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Monedas, sellos, muebles, fotografías e instrumentos musicales que superen los 100 años de antigüedad pueden salir de Costa Rica libremente y ser vendidos, por sus propietarios sin dificultad alguna.
Esos objetos que, según la Unesco son bienes culturales de la nación, no son considerados patrimonio del Estado y, por lo tanto, adolecen de una ley que los proteja.
Por la libre también quedaron las pinturas, esculturas y cualquier otro bien de interés artístico.
Esa es la razón por la cual, hoy en día, si alguien roba una colección de pinturas, como ocurrió años atrás en el cantón de Tibás, de donde se sustrajeron obras valoradas en $1 millón, el afectado no llama al Museo Nacional para denunciarlo.
El caso lo trata la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial "como si se tratara del robo de un teléfono o de un televisor", comenta Marlin Calvo, directora del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural del Museo.
Costa Rica limitó la protección legal del patrimonio cultural, exclusivamente, a aquellos objetos cuya edad es anterior a la llegada de los españoles a suelo nacional: precolombinos.
Así quedó establecido en la ley 6703 de 1981, que prohíbe el comercio y la exportación de objetos arqueológicos.
Originalmente, esta ley iba a abarcar las manifestaciones de cultura prehispánica, colonial, republicana, científica e incluso la protección de las bellezas naturales, pero se topó con una discusión en la Asamblea Legislativa sobre el derecho a la propiedad privada y la oposición del gremio de artistas.
El texto original, presentado en 1978 ante la Comisión de Asuntos Sociales, lo componían 66 artículos, tal y como constató La Nación en una revisión del expediente en el archivo del Congreso.
Sin embargo, el documento que salió de ese reciento, en 1979, solo requirió de 39 artículos. De los cuales, cuatro fueron declarados inconstitucionales en 1983, precisamente por afectar la propiedad privada.
¿Cómo ocurrió?
En la Comisión de Asuntos Sociales se escucharon puntos de vista de arqueólogos, de la Junta Administrativa del Museo Nacional y hasta del sindicato de huaqueros, que defendía su labor de saqueo y comercialización de bienes arqueológicos.
En julio de 1978, Marina Volio, Ministra de Cultura, dio sus recomendaciones sobre la ley a los diputados. No objetó que se tratara de una legislación que defendiera la protección del patrimonio cultural como un todo.
No obstante, dos meses después de su comparecencia, la posición del Ministerio de Cultura viró en 180 grados. El viceministro César Valverde comentó que después de la visita de Volio, una serie de nuevas opiniones sobre la ley, los hicieron ver la iniciativa con otros ojos.
Comentó que realizaron una mesa redonda con 500 artistas, coleccionistas y amantes del arte que estuvieron de acuerdo en que, lo mejor para el proyecto, era que se refiriera únicamente a la defensa del patrimonio arqueológico.
Había un temor por la propiedad intelectual y por el derecho de los propietarios de obras a hacer con ellas lo que les placiera. "Había muchos intereses personales de por medio, de gente poderosa", recuerda Calvo.
"Los artistas consideran que la ley lesiona sus intereses y que inhibe, en cierta forma, su creación", dijo Valverde, quien fue un reconocido pintor y escritor costarricense.
El Viceministro argumentó que lo urgente era defender los objetos precolombinos del saqueo, que en aquella época era masivo.
"El patrimonio artístico es otra cosa: es la creación de nosotros, los artistas. Sobre eso se podría legislar posteriormente", dijo el funcionario.
Los diputados estuvieron de acuerdo con la propuesta y fue así como la ley se aprobó, exclusivamente, para velar por el arte prehispánico, exclusivamente.
Sin embargo, actualmente, Costa Rica también cuenta con una Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico y con una Ley de Sistema Nacional de Archivos que castiga la exportación ilegal de documentos de valor científico cultural.
