Daniel Ortega quiere anular la competencia política en las elecciones del 2021

Managua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió el viernes 18 de diciembre que los nicaragüenses que sean considerados como “golpistas” o que promuevan sanciones de otros países contra su gobierno “han perdido el derecho” a participar en las elecciones del próximo año, en una clara alusión a sus opositores.

El gobernante socialista envió de urgencia a la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, el proyecto de ley denominado Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz plantea que quienes “inciten a la injerencia extranjera” o que “demanden, exalten o aplaudan la imposición de sanciones (...) no podrán optar a cargos de elección popular”.

“Aquí el que no defiende a Nicaragua y pide sanciones en contra (...) perdió el derecho de optar a cargos públicos cuando vengan elecciones; ni que sigan peleando por buscar candidatos porque las leyes no lo permiten”, dijo Ortega durante un acto de graduación de cadetes de la Policía.

“Esos no son nicaragüenses, no sé cómo se les ocurre pensar que con esa actitud van a participar en una elección”, comentó. “Son terroristas, son criminales y vende patria, porque siguen pidiendo más sanciones”, recriminó el presidente a los opositores.

De acuerdo con el diario Confidencial, los representantes de la oposición política calificaron la ley como “totalitaria”, “represiva” e “ilegal”, pues aseguran que su fin es “darle el poder al Frente Sandinista para decidir quién participa o no” en los comicios generales.

LEA MÁS: Daniel Ortega impulsa la cadena perpetua como pena máxima en Nicaragua

“Las leyes injustas no son ley y no las vamos a obedecer”, dijo en una declaración pública el dirigente del bloque opositor La Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), Félix Maradiaga.

Maradiaga consideró que ese proyecto “es una patraña que llevaría a inhibir a millones de personas en Nicaragua que al unísono hemos pedido y seguiremos pidiendo sanciones” contra funcionarios y allegados a Ortega señalados de violación de derechos humanos”.

El político, que en círculos opositores es visto como un potencial candidato a los comicios del 2021, sostuvo que “nada ni nadie nos va a detener” en la búsqueda de lograr un cambio en Nicaragua.

Tamara Dávila, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), declaró a Confidencial que el plan es una clara intención del régimen de Ortega de “inhibir por la vía de facto la intención de cualquier ciudadano que decida competir en unos comicios”.

La iniciativa presentada a última hora del viernes podría ser debatida este lunes cuando el Parlamento, de mayoría oficialista, sesione de forma extraordinaria para aprobar una norma de regulación sobre el suministro de energía eléctrica.

El proyecto solo cuenta con dos artículos: el primero en el que establece que “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que altere el orden constitucional, que fomente o insten a actos terroristas no podrán optar a cargos públicos” y el segundo donde indica su publicación y vigencia.

En criterio del exvicecanciller, José Pallais, el mandatario nicaragüense “sigue preparando un fraude sistémico” con distintas normas.

Entre ellas se encuentra también la denominada ley de agentes extranjeros, que obliga a organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos del exterior a registrarse ante el Poder Ejecutivo.

También está la ley de ciberdelitos, que puede sancionar a adversarios de Ortega que lo critican en redes sociales.

Ahora, con esta nueva ley, Ortega pretende restringir la participación de la “verdadera oposición”, agregó Pallais.

El también miembro del bloque opositor Coalición Nacional, que agrupa a varios organismos de la sociedad civil, señaló que el presidente busca “armar un nuevo circo, una nueva farsa donde solo tendrán oportunidades aquellos que se sometan a sus reglas”.

La intención de Ortega es “escoger él a su competencia, él va a decidir quién le conviene que compita, quién le favorece para continuar en el poder”, subrayó.

Molestia por sanciones internacionales

El presidente socialista, que lleva en el cargo desde el 2007 y podría postular a un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre del 2021, se quejó de que la oposición “celebra” cada vez que se anuncia una sanción internacional contra su gobierno.

Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a funcionarios, familiares de Ortega e instituciones señaladas por corrupción y violación de derechos humanos en el contexto de las protestas que estallaron en el 2018.

LEA MÁS: Daniel Ortega promulga decreto para controlar redes sociales en Nicaragua

Según organismos de derechos humanos locales e internacionales, las manifestaciones dejaron más de 320 muertos, miles de exiliados y detenidos.

Esta semana, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, aseguró que Estados Unidos mantendrá la presión sobre el gobierno sandinista de Ortega, más allá del cambio de mando en la Casa Blanca, en enero.

Durante la gestión de Donald Trump, Estados Unidos endureció sanciones contra Nicaragua y sus aliados socialistas Venezuela y Cuba, a los que llamó “la troika de la tiranía”, acusándolos de antidemocráticos.

Nota del editor: esta información fue actualizada el sábado 19 de diciembre a las 11:30 a. m.