Tecnología detecta posibles delitos de barcos extranjeros en mar costarricense

Más de 100 embarcaciones extranjeras podrían haber actuado ilícitamente en mares costarricenses, según datos arrojados por el primer monitoreo tecnológico hecho en el país enfocado en seguirles el rastro a ese tipo de flotas.

El estudio, elaborado en conjunto entre la organización no gubernamental Conservación Internacional y el Servicio Nacional de Guardacostas, se llevó a cabo durante 18 meses, de abril del 2016 a setiembre del 2017.

¿El objetivo? Contar con datos que permitan tomar medidas para combatir delitos que, por falta de información, han sido secreto a voces en nuestros mares durante años. Dos de estos son la pesca ilegal de atún en zonas restringidas por su vulnerabilidad ambiental y el trasiego de droga en altamar, que muchas veces coincide con las rutas pesqueras.

Se monitorearon más de 5.000 embarcaciones extranjeras que transitaron por la zona económica exclusiva del Pacífico costarricense, área que comprende la franja de 200 millas náuticas (370,4 kilómetros) que sale de la costa hacia el mar.

En ese sitio, que es 11 veces más grande que el territorio nacional, Costa Rica puede explotar los recursos naturales vivos (para pesca) y los no vivos (para minería), siempre que ese aprovechamiento lo haga en forma responsable.

Los barcos rastreados fueron solo internacionales, debido a que estos utilizan frecuencias de transmisión públicas. Los nacionales quedaron excluidos porque las señales que emplean son privadas.

Se prestó especial atención a las embarcaciones dedicadas a la pesca atunera de cerco, la cual captura grandes cantidades de peces utilizando enormes redes. Esta actividad ha sido prioridad para el país en los últimos tiempos, explicó Marco Quesada, director de Conservación Internacional en Costa Rica.

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Principales hallazgos

Los posibles ilícitos cometidos por los navíos incluían actividades relacionadas con la pesca ilegal en el Área Marina de Manejo Montes Submarinos (AMMMS), alrededor del Parque Nacional Isla del Coco.

Asimismo, se detectó la operación de barcos de cerco en zonas cerradas a la pesca, es decir, posibles actividades sin licencia en aguas costarricenses.

¿Cómo se dieron cuenta de que algunos de los buques actuaban ilegalmente? Uno de los indicadores fue que las flotas apagaban la señal de transmisión al ingresar a las zonas de restricción de pesca de atún.

“Hay indicios que amarran a muchos tipos de cosas. Hay posibilidades de pesca activa en zonas de exclusión de atuneros o en áreas protegidas. Hemos visto esas señales metiéndose y hay posibilidades de que haya habido pesca ilegal”, enfatizó Quesada.

Las conclusiones las fueron sacando una vez que analizaron datos como posición, velocidad y tiempo de navegación de cada una de las flotas.

“Cambios de posición, de velocidad y de tiempo pueden decir mucho de una actividad como la pesca. Los barcos en altamar y en la zona económica tienen derecho a libre navegación, pero un requisito es el tránsito ininterrumpido, a una velocidad constante. Cuando hay cambios en eso, ya uno dice ‘hmm... ya no solamente están navegando’”, argumentó el especialista de Conservación Internacional.

Tecnología de punta

El monitoreo lo realizó Catapult/OceanMind, una organización basada en el Reino Unido que utiliza una plataforma de alta tecnología para seguir las señales satelitales emitidas por los barcos.

Este echó mano de inteligencia artificial, de información cruzada con bases de datos internacionales y de especialistas en pesca que interpretaron la información.

“La tecnología satelital y de inteligencia artificial realmente está allanando el camino para monitorear los océanos, pero se requiere del conocimiento y la experiencia sobre pesquerías para ser interpretada y analizada correctamente. Esta es una herramienta muy útil para los analistas de pesquerías, ya que provee monitoreo en tiempo real, insumos detallados y la inteligencia necesaria para apoyar el control y vigilancia local e internacional”, expresó en un comunicado de prensa Bradley Soule, jefe de analistas pesqueros de Catapult/OceanMind.

Primer conteo

Dicho monitoreo supone todo un logro para el país, donde nunca antes se había realizado un conteo utilizando tecnología, sino que se hacía visualmente durante algún patrullaje, explicó Martín Arias, director del Servicio Nacional de Guardacostas.

“Antes no había nada para monitorear; solamente lo visual. Ya sabemos que la tecnología lo que hace es ganar en información, optimizar recursos, más eficacia y menos gasto en combustible, horas hombre, embarcaciones, etc.”, aseguró el funcionario.

Asimismo, dijo Arias, aparte de que no fue necesaria ninguna inversión, pues el proyecto fue financiado por Conservación Internacional, la iniciativa despejó el panorama en relación con la pesca en el océano Pacífico tico.

