Los hogares con los ingresos más bajos del país serían los más afectados en términos porcentuales, en caso de aprobarse un eventual impuesto al plástico, como se plantea en el proyecto de ley 21.159.

“Estimamos que las personas de más bajos ingresos pagarían mucho menos que los de ingresos más altos. Sin embargo, existirán un efecto regresivo, en términos relativos, por la desigualdad de ingresos que existe entre los grupos más pobres y más ricos”, explicó Juan Robalino, investigador y subdirector del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Lo anterior quiere decir, que si bien la cifra puede ser menor en términos absolutos, si se considera a nivel porcentual, para los hogares más pobres, ese monto representará un mayor porcentaje en el ingreso per cápita mensual.

El análisis presentado este viernes, y que fue comisionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tomó como referencia el expediente 21.159 o “Ley para solucionar la contaminación de residuos plásticos”, que se encuentra bajo estudio en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.

Esta propuesta busca gravar con un impuesto, pero planteando distintas tasas, que van desde el 10% y hasta el 25 %, dependiendo de su tipo y uso.

Rubros estimados

Para calcular el eventual impacto económico que tendría el tributo, para los diferentes grupos de ingreso del país, los investigadores analizaron cada uno de los bienes que consumen y cuál es la composición de plástico que tienen, para aplicarles la respectiva tasa, según lo planteado en el proyecto.

A partir de los resultados, se establecieron tres escenarios posibles, pero de los cuales dos serían los más relevantes: el peor y el realista.

En el peor de los escenarios, donde se asume que los costos son trasladados en su totalidad al consumidor final, sin reducir su consumo, el 10% de los deciles más ricos tendrían que pagar ¢1.471, que representa un 0,06% del ingreso. Para el escenario más realista, que implica que una reducción de consumo y solo una parte del costo de los impuestos sería trasladado al consumidor, ellos pagarían ¢710 o lo que es igual 0,03% del ingreso.

En el caso de los hogares más pobres, en el peor escenario, el gasto per cápita aumentaría ¢584 o un 0,40% más del ingreso y en el más realista ¢269, lo que se traduce a un 0,19% del ingreso.

Por lo que si se ve en términos porcentuales, los sectores de los deciles más bajos son los que se verían más afectados por el impuesto.

Sectores productivos

En cuanto al efecto que tendría sobre la producción, en el peor escenario sería del 0,15% del Producto Interno Bruto (PIB). Sobre la inversión, tendría un impacto del 0,20% y en el consumo del 0,09%.

En el escenario realista, el efecto sobre la producción sería del 0,07% del PIB, en la inversión del 0,10% y en el consumo 0,04%.

Los sectores productivos más afectados serían la actividad inmobiliaria y la construcción, pero estos quedarían fuera en una nueva versión del proyecto, según confirmó a La Nación la diputada Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), presidenta de la Comisión de Ambiente y principal impulsora de la iniciativa.

Mientras que el gravamen beneficiaría a actividades económicas de manufactura como papel (crecimiento del 73%); metal (6,4%); cemento, cal y yeso (2,5%).

Costo beneficio

Para Robalino, la siguiente parte, "hacer la comparación de costos y beneficios, está en las manos de los tomadores de decisiones.

“Nosotros lo que hacemos es proveer información para que ellos tomen la mejor decisión y lo que estamos generando es una estimación de los costos y estamos enumerando todos los beneficios”, indicó.

Estos beneficios no son cuantificados en el estudio, ya que según explicó Robalino, son "mucho más difícil de monetizar, porque tienen que ver con externalidades, cuestiones del ambiente y salud”.

A criterio de la diputada Vega, el estudio es alentador “para poder disipar las preocupaciones entendibles de los diputados sobre una posible afectación en el estilo de vida”.

“La mayoría de diputados que se han opuesto han argumentado que tendría una elevación abrumante en el costo de la vida y este estudio lo desmiente, entonces creo que nos da un insumo más para la negociación y creo que estaríamos invitando al IICE a la Comisión de Ambiente para que nos den más detalles (...)”, señaló.

Fondo azul

Por su parte, José Vicente Troya, representante residente del PNUD en Costa Rica, defendió el proyecto de ley 21.159, al asegurar que no es una herramienta para la recaudación. "En esta ocasión se le quiere usar como un instrumento transformador en términos de disuasión y de reducción del consumo de plásticos de un solo uso”.

También destacó la importancia de la creación de un “Fondo Azul", tal como se propone en el expediente 21.159. Este sería de carácter público y estaría destinado a financiar las actividades que permitan cumplir con los propósitos del proyecto de ley.

"La ventaja de este instrumento, es que los recursos que eventualmente llegaran a recaudarse, se reinvertirían en un ‘Fondo Azul’, que busque apoyar a aquellas industrias que apuestan a la reconversión.

“También para apoyar a aquellos deciles de la población de menores ingresos, que tengan interés de mejorar sus medios de vida sostenible, generando beneficios ambientales y sociales, mediante la recolección, reciclaje de plásticos que afectan nuestras playas y ríos”, dijo.

Según la diputada Vega, se llegó a una negociación con la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, para que el fondo tenga un destino específico para los proyectos que busca impulsar la nueva ley.

“Lo que garantizamos con ella (Rocío Aguilar) fue que tenga un vencimiento a 25 años plazo, ya cuando hayan cambiado los hábitos, cuando ya estos proyectos estén bastante encaminados y ya no sea necesario este impuesto, a partir de ahí pasa a caja única (del Estado)”, explicó.