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Los precandidatos nicaragüenses detenidos de izquierda a derecha: Arturo Cruz, Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Sebastián Chamorro.
Bruselas. La Unión Europea (UE) advirtió este jueves sobre el “deterioro de la situación política en Nicaragua” y condenó las acciones “contra partidos de oposición, prensa, periodistas y trabajadores de medios, defensores de derechos humanos y la sociedad civil”.
En un comunicado, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, apuntó que "el uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de elecciones y la suspensión arbitraria de partidos de oposición son contrarios a principios básicos de la democracia".
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Esos gestos, señaló Borrell, constituyen "una seria violación de los derechos de los nicaragüenses, bajo la Constitución de Nicaragua y bajo el derecho internacional".
El comunicado de Borrell llegó después del arresto de al menos siete opositores en Nicaragua, incluyendo cuatro aspirantes a la presidencia, bajo cargos de "incitar a la intervención extranjera".
"La UE llama a la liberación inmediata e incondicional de los potenciales candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro", señaló el comunicado de Borrell.
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Medidas como el arresto de dirigentes opositores "minan aún más la credibilidad de un proceso electoral ya afectado por una reforma" que ignoró recomendaciones de misiones de observación electoral.
"La UE insta a las autoridades de Nicaragua que rechacen leyes restrictivas, incluyendo la ley sobre regulación de agentes extranjeros", indicó Borrell.
Estados Unidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros, condenaron los arrestos de los opositores y demandaron su libertad inmediata.
Entre los detenidos se incluye al excanciller José Pallais, quien fue capturado en la ciudad de León.
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También están detenidos el expresidente del gremio de empresarios José Adán Aguerri y la activista de la sociedad civil Violeta Granera.
De acuerdo con Borrell, “únicamente el pueblo de Nicaragua tiene el derecho de escoger a sus representantes mediante un proceso electoral creíble, inclusivo y transparente, sin interferencia de las autoridades”.
