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En el 2014, el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) registró 1.200 denuncias de maltrato animal cometido contra perros y gatos en San José y Cartago.
“Este es un número alto si consideramos que en el 2013 recibimos 1.000 denuncias y en el 2014 se superó en 200”, manifestó Allan Sánchez, de Senasa.
Se decomisaron 390 perros que estaban en condiciones de abandono y maltrato.
“Se encontró que algunos se mantenían en condiciones insalubres, desnutridos, enfermos y utilizados para reproducirse de forma indiscriminada y clandestina, con el fin de ser utilizados para cometer hechos delictivos o incluso provocando mordidas de consideración a otros perros”, destacó Senasa.
De estos, 213 canes se dieron en adopción, castrados y desparasitados, así como debidamente rehabilitados, en caso de haber sido utilizados para peleas.
Para ello, Senasa contó con el apoyo de las organizaciones Humane Society International (HSI) y American Stafford Costa Rica, ya que sus 13 funcionarios no dan abasto para atender las quejas de abandono, negligencia y maltrato que ocurren en la Gran Área Metropolitana (GAM), así como otras labores de vigilancia epidemiológica que pretenden evitar la transmisión de enfermedades de animales a humanos.
Asimismo, estos 13 empleados fiscalizan 1.200 comercios de venta de carne, en cuanto control sanitario, inspecciones a veterinarias, así como atienden animales en caso de desastres naturales.
Aunque el proyecto de ley (expediente 18.298) –que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa– no dota a Senasa de más recursos o personal, Sánchez sí considera que es imperativo aprobar esta ley para que al escalar la contravención a delito, se desestimulen los casos de maltrato.
“Al ser una contravención, es poco lo que podemos hacer. De ahí que imponer multas más altas y penas de cárcel, nos ayudará a nosotros”, dijo Sánchez y agregó: “En el caso de los agresores, que sencillamente es gente sin escrúpulos, que hacen las cosas con dolo y sin remordimiento, la cárcel sí puede funcionar y así se crea un precedente en el país para que los casos de maltrato vayan en disminución”.
Urge ley. Desde el 2014, las peleas de perros son consideradas delito por la Ley contra las peleas de caninos (ley n.° 9.245).
Sin embargo, este es el único delito. Para otras situaciones de maltrato animal, lo que existen son contravenciones.
Para solventar dicha situación, y desde diciembre de 2014, se convocó el expediente 18.298 a sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa.
Este proyecto de ley propone reformas al Código Penal (ley n.° 4.573 de 1970) y a la Ley de bienestar de los animales (ley n.º 7.451 que data de 1994).
Con estas reformas se pretende especificar delitos y establecer sanciones, tanto multas como penas de cárcel.
La iniciativa incluye un capítulo dedicado a la crueldad animal, cuyos delitos se sancionarían con penas de uno a tres años de prisión.
De considerarlo así el juez, el infractor puede prestar servicio comunitario (solo si es la primera vez que comete la falta) y puede ser remitido a rehabilitación, esto con el fin de tratar su conducta violenta.
La Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa aún debe dictaminar el texto con el objeto de llevarlo a primer debate.
A fin de impulsarlo, organizaciones de rescate y bienestar animal marcharán, hoy domingo, desde la estatua de León Cortés, en La Sabana, hasta el parque central. Convocaron a la 1 p. m.
Para el domingo 8 de febrero, se prevé otra manifestación contra el maltrato animal en Alajuela. Se citó a las 9 a. m., en el parque Juan Santamaría.
“Es inaceptable la barbarie y el salvajismo hacia nuestros animales silvestres y domésticos, nuestros hermanos menores. Tales actos contradicen a una sociedad respetuosa y pacífica como la costarricense”, declaró el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, cuando anunció la convocatoria del proyecto de ley a sesiones extraordinarias.
Prevención de la violencia. Según Sánchez, de Senasa, existe una relación entre maltrato animal y criminalidad.
“La persona que agrede a un animal, puede escalar su violencia hacia un niño, una mujer o un adulto mayor”, dijo Sánchez .
La psicóloga Mirta González, en un artículo difundido por el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, coincide con Sánchez y menciona un estudio realizado por Ascione y Arkow (1999) que relaciona el abuso infantil, la violencia doméstica y la crueldad hacia los animales.
Asimismo, González citó otra investigación realizada por Hensley y Tallichet (2005) en prisiones de media y alta seguridad en Estados Unidos, donde se observó una relación entre maltrato animal y conducta violenta.
“Con el agregado de que la exposición a estos actos como testigo (reiterado por Cuquerella, Querol, Ascione y Subirana, 2003) implica, asimismo, el aprendizaje de la crueldad”, escribió González.
Según Allan Sánchez de Senasa, y con el fin de prevenir la violencia social, el país urge de una política educativa en bienestar animal.
“Si empezamos a romper círculos de violencia desde la niñez, podemos hacer un cambio”, dijo Sánchez y añadió: “Los niños, incluso, educan a sus padres”.
Para Amanda Chávez, funcionaria de la organización HSI, Costa Rica debe evolucionar hacia una cultura donde los animales de compañía (perros y gatos) no sean vistos como objetos.
“Mucha gente cree que está bien tener un animalito amarrado en el patio; por eso, es necesario inculcar en las personas lo que es una tenencia responsable de mascotas”, dijo Chávez.
Un dueño responsable es aquel que ve a su mascota como miembro de su familia. Por ello, vela por su cuidado veterinario, lo tiene castrado para evitar enfermedades , lo alimenta adecuadamente y le provee de agua.
No solo la crueldad, la explotación y las peleas de perros o gallos se consideran maltrato animal; la negligencia también lo es.
