EscucharLa ley antiterrorista suiza aprobada en 2020, que incluye entre otras disposiciones la detención domiciliaria preventiva a partir de los 15 años, pone en peligro la herencia de Suiza en materia de derechos humanos, estimaron instituciones y organizaciones como la ONU y Amnistía Internacional.
La ley será sometida a referéndum popular el 13 de junio por iniciativa de la izquierda suiza.
Los primeros sondeos de opinión indican que la ley cuenta con un amplio apoyo.
Con el deseo de proteger mejor a su población después de los ataques de París en 2015, el gobierno presentó una ley que permite a la policía actuar más fácilmente en forma preventiva frente a un "terrorista potencial".
La ley podría aplicarse, según la policía federal, solamente a algunas decenas de casos por año.
Hasta ahora, Suiza se ha librado de los ataques yihadistas que azotaron Europa, pero la amenaza sigue siendo "alta", según las autoridades.
"En 2020 tuvieron lugar dos ataques con cuchillo, probablemente con 'motivación' terrorista", en Morges y Lugano, recuerdan.
Las autoridades también observan un "aumento generalizado en la intensidad de la violencia de la extrema izquierda" y ven a la extrema derecha como una amenaza.
El texto "no solo cuestiona la credibilidad de la tradición humanitaria de Suiza, sino que también podría allanar el camino, a nivel internacional, para una política de seguridad que utilice instrumentos punitivos contra las personas que no han cometido ningún delito", afirmó preocupada Alicia Giraudel, abogada de la sección suiza de Amnistía Internacional.
El gobierno asegura que se garantizarán los derechos fundamentales y argumenta que los programas de desradicalización son insuficientes ante la amenaza que representan algunas personas.
Gracias a la ley, la policía podrá vigilar mejor a esas personas, limitar sus movimientos y obligarlas a participar en entrevistas.
La ley establece que los niños pueden ser vigilados a partir de los 12 años y que los adolescentes a partir de los 15 años pueden ser sometidos a detención domiciliaria preventiva durante nueve meses con el acuerdo de un juez.
"Esto nos convertiría en el primer y único país occidental en experimentar una privación de libertad tan arbitraria. La única excepción: Estados Unidos con su prisión de Guantánamo", protestó el Partido Socialista de Suiza.
Para los opositores, estas medidas violan muchas normas internacionales de derechos humanos, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y dañarán la reputación del país.
Francia es vista como la patria de los derechos humanos, pero Suiza es considerada su guardiana como depositaria de los Convenios de Ginebra y sede del Consejo de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
La ONU también es muy crítica con la ley.
"Estamos particularmente preocupados por la ampliación de la definición de actos de terrorismo para incluir comportamientos no violentos, como la 'propagación del miedo'", dijo a la AFP Liz Throssell, portavoz de la oficina de derechos humanos.
Expertos independientes de la ONU advirtieron que la definición tan amplia de la actividad terrorista puede "servir de modelo para los gobiernos autoritarios que buscan reprimir la disidencia política".
El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, también criticó la vaga definición de "terrorista potencial" consagrada en la ley "que allana el camino para una interpretación amplia que corre el riesgo de una injerencia excesiva y arbitraria en los derechos humanos".
El grupo de reflexión suizo Foraus se pregunta en qué valores Suiza desea apoyarse para afirmar su influencia en el plano internacional.
"En particular, en vista de la candidatura de Suiza para un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para 2023/24, el compromiso con el fortalecimiento de los derechos humanos y fundamentales es más importante que nunca", comentó a la AFP Nora Naji, de Foraus.
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