EscucharUn proyecto para construir una torre de apartamentos, restaurante y club de playa en Manuel Antonio, quedó paralizado temporalmente por orden del Juzgado Penal de Quepos, al acoger una medida cautelar solicitada por la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, sede Protección de Osa.
Para la Fiscalía, la prueba permite sostener que el sitio donde se pretende levantar el proyecto Islas de Manuel Antonio es bosque y el terreno es parte del corredor biológico de Aguirre, considerado de vital importancia en los ecosistemas de esta zona, incluyendo al Parque Nacional Manuel Antonio.
La sospecha es que el cambio de uso de suelo se materializó a través del aprovechamiento forestal ilegal de la cobertura boscosa que hay en el lugar.
Por esta razón, se abrió una causa por los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, cambio de uso de suelo, infracción a la Ley Forestal e infracción a la Ley de Aguas. El caso se investiga bajo el expediente 18-000027-0611-PE.
Este desarrollo se plantea en un lote privado en Manuel Antonio, carretera a playa Playitas. La obra se anuncia en Internet como “un paraíso único situado junto a un parque nacional prístino, rico en biodiversidad”.
La medida cautelar de paralización de obras se aprobó por un plazo de cuatro meses, a partir del 31 de mayo anterior, informó la oficina de prensa del Ministerio Público.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación define un corredor biológico como un territorio continental, marino-costero e insular delimitado cuyo fin es conectar áreas silvestres protegidas y paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, sean rurales o urbanos. Lo anterior con el fin de asegurar el mantenimiento de la biodiversidad y los procesos ecológicos y evolutivos.
Costa Rica tiene 44 corredores biológicos; es decir, cerca del 33% del territorio continental.
La Nación trató de localizar telefónicamente a la persona que aparece como director ejecutivo y desarrollador principal del proyecto. Se le envió un mensaje de texto a sus dos celulares y se le llamó a ambos números, pero solo respondió el correo de voz.
Fiscalía denuncia tráfico de tierras
Como publicó este miércoles La Nación, en conmemoración del Día del Ambiente, la Fiscalía también investiga el aparente tráfico de tierras que afectaría una porción de 188 hectáreas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur del país.
El presunto otorgamiento ilegal de permisos para talar árboles se desarrolla en una propiedad privada en playa Punta Uva.
LEA MÁS: Fiscalía denuncia tráfico de tierras en Caribe Sur
En relación con este otro caso, Luis Diego Hernández Araya, coordinador de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental del Ministerio Público, explicó que el tráfico de tierras consiste en el uso perverso y sistemático de mecanismos aparentemente legales para integrar tierras del Estado a diversos mercados, como el inmobiliario, y lucrar con los terrenos.
El mecanismo, dijo, no es derribar árboles sino evadir la prohibición de cambio de uso de suelo que establece la Ley Forestal. La estrategia comienza con un retiro de vegetación menor al pie de los árboles; luego se siembra pasto hasta que donde había un bosque quede una zona sin la densidad, cobertura y superficie de uno.
Cuando llega a esa condición, los interesados solicitan un permiso, pero no bajo la modalidad de bosque, sino de aprovechamiento forestal en un terreno “sin bosque”.
