La Contraloría General de la República (CGR) sancionó al ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, y la jefa de recursos humanos de la institución, de apellido Loaiza, por faltas en el pago de dedicación exclusiva a las viceministras de esa cartera.
Rodríguez fue notificado el lunes del acto final por parte de la CGR y tiene hasta el 20 de diciembre para apelar la decisión. Como el fallo no está firme, por ahora se desconoce la sanción impuesta.
Las faltas que dieron origen al proceso disciplinario se vinculan con la gestión y pago por concepto de dedicación exclusiva a Pamela Castillo, viceministra de Ambiente, y Celeste López, viceministra de Gestión Ambiental.
La Contraloría detectó que era improcedente ese sobresueldo de 55% y 20% sobre el salario base para Castillo y para López, respectivamente.
Lo anterior, por cuanto la restricción al ejercicio liberal de la profesión que aplica a ese puesto se regula mediante la prohibición establecida por el artículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública n.° 8422, del 6 de octubre de 2004.
Mediante un comunicado, la mañana de este miércoles, aseguró que ya se tomaron medidas internas en el Minae
y se llegó a un arreglo de pago con la viceministra Castillo y, en el caso de López, se determinó que correspondía pagar otro sobresueldo (prohibición).
Según el jerarca, un informe del órgano contralor de julio pasado (el DFOE-AF-IF-00006-2019 ) le “otorgó plazo al 31 de marzo de 2020 para que el Ministerio analizara si procedía o no la devolución de los montos pagados por ese concepto”.
Por esa razón, se quejó, de que aunque se ha pasado ese tiempo, “la Contraloría, desde otra división, abrió un procedimiento sancionatorio" en su contra”.
“Como ministro hice todo lo que estaba a mi alcance para contrarrestar el error administrativo, delegando en su momento la corrección a las instancias técnicas”, manifestó el jerarca.
La decisión de la CGR de abrir la investigación contra el jerarca se originó en un estudio del año 2018 centrado en la partida de remuneraciones del ejercicio económico para ese año en el Minae.
En aquel análisis, se determinó que se realizaron cálculos equivocados en planillas ante la Caja Costarricense de Seguro social, así como errores en estudios y procesos de recursos humanos relacionados con el otorgamiento de dedicación exclusiva a las viceministras.
La Contraloría notificó las irregularidades al Minae en julio y le dio plazo al 31 de marzo de 2020 para que el analizara el caso y determinara si procedía o no la devolución de los montos cancelados.
“En vista de la transparencia y la responsabilidad que nos caracteriza, desde el momento en que fuimos enterados de este acontecimiento, tomamos las medidas respectivas”, dijo el ministro.
No obstante, paralelamente abrió un proceso contra Rodríguez y Loaiza que concluyó con una sanción, de la cual fueron notificados este lunes.