Managua. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, retenido desde hace una semana por las fuerzas de seguridad en su curia, acusado de intentar desestabilizar al país, aseguró este jueves que tanto él como una decena de personas que lo acompañan están bien de salud.
“Nos encontramos gracias a Dios bien de salud, viviendo en comunidad (...) estamos en las manos de Dios”, dijo Álvarez en una misa que transmitió por Facebook, en la que añadió que están viviendo el “encierro como un retiro espiritual”.
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El estado de Álvarez, de la Diócesis de Matagalpa, norte de Nicaragua, causó preocupación ante la falta de noticias sobre su situación. El obispo llevaba cinco días de silencio a pesar de que al inicio de su encierro dijo que transmitiría una misa a diario.
Las autoridades investigan al religioso por intentar “organizar grupos violentos” e incitar “a ejecutar actos de odio (..) con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua”, indicó la policía el pasado viernes. Las fuerzas de seguridad vigilan que Álvarez no abandone su curia, una situación que el prelado, de 55 años, calificó de “casa por cárcel”.
“Estamos con fuerza interior, con paz, serenidad en el corazón, con una alegría en la conciencia que sólo puede proceder de dios”, expresó Álvarez, crítico del Gobierno de Daniel Ortega y miembro de la Conferencia episcopal de Nicaragua (CEN). “Nuestras rodillas se postran” ante dios, dijo.
“Nosotros estamos convencidos totalmente que todo ocurre para nuestro bien, porque Dios nos ama”, manifestó Álvarez, quien agradeció las “miles” de muestras de solidaridad que recibe de los feligreses como de los obispos latinoamericanos. En sus oraciones “reside nuestra fuerza”, expresó.
Álvarez fue retenido en su curia después de denunciar el cierre de cinco emisoras de radio religiosas y exigir al Gobierno de Ortega que “respete” la libertad de culto ante los “hostigamientos” que, dijo, sufre la iglesia católica.
Las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno de Ortega se deterioraron en el 2018, cuando varios templos abrieron sus puertas para refugiar a los manifestantes heridos durante las protestas contrarias al mandatario, que fueron duramente reprimidas.
El Gobierno sostiene que estas manifestaciones fueron parte de un intento de golpe de Estado promovido por la oposición, con el apoyo de Washington y del cual los obispos fueron cómplices.