Salud

Covid-19 trastocó la salud mental: OPS da 10 acciones para atender la grave crisis

Informe ‘Una nueva agenda para la salud mental en las Américas’ puso el dedo sobre las formas en las que la pandemia afectó, pero también apunta posibles soluciones

La salud mental de la población del continente americano ya estaba mal. Vino una pandemia y la empeoró. Se incrementaron los episodios de depresión y de cuadros de ansiedad, sin que los servicios de salud pudieron contenerlos.

Este es el resumen de un informe de la Comisión de Alto Nivel de Salud Mental y Covid-19, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“La salud mental de la población se vio gravemente afectada por sus efectos en nuestras vidas, economías y salud mental. Va más allá de la depresión y ansiedad. La interrupción en servicios de salud también interrumpió servicios de salud mental, y las necesidades insatisfechas fueron mayores”, manifestó Jarbas Barbosa, director de la OPS.

“Pero el problema comenzó desde antes. En las últimas dos décadas, mientras en todo el mundo bajaron las tasas de suicidio, en las Américas subió un 17%”, añadió Barbosa.

Con este propósito, la Comisión de Alto Nivel trabajó durante un año para conocer a fondo la condición de la salud mental.

“Aunque nadie fue inmune al impacto de la pandemia en la salud mental, algunos grupos, entre ellos las comunidades históricamente marginadas y las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, se vieron afectados de manera desproporcionada”, expresó Epsy Campbell Barr, presidenta de la Comisión y ex vicepresidenta de Costa Rica.

Se documentaron, dijo, tasas más altas de síntomas mentales en trabajadores de salud y de primera línea, mujeres, personas afrodescendientes, pueblos indígenas y otros grupos étnicos, y personas con problemas de salud mental preexistentes.

Además, dijo Néstor Méndez, copresidente de la Comisión y asistente de la Dirección de la Organización de Estados Americanos (OEA), las barreras de atención y de tratamiento de la salud mental se han visto magnificadas desde la pandemia.

“Necesitamos cerrar esas brechas y tener sistemas de salud que respondan a la crisis en salud mental”, advirtió.

El reporte incluye 10 recomendaciones para poner la salud mental como una prioridad. Estas resultaron de consultas a profesionales en salud mental y en salud pública, a líderes comunales y políticos, así como a poblaciones con trastornos mentales.

Esta recomendación tiene tres puntos: hacer de la salud mental una prioridad para el desarrollo nacional, incluir la salud mental en la cobertura universal de salud, y construir y fortalecer alianzas estratégicas para promover la salud mental.

“Para que los países se recuperen plenamente de los efectos de la pandemia y alcancen sus objetivos de desarrollo a largo plazo, deben tratar la salud mental como un componente esencial de la recuperación tras la pandemia y del desarrollo nacional”, cita el documento.

La salud mental y las gestiones por parte de los sistemas de salud ya venía mal desde antes de la pandemia, pero esta agudizó el problema. (Shutterstock)

La salud mental no puede ser una isla, debe estar contenida en todo tipo de atención en salud y de toda política pública. Este punto incluye incorporar la salud mental en otras áreas prioritarias de la salud, integrarla en las políticas de otros sectores fuera del sector salud e integrarla en la respuesta ante desastres y emergencias.

En este sentido, se pide incluir la salud mental en los servicios y la atención de problemas de salud físicos, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, la infección por el VIH y la tuberculosis, así como en la atención de los servicios de embarazo y maternidad.

“Sacar la salud mental del ghetto y que sea integrado en los planes y servicios desde la lógica de la cobertura de salud universal”, expuso Campbell.

Se propone aumentar el gasto asignado a la salud mental, utilizar diversos mecanismos de financiamiento para aumentar esos fondos, y financiar enfoques y programas de salud mental eficaces y eficientes.

“La carga atribuible a los problemas de salud mental es el séxtuple de la proporción de fondos para la salud asignados a la salud mental. Para que la inversión en los servicios de salud mental sea suficiente, es necesario aumentar el financiamiento”, destaca el documento.

En esta recomendación hay tres puntos principales: adoptar y aplicar leyes que garanticen los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental, acelerar la transición de las instituciones psiquiátricas de larga estancia a los servicios a nivel comunitario, y aumentar la capacidad en materia de derechos humanos relacionados con la salud mental en todos los sectores.

“Las personas con problemas de salud mental se encuentran entre quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad en la sociedad. Sufren enormes prejuicios, discriminación y exclusión, que violan sus derechos humanos básicos y fundamentales, y las llevan a una mayor marginación”, señala el documento en su propuesta.

Es necesario proteger la salud mental desde el nacimiento hasta el final de la vida. Para ello se recomienda crear y ampliar los sistemas de protección social, priorizar la salud mental en las escuelas, fortalecer la promoción y la prevención en el campo de la salud mental en el lugar de trabajo y diseñar ciudades y comunidades adaptadas a las personas mayores.

También se les debe poner especial atención a la población con mayor vulnerabilidad por pobreza o discapacidad.

Tiene cinco puntos básicos para que toda comunidad pueda trabajarlo a nivel micro:

  • Fortalecer la integración de la salud mental en la atención primaria de salud
  • Crear servicios de salud mental culturalmente competentes
  • Aprovechar el potencial de la tecnología digital
  • Mejorar la capacidad para ofrecer servicios de salud mental y apoyo psicosocial en emergencias
  • Empoderar a las personas que usan los servicios y a sus familias

Aunque todavía no se conoce el efecto a largo plazo que la covid-19 ha tenido, muchos factores conocidos de riesgo de suicidio (inseguridad financiera, pérdida del empleo, trauma y abuso, entre otros) empeoraron considerablemente con la pandemia, de modo que la prevención del suicidio se convirtió en una prioridad crítica de las políticas públicas.

En este sentido, se deben tener no solo leyes o políticas públicas, también acceso a profesionales en salud mental, y programas comunales que aborden el problema y propicien prácticas sanas de gestión de emociones.

Las mujeres sufren más los embates de la salud mental. Para contrarrestarlo se propone reducir las desigualdades por razones de género y promover el empoderamiento de las mujeres, fortalecer la prevención y la respuesta ante la violencia de género, y abordar los efectos de las masculinidades tóxicas en la salud mental.

El reporte señala que para que el impacto sea mayor debe trabajarse en todos los niveles de la sociedad, pero que los gobiernos tienen un papel preponderante en su toma de decisiones y en lograr una verdadera inclusión.

Estos son los grupos que se vieron más afectados. El informe plantea que es trascendental trabajar con los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes y otros grupos étnicos para comprender y abordar el racismo. Se pide a los países promover la equidad y la creación de espacios antirracistas.

El informe es enfático en que estas poblaciones deben ser el centro de todas las estrategias y que la participación de estos grupos debe ser la voz cantante.

Lo que no se investiga no se conoce, y solo con base en datos pueden tomarse decisiones en salud mental. Para ello se necesitan datos robustos.

El reporte propone integrar la salud mental en otras iniciativas de recopilación de datos, mejorar el desglose de datos, incluir un componente de seguimiento, evaluación y aprendizaje en todos los programas de salud mental y promover la investigación sobre la salud mental.

“Estos 10 puntos son una hoja de ruta para la atención en salud mental y el abordaje que necesitamos posterior a covid-19, cada país debe adoptarlos para recuperar el camino perdido”, concluyó Barbosa.

Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

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