Mitad de municipios desecha esfuerzo de casas que reciclan

Esas alcaldías no dan ese servicio diferenciado en viviendas. Solo ofrecen contenedores o campañas ocasionales en parques para que sus habitantes, por cuenta propia, trasladen allí lo que desean reciclar.

Así, si algún miembro de esas casas no lleva las bolsas a esos puntos (sean o no campañas municipales), estas se van revueltas en el camión con cosas que sí son basura.

Los hogares donde esos gobiernos locales no recolectan residuos con valor son el 40% de todos los que hay en esos 40 municipios; ubicados, la mayoría (26) fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

Los materiales que pudieron reciclarse terminarán –en el mejor caso– en un relleno sanitario y no en uno de los 270 centros de recuperación que, según el Ministerio de Salud, existen en el país. Allí se venden a empresas que los usan para hacer nuevos productos o los exportan.

Cada mes, las municipalidades recolectan unas 70.000 toneladas de residuos sólidos; de ellas, reciclan 1.400 toneladas.Entre los cantones sin el servicio selectivo están Cartago, Alajuela, Heredia y Puntarenas.

Las cifras provienen de dos análisis de La Nación . Para el primero, se extrajeron los datos de dos preguntas que el Censo 2011 hizo por primera vez a los hogares: ¿Cómo eliminan sus desechos?, y si separan de la basura: plástico, vidrio, aluminio y papel. Con esos números se creó y analizó una base de datos, por cantón y distrito.

Para el segundo, se llamó a los 81 municipios y con la información de 72 se construyó otra base de datos con cantidad de toneladas de residuos recogidas y recicladas al mes. También se les preguntó si, además del servicio tradicional de recolección de basura, dan el de reciclables, al menos un día al mes, en todos o algunos de sus distritos. A esa pregunta respondió que no el 56% de los 72 gestores ambientales o encargados entrevistados.

Entre los obstáculos, mencionaron bajo presupuesto, morosidad de contribuyentes, poca educación de la gente y falta de aprobación del plan que pide Salud para iniciar los programas, cuya elaboración cuesta más de ¢6 millones.

Del papel al hecho. La Ley para la Gestión Integral de Residuos (8839) advierte en el artículo 8 que los municipios son los responsables de gestionar los residuos en su cantón.

El inciso d de ese artículo afirma que deben “garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección de residuos en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes”.

Esa responsabilidad se ratificó en el artículo 20 del reglamento a esa ley, aprobado en marzo anterior. Este da, a partir de su publicación, 12 meses para que los municipios entreguen el plan de gestión de residuos sólidos al Ministerio de Salud.

Hasta hoy, casi todos los gobiernos cumplen con algo que la ley, en el artículo 8, inciso g, pide impulsar: campañas de recolección en parques o colocar contenedores .

“Impulsar no es una obligación. Eso está bien, pero es la parte alternativa de la ley. Lo que sí es exigido es la recolección selectiva, eso quiere decir en la fuente (hogares). La ley dice que las municipalidades deben garantizarlo, esa es la palabra que las obliga”, afirmó Eugenio Androvetto, director del departamento de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud.

Elizabeth Venegas, gestora de proyectos de Cegesti, firma consultora en desarrollo sostenible, y Aldemar Arguello, de la Gerencia de Servicios para el Desarrollo Local de la Contraloría General de la República, coinciden en que las municipalidades deben dar esa recolección diferenciada.

“Si no lo hacen, cualquier esfuerzo que hagan las viviendas para clasificar residuos se está perdiendo”, argumentó Arguello.

Venegas añade que a ningún ciudadano se le puede negar ese servicio.“Lo puede exigir. Hay un costo económico en el que deben incurrir los municipios, pero también es un asunto de voluntad política”, dice.

Edmundo Abellán, ingeniero del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal no está de acuerdo.

“La recolección puerta a puerta no es obligatoria. La municipalidad puede decirle a sus habitantes que solo les recoge valorizables en un punto equis. Yo como ciudadano, entonces, voy y entrego ahí mis residuos. La ley no puede ir más allá” , opinó Abellán.

Ante esas divergencias, La Nación pidió un criterio a la Procuraduría General de la República para saber si las municipalidades están o no exigidas a brindar el servicio selectivo en las casas. Vívian Burban, periodista del ente, dijo que no darían declaraciones pues solo evacuan “consultas a la Administración Pública”.

Una brasa. Para Carlos Luis Mora, alcalde de Buenos Aires, Puntarenas, esa ley es “como tener una brasa en la mano, tenemos que cumplirla, pero los recursos son escasos. Aquí solo lo mitad de la gente paga los impuestos.”, agrega el alcalde.

En otras alcaldías como la de Tarrazú, en San José, analizan un nuevo modelo de tarifas para conseguir el dinero y ejecutar la recolección selectiva en las viviendas, cuenta Alex Bolaños, encargado del tema.

Esa es la mejor vía que pueden seguir los gobiernos locales para cumplir sus obligaciones, opina Olman Mora de la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente.

“Hay que actualizar las tarifas. Un camión para recolección selectiva vale más de ¢200 millones. Los ciudadanos también deben poner de su parte, evitar y reducir el consumo de lo que no necesitan”, recomienda Mora.

Las discrepancias sobre la ley reflejan el tamaño de un problema del que pocos quieren hacerse cargo, dijo Sergio González, director de la Fundación Centro de Productividad Nacional.

“El gobierno le pasó todo el chicharrón del manejo integral de residuos a las municipalidades son las encargadas, pero ahora con más responsabilidad. Tenemos un Ministerio de Salud que es un policía, a veces es rejego, en otras es estricto o no aparece. Un policía que ahora tiene un garrote más grande: la ley 8839, dijo.

Androvetto, defiende que, quiéranlo o no “las municipalidades deben cumplir la ley y recoger residuos en las casas; está clarísimo”.