Cuarenta y tres años después de que lo hiciera la vecina Italia, la pequeña república de San Marino aprobó el domingo en un referéndum por una amplia mayoría la legalización del aborto, según resultados provisionales publicados por el Ministerio del Interior.
Un 77% de los votantes de este micropaís de fuerte tradición católica aprobó la opción de dar a las mujeres la libre elección de abortar hasta las 12 semanas de embarazo y después, en caso de amenaza para la vida de la madre o de malformaciones detectadas en el feto, según los resultados, que abarcan 33 de los 37 colegios electorales.
Un total de 35.411 votantes estaban llamados a votar, un tercio de ellos en el extranjero. Otro bastión antiabortista, Gibraltar, flexibilizó su legislación tras un referéndum celebrado en junio.
San Marino, una pintoresca república situada en la ladera de una montaña en el centro de Italia, se sumaría así a la mayor parte de Europa en el levantamiento de lo que actualmente es una prohibición absoluta de interrumpir un embarazo.
La influencia de la Iglesia católica sigue siendo fuerte y el papa Francisco reiteró la semana pasada su posición inflexible afirmando que el aborto es "un asesinato".
Junto con Malta, Andorra y el Vaticano, San Marino se contaba entre los últimos lugares de Europa con prohibición total del aborto, incluso en casos de violación o incesto, de graves daños al feto o de riesgo para la vida de la madre.
El referéndum de este domingo fue iniciativa de la Unión de Mujeres de San Marino (UDS).
La pregunta que debían responder los habitantes de San Marino es si se debe permitir o no el aborto hasta las 12 semanas de embarazo.
A partir de la duodécima semana, el aborto solo se permitiría si la vida de la madre estuviera en peligro o en caso de anomalías fetales que pudieran perjudicar a la mujer física o psicológicamente.
"Es inaceptable tratar de criminales a las mujeres que se ven obligadas a abortar", destacó Francesca Nicolini, una doctora de 60 años y miembro de la UDS.
En la actualidad, el aborto conlleva una pena de hasta tres años de prisión para la mujer y de seis años para el médico que realiza el procedimiento. Sin embargo, nunca se ha condenado a nadie.
Las mujeres que deciden abortar suelen viajar a Italia, donde es legal desde hace más de 40 años.
La oposición a la despenalización del aborto ha sido fuerte, liderada por el gobernante Partido Demócrata Cristiano, estrechamente vinculado a la Iglesia católica. Llamaron a votar no para "defender el derecho a la vida".
El obispo de San Marino-Montefeltro, Andrea Turazzi, señaló que la Iglesia está "decididamente en contra", recordando las palabras del papa Francisco la semana pasada.
"Científicamente es una vida humana. ¿Es correcto acabar con ella para resolver un problema?", dijo el pontífice a los periodistas de regreso de su viaje a Eslovaquia.
"La población está muy dividida sobre el tema", afirmó Manuel Ciavatta, vicesecretario del Partido Demócrata Cristiano, que cuenta con algo más de un tercio de los diputados.
"E incluso en el parlamento, hay miembros de partidos progresistas que están en contra del aborto, y diputados de la derecha que están a favor del derecho al aborto, especialmente en casos de violación o de anomalías fetales", indicó a la AFP.
No obstante, había afirmado que, fuera cual fuese el resultado, su partido "respetará la voz de los votantes".
La prohibición del aborto en San Marino se remonta a 1865 y fue confirmada tanto por el régimen fascista de principios del siglo XX como más tarde, en 1974.
Las cifras registradas en Italia sugieren que pocas mujeres del pequeño Estado cruzan la frontera para aprovechar las leyes de aborto de allí.
Entre 2005 y 2019, solo una veintena de ellas abortaron por año en Italia, cifra que se redujo a 12 en 2018 y a siete en 2019, según los datos oficiales del Istat citados por los activistas contra el aborto.
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