La Defensoría de los Habitantes expresó su total oposición al proyecto de ley que busca reducir en un 5% los fondos que la ley antitabaco destina para la lucha contra el cáncer.

Actualmente, esos fondos los administran la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

“Sería un acto irreflexivo de los diputados no prestar atención a este tema tan complejo, que efectivamente nos va a pasar la factura en el futuro”, expresó Juan Manuel Cordero, director del Área de Calidad de Vida de la Defensoría.

“Para la Defensoría de los Habitantes, el proyecto de ley nos toma con una gran preocupación. Los recursos en salud pública nunca son suficientes”, añadió.

Cada día, el tabaquismo es el responsable de la muerte de cinco costarricenses. Constituye el 9,3% de las muertes que se dan en nuestro territorio, según datos de un análisis coordinado por el Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Economía de la Salud del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS).

La reforma

En específico, la institución adversa el expediente 20.923 y la reforma que ahí se propone del artículo 29 de la Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud (número 9028), en el que se detallan cómo se distribuyen los fondos generados por esa ley, vía impuestos a los cigarrillos.

Actualmente, la CCSS recibe un 60% de los dineros, el Ministerio de Salud un 20%, el IAFA un 10% y el Instituto Costarricense del Deporte (Icoder) otro 10%.

Sin embargo, la propuesta de reforma promovida por el médico oftalmólogo y legislador del Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Antonio Aiza Campos, varía algunos de los rubros para darlos al Icoder.

Así se pretende que la CCSS reciba un 55% y el IAFA un 5%, mientras los ingresos del Icoder por este concepto subirían a un 20%. El Ministerio de Salud mantendría su 20%.

“Si bien para nosotros el tema de la prevención desde el deporte es un tema muy importante, no puede ser que se le quiten los fondos a la Caja para poder solventar una necesidad que no dudamos que exista”, expresó Alejandra Mora, directora de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes.

El proyecto fue aprobado en primer debate el pasado 25 de junio con 39 votos a favor y solo tres en contra, se opusieron los diputados Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), José María Villalta del Frente Amplio (FA) y la legisladora Laura Guido del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Está previsto que este martes se discuta en segundo debate.

¿Recursos ociosos?

El diputado Aiza, quien estuvo entre los promotores de la ley original y defendió la distribución que se hizo en un primer momento, ha dicho que el cambio se debe a que tanto la CCSS como el IAFA reportan superávits importantes en el uso de estos fondos.

Esta versión fue rechazada por el gerente general de la CCSS, Roberto Cervantes: “Los legisladores no tomaron en cuenta que hay dineros comprometidos hasta el 2023 para el desarrollo de proyectos grandes.

“Es inclusive algo extraño, siendo el cáncer la segunda causa de muerte en Costa Rica, teniendo nosotros 30 casos diarios nuevos de cáncer, que se le vengan a disminuir los recursos de la lucha contra esta enfermedad y la prevención del fumado”.

Cervantes estimó que el 5% de los recursos provenientes de la ley antitabaco puede variar entre los ¢800 millones y los ¢1.000 millones anuales.

“Ese dinero si se nos rebaja, habría que buscarlo en otra parte", advirtió el funcionario y dijo que incluso podrían verse obligados a suspender algunos proyectos.

"Creemos que la preocupación debe ser cómo fortalecer la Caja, porque con el envejecimiento de la población las demandas van a ser mayores y no como en esta ocasión que estamos quitándole recursos a una de las enfermedades que más mortalidad nos está causando”, expresó.

Por ejemplo, la Caja mencionó que ya tienen ¢47 mil millones destinados a proyectos como: la reposición de los tomógrafos para los hospitales México, San Juan de Dios y Calderón Guardia; el centro conjunto de radioterapia donde se instalarán los aceleradores lineales para los hospitales San Juan de Dios, Nacional de Geriatría y Gerontología y el Nacional de Niños.

También se contempla la torre de hemato-oncología del Hospital Calderón Guardia para el estudio, diagnóstico y tratamiento de enfermedades benignas y malignas concernientes a las células y componentes sanguíneos.

Llamado

Estos proyectos son justamente parte de las razones por las que la Defensoría se opone al proyecto de ley, aunque también piden a la Caja mayor eficiencia para su implementación.

“Si hay alguna observación de que los proyectos no están completamente ejecutados, sino que están en una condición parcial, la solución debe venir a lo interno de la institución y no por medio de una transferencia de fondos”, manifestó Mora.

La posición de la Defensoría también responde “a las voces de las personas que son pacientes de cáncer, sobre todos los que están asociados en muchas organizaciones” y que habrían expresado a la institución su preocupación por la aprobación de la iniciativa.

Particularmente, Alejandra Mora destacó el caso de las mujeres y el impacto que el proyecto tendría en planes para la detección y prevención del cáncer en la población femenina.

Por su parte, Juan Manuel Cordero hizo una invitación a los legisladores para recapacitar su posición inicial.

“Vehemente hacemos (la Defensoría) un llamado de reflexión a los diputados para que consideren las razones técnicas que se han manifestado ampliamente (...) respetuoso pero enfático para que reflexionen en torno a las preocupaciones expresadas”, aseguró Cordero.

La Caja también lanzó este lunes una campaña por medio de la plataforma Change.org pidiendo a las personas que se oponen al proyecto para que se enlisten.

“La persona ingresa, escribe su nombre, el correo electrónico y dice estar de acuerdo con la solicitud para exigirle a los diputados los fondos del cáncer para la CCSS. El sistema le permite además compartir esa solicitud con sus contactos”, indica un comunicado de prensa.