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Panamá es el primer país centroamericano en hacer efectiva la prohibición del uso de bolsas plásticas para el transporte de productos o mercadería.
La restricción comenzó a regir en supermercados, farmacias y comercios minoristas el pasado 20 de julio, tras cumplirse el periodo de 18 meses establecido en la normativa. Los almacenes y mayoristas tendrán hasta el 20 de enero para adecuarse a la medida.
Mientras esto ocurre en el país vecino, en Costa Rica aún no entra en vigor la Ley 9703 que prohíbe la importación, comercialización y entrega de envases, así como recipientes, hechos a partir de poliestireno expandido (estereofón).
Lo anterior se debe a que hasta este domingo 4 de agosto el texto no había sido publicado en La Gaceta, a pesar de que fue firmado por el presidente Carlos Alvarado el pasado 15 de julio.
Ante una consulta de La Nación al respecto, José Rafael Marín, oficial mayor del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), indicó por medio de la oficina de prensa, que el documento ya fue enviado a la Imprenta Nacional y se estaría publicando en el transcurso de la semana.
Por otro lado, en la Asamblea Legislativa se discuten dos proyectos de ley encaminados a prohibir o impulsar la sustitución del plástico de un solo uso. El que más ha podido avanzar es el expediente 20.985, “Ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente”, del diputado Erwen Masís del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
El proyecto fue dictaminado de manera positiva por la Comisión Ambiente el pasado 17 de julio. El siguiente paso es que inicie su discusión en el plenario legislativo, donde se definirá si se aprueba o no como nueva ley de la República.
La otra iniciativa corresponde al expediente 21.159, “Ley para solucionar la contaminación de residuos plásticos”, que lidera la diputada Paola Vega, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y que todavía se encuentra en la Comisión de Ambiente.
Prohibición de bolsas y pajillas
Si bien, ambas iniciativas se encaminan a reducir la presencia del plástico de un solo uso en suelo tico, toman rutas diferentes para alcanzar la meta.
Por ejemplo, el diputado socialcristiano plantea de manera específica una prohibición a la comercialización y entrega gratuita, tanto de pajillas como bolsas plásticas. La medida se aplicaría en restaurantes y afines; así como supermercados y establecimientos comerciales.
Además, declara de interés público “los proyectos y emprendimientos públicos o privados de economía circular (reutilizar todo lo que se produce), prevención, sustitución, reducción y eliminación de la contaminación por plástico de un solo uso, así como las iniciativas de reconversión productiva, de conservación, uso sostenible e investigación para la sustitución del plástico de un solo uso”.
“Independientemente de la cantidad de prohibiciones que se establezcan, lo importante es que exista una reconversión productiva para que le pueda brindar la posibilidad a todo el sector industrial de generar los productos pero con materia prima cuya descomposición sea más armónica con el ambiente”, indicó el legislador.
Impuestos al plástico
Por su parte, la iniciativa que encabeza Vega, impulsa la creación de un impuesto que gravaría con un 25% sobre su valor a los productos plásticos de uso cotidiano como bolsas para emparedados, platos, vasos y botellas de refresco, así como la prohibición absoluta a los artículos de estereofón.
La propuesta persigue aplicar impuestos de entre el 10% y el 25% a artículos de plástico, ya sean materias primas o productos hechos a base de este.
Al consultarle sobre la acción de Panamá, la diputada aseguró que “es un esfuerzo que debe reconocerse como un primer paso, sin embargo es bastante conservador. Hay que entender que la situación actual de la contaminación plástica requiere acciones muchísimo más grandes que simplemente la prohibición de pajillas y bolsas”.
“Es una muestra de voluntad política, pero a como están las necesidades actuales, sí estaríamos esperando que los países del mundo, incluido el nuestro, estén tomando medidas más radicales”, añadió Vega, quien preside la Comisión de Ambiente.
Con respecto al avance del expediente 21.159, aseguró que están a punto de presentar un texto que incluya todas las recomendaciones de los sectores y criterios, por lo que espera que ambos proyectos “sean ley de la República”, este mismo año.
Posición de industriales
¿Pero, qué piensan los industriales sobre estos proyectos? La reacción no es la misma; mientras la iniciativa de Vega genera rechazo en la Asociación Costarricense de la Industria del Plástico (Aciplast), la de Masís es vista con buenos ojos, ya que según el presidente del gremio, Jaime Cerdas, ellos si fueron consultados en lo técnico.
El empresario acusó a la diputada oficialista de ampararse en una “sombrilla ambiental" para impulsar lo que denominan un “paquete tributario”.
Critican que el impuesto del 10% con el que se buscan gravar los insumos, es muy alto y que va en detrimento directo de la industria nacional, al colocarla en desventaja.
“Una de las razones por las que el mundo ha desarrollado empaques plásticos (...) está en el precio...(el impuesto) empuja al fabricante a comprar empaque importado, no va a poderlo sustituir”, indicó Cerdas.
Para el presidente de Aciplast existen elementos técnicos que deben ser tomados en consideración antes de introducir algún tipo de restricción al plástico, especialmente si existe la tecnología disponible y en las cantidades necesarias para hacer frente a la demanda actual.
En cuanto al proyecto del diputado Masís, el vocero de Aciplast aseguró que “abre la posibilidad de trabajar en algo que para nosotros es la solución al problema y es el tema de la economía circular”.
La economía circular es descrita por la Fundación Ellen MacArthur, como aquella en la cual se reemplaza el concepto de fin de vida de un producto con restauración o reutilización. Pretende conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su utilidad y valor en todo momento.
“El proyecto permite una reconversión paulatina para la industria, es una reconversión real y técnicamente sustentable, (que) debe ser respaldada con gestión. Si no trabajo en gestión lo que estoy es cambiando un tipo de basura por otro”, añadió el empresario.
‘Empleos en zozobra’
El líder gremial también aseguró que los 14.500 empleos que tiene el sector están en zozobra, “porque no saben para adonde van”. Responsabilizó esta situación a una incertidumbre provocada por la falta “de un norte claro sobre estos temas, no hay una iniciativa consensuada en el mismo sector público, entre ellos mismos se contradicen”.
Según Cerdas, este panorama ha generado que empresas asociadas al sector hayan detenido inversiones.
“Es en realidad el opuesto a lo que el Gobierno está buscando desesperadamente y en lo que deberíamos estar trabajando todos, iniciativas de reactivación económica", manifestó.
Pero más allá de los proyectos de ley que se discuten en el país, ¿cómo ve la industria del plástico en Costa Rica su propio futuro?, en vista de las tendencias que ya han motivado a muchos comercios a implementar sus propias políticas de sustitución.
Consultado sobre el tema, Cerdas reconoció que “hay un sector que está siendo golpeado y que posiblemente va a ser más golpeado, es el de la bolsa de comercio. Ya hay socios de la gremial empezando a trabajar en la sustitución o probando materiales bioplásticos con ciertas salvedades”.
Sin embargo, advirtió que aún existen aspectos técnicos que valorar. Por el lado económico, las resinas bioplásticas pueden costar hoy hasta cuatro veces lo que vale una convencional; mientras que también se requiere de considerar elementos de disponibilidad.