“Nos sirvió para hacer un diagnóstico de cómo está la situación de pesca en la zona económica exclusiva, ver cómo es el movimiento en los diferentes meses del año, saber en cuáles áreas se da la explotación, así como conocer cuáles flotas lo hacen legalmente y cuáles lo hacen ilegalmente”, afirmó titular de Guardacostas.

Según contó el funcionario, el proyecto con Conservación Internacional se elaboró discretamente, para no alertar a las embarcaciones.

Se trató de un piloto cuyo objetivo fue hacer una radiografía en el Pacífico que contribuyera con la planificación espacial marina, la gestión de la pesca y las estrategias de control y vigilancia.

Arias expresó que la esperanza es contar más adelante con financiamiento para tener regularmente un sistema de monitoreo de ese calibre.

Explotación atunera, polémica actividad

La pesca de atún desata un gran debate en el país, no solo porque representa un saqueo del recurso marino, sino por la competencia que implica para los pescadores locales y las desventajas que supone para el país.

Un estudio realizado en el 2017 por el Centro de Investigaciones en Política Económica (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA) y la fundación Marviva, reveló que Costa Rica regala su riqueza atunera a la flota internacional.

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Lo anterior debido a que el valor comercial de las capturas es de unos $62 millones anuales, mientras que el ingreso a Costa Rica por licencias de pesca de esa especie es de apenas $904.694 al año.

Zonas prohibidas

En ese panorama, el Gobierno ha ido dando pasos para regular la situación. En noviembre de 2014 se publicó el decreto Nº 38681, de Ordenamiento para el aprovechamiento de atún y especies afines en la zona económica exclusiva del Océano Pacífico costarricense.

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La normativa protege tres áreas específicas en donde no es permitido pescar atún. En una de ellas se encuentra la Isla del Coco, donde en el pasado se han reportado casos de pesca ilegal; incluso el reciente monitoreo registró incursiones sospechosas dentro de esa joya natural costarricense.

Si bien las flotas internacionales que cuenten con permisos de explotación por parte del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) pueden pescar dentro de la zona económica exclusiva, esos tres sectores están vetados para los atuneros. (Ver infografía adjunta).

Álvaro Otárola, director general técnico de Incopesca, dijo que, producto del decreto N.º 38681, se redujo el número de licencias otorgadas a flotas internacionales, así como la cantidad de atún que se puede explotar.

“A mediados del año pasado se creó una comisión para análisis de las cantidades. Antes eran más de 20.000 toneladas métricas de atún a las que tenía derecho el país, pero ahora son 9.300”, comentó el funcionario.

Asimismo, afirmó que solo siete embarcaciones internacionales podrían tener permiso para pescar atún en aguas ticas.

"Urge una ley de navegación"

“Imagínese la tierra sin una Ley de Tránsito. En el mar no se regula nada. Por eso urge una ley de navegación”, aseveró Martín Arias, director del Servicio Nacional de Guardacostas.

Según el funcionario, esa debilidad que tiene el país no da tregua a los cerca de 500 guardacostas a su cargo, quienes, aparte de atender asuntos marítimos, deben apoyar dispositivos de narcotráfico, guardaparques, seguridad de puertos y navegación, entre otros.

“Costa Rica nunca ha tenido la capacidad de tener una flota de embarcaciones capaces de ir a todos los sitios de pesca de nuestra zona económica exclusiva... Tenemos siete años de haber presentado al Congreso la Ley de Navegación Acuática, junto con Fuerza Pública, y no hay manera de que camine”, aseguró.

El proyecto de Ley de Navegación Acuática fue presentado ante la Asamblea Legislativa el 27 de julio de 2012. Desde entonces, ha contado con tres textos sustitutivos (2015, 2016 y 2017).

Actualmente, se encuentra en la comisión de Gobierno y su aprobación vence el 16 de agosto de este 2018.

Con Arias coincide Marco Quesada, director de Conservación Internacional en Costa Rica, quien destacó que el Gobierno ha trabajado en regular la actividad pesquera en los últimos años.

“¿Qué necesitamos? Una ley de navegación para poner reglas sobre cómo, cuándo y dónde se navega en Costa Rica, o por lo menos trabajar más de cerca con autoridades internacionales”, aseveró el representante del organismo global.

Por el momento, según dijo el director de guardacostas, dos patrulleras donadas por el gobierno de Estados Unidos, les permitirá reforzar sus operativos de vigilancia a partir del 26 de abril de este 2018.

En total, esos 500 guardacostas, más unas 100 personas destacadas en otros puestos, velan por la seguridad en 1.200 kilómetros de costa en el Pacífico y 220 kilómetros en el Caribe.