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Managua. El Congreso de Nicaragua nombró este martes a un tribunal electoral afín al gobierno y aprobó una reforma que obstaculiza la participación de opositores en las elecciones de noviembre, donde el presidente Daniel Ortega podría buscar una nueva reelección.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) está compuesto por siete miembros. Seis de ellos fueron propuestos por el gobernante Frente Sandinista (FSLN). El sétimo fue postulado por el Partido Conservador, informó el presidente del legislativo, el oficialista Gustavo Porras.
En tanto, los tres cargos de magistrados suplentes fueron asignados a un sandinista y a dos candidatos propuestos por la opositora derecha liberal.
Los nombramientos, que tienen una vigencia de cinco años, contaron con más de los 56 votos —mayoría calificada— que se necesitan para elegir a los jueces electorales en el Parlamento, donde el partido de Ortega controla 70 de 91 escaños.
Entre los jueces electorales sandinistas figuran dos reelectos: Lumberto Campbell y Mayra Salinas, considerados por la oposición como leales al gobierno.
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“La familia Ortega Murillo ha escogido el camino de imponer magistrados al CSE, leales a sus intereses y por lo mismo, con cero credibilidad para la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense”, denunció en un comunicado la opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos), conformada por disidentes sandinistas.
El presidente Ortega es un exguerrillero de 75 años que gobernó durante la revolución de los años 1980, retornó al poder en el 2007 y fue reelegido en dos oportunidades sucesivas, tras lograr la aprobación de una reforma constitucional.
En la última elección, nominó como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo.
El sistema electoral nicaragüense es cuestionado por la oposición y a nivel internacional.
Penalizan a la oposición
Para Unamos, “los Ortega Murillo han desperdiciado una oportunidad de hacer confiable el sistema electoral nicaragüense, que junto a las leyes que penalizan y persiguen a la oposición (..) son la negación de las condiciones mínimas que se exigen dentro y fuera del país para lograr elecciones limpias”.
La comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han instado en los últimos años a Nicaragua a renovar su consejo electoral con jueces independientes y mejorar su sistema de participación y de votación para garantizar transparencia de los próximos comicios.
“El pueblo de Nicaragua sabe que su proceso electoral necesita reformas para poder elegir líderes libre y limpiamente, con transparencia y credibilidad”, consideró el lunes la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Julie Chung, en su cuenta de Twitter.
Aprueban reforma electoral
Horas después, la mayoría oficialista aprobó una reforma de la ley electoral criticada por la oposición.
El texto incluye una ley aprobada en el 2020 que prohíbe “inscribir como candidatos a cargos de elección popular” a opositores que apoyen las sanciones internacionales adoptadas contra el gobierno de Ortega por presuntas violaciones de los derechos humanos.
Tampoco podrán ser candidatos las personas sancionadas por la Ley de Agentes Extranjeros, una norma que controla los fondos que organizaciones independientes, la mayoría críticas del gobierno, reciben desde el exterior.
Esta ley provocó el cierre de varias organizaciones, entre ellas la Fundación de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Su organización advirtió que “no se someterá” a una norma que “asesina a la sociedad civil” con amenazas de multas si no se inscriben como “agentes extranjeros” en su propio país.
La reforma impide además a los partidos y alianzas recibir fondos y donaciones del exterior para sus campañas.
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El sandinismo considera que varias organizaciones opositoras reciben financiamiento extranjero para desestabilizar al gobierno.
“Esta reforma (de la ley electoral) decepciona, porque no ofrece una salida a la crisis” que vive el país desde el 2018, cuando masivas protestas antigubernamentales pidieron la dimisión de Ortega, afirmó la diputada Azucena Castillo, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Para el legislador sandinista Wálmaro Gutiérrez, sin embargo, la reforma “fortalece” el sistema electoral y “establece las pautas para un proceso electoral libre”.
Nicaragua celebrará el próximo 7 de noviembre elecciones legislativas y presidenciales en las que la oposición aspira a conformar un bloque unido para afrontar el FSLN.
El partido gobernante no descarta postular a Ortega para un cuarto mandato sucesivo.
