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Centenares de empleados judiciales sumaban ya 13 días de huelga contra un proyecto de ley para recortar las pensiones del Poder Judicial.
Corría el mes de julio del 2017, y los diputados se enfrentaban al reto de modificar ese régimen de jubilaciones, para evitar un eventual un hueco de ¢5,3 billones en las finanzas públicas, o ceder a las presiones.
Pese a la fuerte oposición y luego de consultas a la Sala Constitucional, los congresistas finalmente ganaron el pulso y, este 19 de abril, convirtieron en ley el plan que elimina las pensiones de lujo en el Poder Judicial. Esta reforma es calificada por la mayoría de fracciones salientes, como uno de los principales logros de este Congreso.
Esta ley es parte de las 297 aprobadas entre el 1.° de mayo de 2014 y el 19 de abril de 2018. La Nación conversó con los representantes de los diferentes partidos políticos sobre el legado y los pendientes que dejan luego de cuatro legislaturas.
En total, resaltaron cerca de 30 leyes, relacionadas con recorte a pensiones, aprobación de empréstitos para obras, la reforma al Código Procesal Civil y Laboral y otros proyectos relacionados con asuntos fiscales y de control de gasto.
Mientras, la reforma fiscal y cambios al Reglamento legislativo son las principales deudas.
Sierra a privilegios
Además de la reforma a las pensiones judiciales, los diputados aprobaron otras cuatro leyes que buscaban recortar pensiones de lujo. Por ejemplo, se estableció una contribución a las pensiones superiores a ¢2,5 millones, se eliminó el aumento de 30% anual a las jubilaciones de exdiputados y que estas pudieran ser heredadas de forma vitalicia por sus hijos y se aumentó la edad de retiro para estos regímenes especiales.
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Los cambios al sistema jubilatorio judicial fueron los que generaron mayor conflicto.
Los diputados Ottón Solís del Partido Acción Ciudadana y Otto Guevara del Movimiento Libertario, coinciden en que estas modificaciones son una muestra del compromiso del Congreso con el control del gasto.
“Fue de los puntos más altos en cuanto a producción de leyes en la Asamblea”, dijo Guevara.
Dinero sí, obras aún esperan
Otras de las coincidencias de los legisladores en cuanto a su legado es la aprobación de leyes para desarrollar obras. Tal es el caso de los fideicomisos para construir la carretera San José - San Ramón y San José - Cartago, el préstamo para la ruta 32 y un empréstito por $400 millones para construir vías y obra portuaria.
No obstante, diputados resienten el poco o nulo avance en la ejecución de los recursos. “Hubiéramos esperado mayor agilidad en el desarrollo de estos proyectos que se aprobaron ya hace tres años”, comentó el jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana, William Alvarado.
Una muestra de ello es que el Banco de Costa Rica que administrará el fideicomiso para la vía San José - San Ramón, informó de que necesitará 37 meses para definir los detalles de la obra.
Tampoco hay diseños ni se ha definido el financiamiento para la carretera a Cartago. Las obras en la carretera a Limón comenzaron este jueves.
El presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, lamentó que varios empréstitos aprobados estén pagando intereses y sin ejecutarse las obras.
En una condición similar están los proyectos a financiar con los $420 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para el fortalecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social y que permitiría la construcción de los hospitales de Cartago, Turrialba y Golfito. A la fecha, se conoce que la construcción y equipamiento del hospital de Turrialba fue adjudicado a la empresa Van Der Laat y Jiménez.
Deuda fiscal
La gran tarea que deja del Congreso saliente es la aprobación de la reforma fiscal. “Es una deuda compartida con el Poder Ejecutivo que no mostró los esfuerzos para avanzar en el tope al presupuesto y cambios al empleo público”, argumentó la jefa de fracción liberacionista, Karla Prendas.
Con ella coinciden la mayoría de los representantes de las demás agrupaciones políticas. Aunque en la recta final los diputados llegaron a un acuerdo para darle vía rápida al plan, el tiempo no les alcanzó.
Lo que sí lograron fueron reformas de menor impacto fiscal. Es el caso del plan contra el fraude fiscal aprobado en el 2016 y una ley para atacar el contrabando. Además, se tasó con un impuesto a las sociedades anónimas y a los moteles.
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También se aprobó una ley para que los recursos no ejecutados de las instituciones en un plazo determinado puedan regresar a caja única del Estado, lo cual evitaría endeudamiento para conseguir recursosy otra iniciativa que redujo el aporte estatal para las campañas políticas del 2018 y 2020.
En cuanto al control político, los legisladores declaran satisfacción sobre el trabajo hecho por la Comisión de Control e Ingreso del Gasto Público y comités especiales como la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios (cemento chino), cuya labor concluyó con la recomendación para sancionar a 29 funcionarios públicos de los tres poderes de la República y de dos bancos estatales.
“La comisión sobre el cemento no solo permitió evidenciar posibles hechos de corrupción sino también inducir cambios en la Fiscalía General, en el Poder Judicial, en la Corte Suprema de Justicia y en la propia Asamblea Legislativa”, destacó Ottón Solís.
Finalmente, también se logró la aprobación de proyectos de otra índole como la ley para promover el transporte eléctrico, la de relaciones impropias, la Reforma Procesal Laboral y Civil, la ley contra el nepotismo en la Asamblea Legislativa y la ley de bienestar animal.
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