El presidente de la República Rodrigo Chaves anunció la tarde de este domingo que uno de sus primeros decretos ejecutivos consiste en eliminar la obligatoriedad de la vacuna contra la covid-19 y dejarla solo para los trabajadores de primera línea de atención a la pandemia.
Sin embargo, la legalidad de la decisión está en duda, pues legalmente es a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), órgano adscrito al Ministerio de Salud, a la que le corresponde decidir una disposición de este tipo en coordinación con el propio Ministerio y la Caja Costarricense de Seguro Social.
No obstante, en este caso se desconoce la existencia de dicho acuerdo.
Fue la Comisión la que determinó el 28 de setiembre, que la vacunación fuera obligatoria para funcionarios públicos y para menores de edad, el pasado 5 de noviembre. En febrero pasado, la tercera dosis también se hizo obligatoria en ambas poblaciones.
En el caso de los menores de edad, sería incluso más complicado. La obligatoriedad de estas dosis para los niños y adolescentes no solo está amparada en acuerdos de la CNVE o en decretos ejecutivos, sino en tres leyes: La Ley General de Salud, la Ley de Vacunación y el Código de Niñez y Adolescencia.
Por esta razón, para dejar sin efecto la obligatoriedad en esta población también se requeriría un cambio en las leyes.
La Ley de Vacunación de 1998 faculta a la CNVE a incluir vacunas en el esquema básico y desde marzo de 2021 se incluyó la de covid-19. Por ley, todas las vacunas en este esquema son obligatorias en quienes tienen menos de 18 años de edad. Es por ello que son obligatorios los fármacos contra la varicela, la polio, más recientemente contra el virus de Papiloma Humano, incorporada en el 2017 y desde marzo pasado, también la inmunización contra covid-19.
“Por lo que aprendí en el Ministerio, un decreto no mata una ley y esta vacunación está amparada en tres leyes. Me parece que para niños y adolescentes ellos no pueden quitarlo”, dijo la pediatra infectóloga María Luisa Ávila, quien fue ministra de Salud entre 2006 y 2011.
Cuando se tomó la decisión de incluir la vacuna contra el SARS-CoV-2, el Ministerio de Salud indicó que esta se tomaba basada en la Ley General de Salud, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y se hacía en resguardo del principio del interés superior del niño, la niña y el adolescente.
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El esquema de vacunación para menores de edad consiste en dos dosis para la población de 5 a 11 años y de tres para los adolescentes de 12 a 17. En el primer grupo, las inyecciones se administran con 21 días de diferencia. En el segundo grupo, las dos primeras vacunas tienen la misma distancia y posteriormente se coloca un refuerzo a los cuatro meses de la segunda.
Ambos reciben el mismo producto, pero los niños reciben la tercera parte de la dosis que los adolescentes.
Al pasado 2 de mayo, el 66,1% de los niños de 5 a 11 años habían recibido al menos una dosis y el 48,1% ya tenía ambas. Hay 168.039 pequeños que aún no han comenzado el esquema.
Para los adolescentes, los datos más recientes datan del 25 de abril. A ese momento, 423.934 adolescentes habían recibido al menos una dosis, pero solo 136.448 habían completado el esquema de tres inyecciones.
Estaban pendientes de iniciar el esquema 25.918 jóvenes.
Nota del editor: Esta nota fue modificada a las 3:15 p. m. del lunes 9 de mayo.