Entre febrero y diciembre, Jessica Quesada se levanta, todos los días, a las a las 5:00 a. m. para ir a la escuela. Tiene 12 años y vive en una casa construida con tablas de madera, donde el único cuarto lo comparte con su hermana Ángela y su mamá.
Luego de desayunar se mete a un improvisado baño afuera de su casa, donde una gran bolsa negra sirve de cortina y un palo de madera es el gancho para colgar la ropa.
Ya con su uniforme puesto emprende camino hacia la escuela unidocente de Flor de Islita, en Puntarenas. Ahí todos los niños –desde primero hasta sexto grado– comparten la misma aula, el horario y un mismo profesor.
La historia de Jessica es similar a la que viven otros 19.132 niños que asisten a una de las 1.475 escuelas unidocentes del país, ubicadas casi en su totalidad en la zona rural. Estos centros son el 36% del total nacional (4.107) y tienen entre uno y 30 alumnos.
Los niños enfrentan una serie de penurias para estudiar que van desde las económicas en su casa hasta falta de internet, libros y útiles en sus escuelas, cuya infraestructura, a veces, está en mala condición.
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Este proyecto fue elabrado por la Unidad de Datos de La Nación en alianza con el programa Punto y Aparte , del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX), un espacio que convoca a periodistas, jóvenes y experimentados, en la producción de trabajos de calidad enfocados en la búsqueda de las causas de realidades de riesgo social, pero también en la propuesta de soluciones.