EscucharCien días después de que la Convención Constitucional iniciara su labor en Chile, el líder indígena Juan Pichún duda que la nueva carta magna resuelva las históricas demandas de tierras y autodeterminación del pueblo mapuche.
En lo profundo de un bosque de pinos y eucaliptos de una empresa forestal en la región de La Araucanía, 600 km al sur de Santiago, unos 30 miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una organización radical mapuche, tomaron el "control territorial" del lugar.
Talaron con motosierras decenas de árboles y luego arrastraron, empujados por bueyes por sinuosos caminos de tierra, la madera que luego venderán.
"Nuestro interés es que se vayan las forestales porque han causado mucho daño ecológico, ambientales, culturales, filosóficos y el despojo de nuestra gente", dice a la AFP Pichún, un dirigente de la CAM.
Los líderes del pueblo mapuche, la mayor etnia chilena con más de 1,7 millones de habitantes entre los 19 millones del país, demandan la restitución de tierras ancestrales, que están en manos de forestales y hacendados.
Muchos mapuches de La Araucanía viven en la pobreza y han visto reducidas sus tierras ante la expansión de la industria maderera, responsable del 8% de las exportaciones del país. Chile vende el 7% de la pulpa de papel en el mundo.
Las empresas forestales explotan 2,87 millones de hectáreas de arboledas, equivalentes al 17,2% del total de bosques chilenos, según datos oficiales.
Los indígenas denuncian que los pinos y eucaliptos plantados por estas compañías han depredado los árboles nativos y su excesivo consumo de agua reduce los recursos hídricos para las comunidades.
La falta de solución a este conflicto ha hecho escalar la violencia en la última década, con ataques incendiarios a predios privados y camiones. También sacó a la luz la presencia del narcotráfico y de organizaciones de autodefensa, así como operativos policiales presuntamente montados para inculpar a lo indígenas.
"La violencia no es un camino que nos pueda conducir a un escenario de diálogo y de respeto mutuo. La violencia vuelve mentirosas las causas justas", dice Richard Caifal, director del Centro de Política Indígena Rakizuam en Temuco, capital de la Araucanía.
Algunos mapuches ponen sus esperanzas en la Convención que redacta la nueva Carta Magna, que reemplazará a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), pero otros están escépticos.
La académica mapuche Elisa Loncon preside la Convención, que entre sus 155 miembros tiene 17 representantes de pueblos originarios, siete de ellos mapuches. Es la primera vez que un indígena encabeza un poder público en Chile.
"Fuerza, eso es lo que nos hace sentir. Que nos han mirado por primera vez como nos deberían haber mirado [antes], entre medio de todos los prejuicios, marcamos un hito en la historia", dice Jessica Huentemil, una machi o guía espiritual de la comunidad Fermín Manquilef.
Huentemil vive con sus tres hijos en un predio de 12 hectáreas, donde tiene animales y construye una 'ruca' (vivienda rústica ancestral) de madera y paja, donde preparará las hierbas para sanar enfermos.
La recuperación territorial "es una deuda ancestral. Que se le devuelva algo que uno siempre tuvo, que le fue arrancado de las manos", sostiene la machi, quien luce un vestido tradicional y una Trapelacucha (collar de plata).
Los primeros 100 días de labor de la Convención se cumplen este 12 de octubre, fecha en la que se recuerda la llegada de los españoles a América. "Un día nefasto" para los pueblos indígenas, según Pichún, quien ve al órgano constituyente como "una nueva forma de colonialismo hacia el pueblo mapuche".
"Creemos que la Convención y la nueva Constitución que se va a escribir para el país no nos va a representar [...]. El poder económico es más poderoso que una Constitución", agrega bajo un toldo levantado con troncos, donde apoya una escopeta y un lienzo blanco con la leyenda: "control territorial, fuera las forestales del Wallmapu [territorio mapuche]".
Además de la restitución de tierras, el constituyente mapuche Adolfo Millabur explica a la AFP que existen otras demandas que "implican autodeterminación".
Una de ellas es "que el estado chileno nos reconozca como pueblo como una forma de reparación a nuestra historia que desde los españoles ha tenido genocidio, invasión y sometimiento", dice.
Sugiere que Chile pase a ser un país plurinacional, como Bolivia, "donde se establezcan bases de convivencia entre los pueblos y que la distribución del poder nos incluya".
Luz María Huincaleo, de la comunidad Manquilef, dice que también quieren que la lengua mapuche, el mapudungún, se enseñe en las escuelas.
"El mapudungún no puede estar ajeno de la malla curricular dentro de los colegios", dice Huincaleo, quien logró la restitución de tierras para su comunidad tras una lucha de 12 años.
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