EscucharSuecia se ha distinguido en Europa por haber adoptado un enfoque flexible frente a la epidemia de coronavirus, pero los expertos se preguntan ahora si el modelo es adecuado, ya que el balance de víctimas en el país es mucho más alarmante que el de sus vecinos nórdicos.
El martes, el país superó el umbral de los 1.000 muertos por la COVID-19, de la que se registraron oficialmente 11.445 casos, una tasa de mortalidad muy alta en comparación con la observada en Finlandia, Dinamarca o Noruega.
El primer ministro, Stefan Löfven, admitió el sábado en la televisión que "la preparación [del país] no fue lo bastante buena".
Pero, ¿cómo se llegó hasta aquí?
Para Bo Lundbäck, profesor de Epidemiología en la Universidad de Gotemburgo (oeste), "las autoridades y el gobierno creyeron tontamente que la epidemia no llegaría a Suecia".
Al contrario que el resto de países escandinavos, que adoptaron una estrategia de semiconfinamiento, Estocolmo descartó colocar a su población en aislamiento, considerando que las medidas drásticas no eran lo suficientemente eficaces como para justificar su impacto en la sociedad.
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Eso sí, prohibió las concentraciones de más de 50 personas y las visitas a las residencias geriátricas. En cuanto al resto, el gobierno apeló al civismo, pidiendo que cada uno "asuma [sus] responsabilidades" y siga las recomendaciones sanitarias.
A pesar de que la estrategia causó cierta perplejidad tanto dentro como fuera del país, el gobierno se sigue ateniendo a las recomendaciones de la Agencia Pública de Salud.
"Suecia estuvo mal o incluso nada preparada", criticó Bo Lundbäck ante la AFP.
Junto a 21 investigadores más, el epidemiólogo firmó el martes una tribuna en el diario Dagens Nyheter para exigir "medidas rápidas y radicales" como el cierre de escuelas y restaurantes.
Por su parte, las autoridades sanitarias continúan dando prioridad a la estrategia a largo plazo, rechazando adoptar medidas drásticas como el confinamiento, que, según ellas, solo sería útil en periodos breves.
El miércoles, Suecia registró 119 decesos vinculados a la COVID-19 por cada millón de habitantes, según la página de estadísticas Worldometer. En Dinamarca, esa cifra era de 53; en Noruega, de 26 y en Finlandia, de 12.
Ancianos y migrantes, en primera línea
La Agencia Pública de Salud anunció la semana pasada que al menos el 40% de los decesos registrados en la región de Estocolmo, epicentro de la epidemia en Suecia, se produjeron en establecimientos de personas mayores.
A pesar de las medidas sanitarias emprendidas por el gobierno, la epidemia llegó a buena parte de las residencias de ancianos: solo en la capital, la mitad de estas están afectadas por el virus.
La radio pública también reveló a principios de abril que un tercio de los municipios del país habían detectado casos sospechosos o confirmados de la enfermedad en centros para personas mayores.
Una situación que la ministra de Salud, Lena Hallengren, no logró explicar. "O no se cumplió con la prohibición de efectuar visitas o el personal con síntomas [...] fue a trabajar", argumentó a principios de abril en el Dagens Nyheter.
Sin embargo, según Ingmar Skoog, director del Centro para Personas Mayores y Salud de la Universidad de Gotemburgo, la propagación del virus podría deberse a que Suecia no es un país tan centralizado como sus vecinos.
En las residencias de ancianos, algunas de las cuales son privadas o dependientes de los municipios, "el personal cobra por hora trabajada, con un sueldo más bajo, suele estar menos formado y ser más joven", apuntó Skoog.
Y, al contrario que en Finlandia, donde los trabajadores están amparados por los convenios colectivos, en Suecia "los que cobran por horas no reciben nada si se quedan en casa por tener síntomas leves", como requieren las consignas de Sanidad.
Por otro lado, mientras que la vecina Noruega afirma que el virus no ha afectado más a las "personas nacidas en el extranjero", en los barrios más desfavorecidos de Estocolmo, donde sobre todo viven migrantes o personas descendientes de migrantes, la incidencia de la epidemia ha sido tres veces mayor que en el resto de la capital, según un estudio publicado la pasada semana.
Un panorama que podría ser consecuencia, según la investigadora en Ciencias Políticas de la Universidad de Uppsala Gina Gustavsson, de una "falta preocupante de conocimiento o de interés" por parte de las autoridades respecto a esas poblaciones, que a veces tienen costumbres y usos sociales distintos.
