmó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) en el 2017.
