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El Ministerio Público le solicitó a la Sala Tercera desestimar la denuncia interpuesta por el cantante Luis Alonso Naranjo contra el diputado y presidente del Partido Restauración Nacional (PRN), Carlos Avendaño, por los aparentes delitos de estafa y difusión no autorizada de su propiedad intelectual.
"La Fiscalía General informó de que el expediente 18-000201-033-PE, el cual ingresó el 27 de noviembre del 2018, se remitió a la Sala III con el requerimiento conclusivo de este despacho. En la causa, se investigó al señor Avendaño”, respondió la oficina de prensa de esa dependencia, en un correo electrónico, ante una consulta de La Nación.
Posteriormente, el departamento de Comunicación del Poder Judicial precisó que el Ministerio Público lo que solicitó fue la desestimación de la causa desde el 4 de febrero anterior y que, actualmente, la gestión se encuentra en estudio de admisibilidad.
Según el artículo 282 del Código Procesal Penal, la Fiscalía pide desestimar un expediente cuando “el hecho denunciado no constituya delito o sea imposible proceder”.
No obstante, si la petitoria es avala por los magistrados de la Sala III, eso no impide reabrir el procedimiento en un futuro, si aparecen nuevas pruebas o circunstancias.
En un principio, Naranjo pidió investigar a Avendaño bajo el alegato de que Restauración utilizó, sin su consentimiento, 125 videos y varias producciones musicales suyas, durante la campaña presidencial de Fabricio Alvarado.
Por esos presuntos hechos y por la supuesta violación a su propiedad intelectual, el cantante reclamó el pago de $851.500 (casi ¢500 millones al tipo de cambio actual).
Junto a Avendaño, en la causa también figuraban como denunciados el secretario general del PRN, Miguel Ángel Quesada Niño; la tesorera, Jéssica Sequeira Muñoz; el vicepresidente, Rodolfo Sáenz Salas; la subsecretaría general, María Odilia Calvo Bolaños; el subtesorero, Luis Diego Garro Sánchez; y el director ejecutivo, Juan Carlos Avendaño Salas.
Naranjo responsabiliza a jefe de campaña de Fabricio Alvarado
Mario Soto, abogado de Avendaño, se mostró complacido por lo resuelto por la Fiscalía: “Es un avance muy importante porque se va reconociendo, poco a poco, que nuestro papel es de acatamiento de la ley, somos víctimas y denunciantes y son otros los que se mantienen cuestionados”.
Por su parte, el cantante dijo que no comparte la decisión del Ministerio Público y responsabilizó al otrora jefe de campaña de Fabricio Alvarado, el productor de conciertos Juan Carlos Campos, por aparentemente propiciar que el PRN utilizara, de manera ilegítima, su propiedad intelectual.
"Sobre la supuesta desestimación es importante indicar que se respeta, pero que no se comparten las conclusiones de la Fiscalía General. Vale agregar que se desestimó el caso por falta de pruebas; sin embargo, nosotros presentamos pruebas y testigos que ni siquiera fueron admitidos, ni tomadas sus declaraciones por parte de la Fiscalía.
"(...) Tengo claro que algún tribunal de este país, civil o penal, hará justicia y declarará que mi propiedad intelectual fue utilizada sin mi permiso expreso y sin pagar por ello. En definitiva, quien usó mi propiedad intelectual fue el Partido Restauración Nacional, quien con fondos públicos canceló a medios de comunicación la difusión de mi propiedad intelectual sin pagarme.
"Pero también tengo claro que dicho uso fue posible por responsabilidad directa de Juan Carlos Campos, dueño de la empresa One Sports, quien me encargó la realización de la propiedad intelectual, para la campaña del PRN”, declaró Naranjo, en mensajes de WhatsApp, ante una consulta de este medio.
El detalle del caso
En la denuncia, Luis Alonso Naranjo adujo que él fue víctima de estafa, pues en todo momento se le hizo creer que estaba dentro de una relación comercial con Restauración Nacional y que su empresa, Crescendo Mercado, iba a recibir un pago por sus servicios para la campaña electoral de Fabricio Alvarado.
Entre las pruebas que aportó, estaba el catálogo con los supuestos videos realizados y un monitoreo de la pauta de los audiovisuales en medios de comunicación nacionales. Además, el músico puso a disposición de las autoridades la computadora en la que afirma se editó el material de la campaña.
También, ofreció como testigos al excandidato Fabricio Alvarado, a los diputados fabricistas Ivonne Acuña y Jonathan Prendas, así como a Juan Carlos Campos.
Por los videos y producciones musicales, Luis Alonso Naranjo cobró inicialmente ¢115,5 millones a Restauración, apenas pasada la segunda ronda electoral del 1.° de abril de 2018.
No obstante, Avendaño se negó a pagar bajo el argumento de que nunca se firmó un contrato con Crescendo, la empresa de Naranjo, y que no se cumplió con el protocolo que establece el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que el gasto fuera redimido por fondos de la deuda política.
Días después, el legislador denunció ante la prensa la existencia de una “estructura paralela” que habría financiado parte de los gastos de la campaña de Alvarado, fuera de los controles establecidos por el Comité Ejecutivo de Restauración y al margen de la normativa electoral.
Además, presentó formalmente, el 25 de junio del 2018, una denuncia ante el Ministerio Público contra el equipo de campaña de Alvarado, por la comisión de tres aparentes delitos para las elecciones del 2018.
El congresista señaló la existencia de una supuesta estructura paralela de financiamiento, un presunto delito de estafa mayor y otro de extorsión simple.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que esa denuncia de Carlos Avendaño se tramita bajo el expediente 18-000075-1218-PE y figuran dos hombres como investigados: Juan Carlos Campos y el abogado Jonatán Picado, quien fue un cercano colaborador de Fabricio Alvarado en la campaña.
Esa causa se encuentra en la etapa preparatoria de la investigación, que consiste en la recolección y análisis de pruebas y en específico se "investigan hechos relacionados con la supuesta donación para el pago de la casa campaña del partido Restauración Nacional y sobre la llamada, en medios de comunicación, ‘estructura paralela’”.
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Múltiples señalamientos
En marzo anterior, La Nación denunció que el comando de campaña de Fabricio Alvarado le pagó a dos empresas $65.000 (¢40,3 millones) al margen del Código Electoral y fuera de los procesos de control que el PRN estableció para la segunda ronda del 2018.
Sin el aval del comité ejecutivo del PRN, el comando contrató y financió los servicios de las firmas Repúblika Independiente y Data24Lab, las cuales realizaron trabajos de marketing digital y monitoreo de redes sociales, respectivamente.
Los pagos a esas dos compañías no constan en la liquidación de gastos que la agrupación entregó al TSE, según constató La Nación en una revisión de los auxiliares contables.
Ese mismo mes, este medio informó de que personas que trabajaron en el corazón de la campaña de Alvarado le relataron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) cómo el comando habría recibido dinero en efectivo, principalmente en fajos de $1.000, para pagar proveedores y empleados sin que ese flujo de recursos conste en los registros que exige la legislación electoral para conocer el origen de los fondos.
En uno de los testimonios, también se mencionó la convocatoria de cenas de recaudación en hoteles y restaurantes capitalinos, en las que habría participado Fabricio Alvarado, aunque el partido le reportó al TSE donaciones por menos de ¢7 millones en efectivo y ¢12,7 millones en especie.
A su vez, el TSE encontró tres proveedores que confirmaron haber recibido $96.000 (¢59,5 millones) en efectivo sin que aparecieran en los registros del partido.
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En abril, La Nación publicó que, de cara a la segunda ronda electoral del 2018, una empresa liderada por el mexicano Sergio José Gutiérrez, a quien se le cataloga como “el mejor estratega digital del mundo”, trabajó para la campaña de Alvarado.
Sin embargo, no existe ningún registro sobre la labor de la compañía extranjera, de nombre Espora, en los reportes que el PRN le entregó al TSE. No se aportó un comprobante de pago o un contrato, como tampoco un reporte de donación.
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En mayo, el TSE denunció ante el Ministerio Público la supuesta donación ilegal del alquiler de la sede de campaña que Alvarado tuvo en Sabana Norte, San José, durante dos meses, previo a la segunda ronda del 1.° de abril del 2018.
De acuerdo con el Tribunal, el pago de ese arrendamiento se hizo desde la cuenta bancaria de la sociedad anónima One Sports Costa Rica, a pesar de que el Código Electoral prohíbe las contribuciones de personas jurídicas, ya sea con dinero en efectivo, o bien, en especie.
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Finalmente, esta semana se publicó que un informe del TSE señala que la actual jefa del bloque Nueva República, la diputada Carmen Chan Mora, y el exlegislador socialcristiano Gerardo Vargas Rojas, habrían movido dinero en efectivo en la zona sur del país, en favor de la campaña presidencial de Alvarado.
En tales movimientos también habría participado el alcalde de Osa, Alberto Cole De León, representante del Partido Liberación Nacional (PLN).
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) llegó a esa conclusión luego de entrevistar a presuntos proveedores del PRN, quienes relataron haber recibido o conocido de pagos en efectivo realizados por dirigentes de la campaña fabricista en Golfito, Palmar Norte, Coto Brus y Corredores.
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