Cuatro de cada diez casos de covid-19 en el país se registran dentro de un pequeño grupo de comunidades donde se concentra el 65% de las personas que se encuentran en pobreza extrema.

Se trata de 75 distritos —el 17% de un total nacional de 488— que el Gobierno considera prioritarios para sus programas sociales, porque allí se ubican los hogares con los ingresos más bajos.

Ese grupo de comunidades acumuló, al 30 de noviembre, 53.503 casos de covid-19, es decir, el 38% de los 139.638 enfermos positivos diagnosticados hasta ese día, según los datos oficiales del Ministerio de Salud.

Al cierre del pasado mes en esos distritos también se registraron 609 muertes de personas que habían dado positivo en la prueba que detecta el coronavirus, lo cual se traduce en el 35% del total, que a esa fecha era de 1.726 fallecidos.

Los distritos del grupo que acumulan más casos y muertes son Pavas, Uruca y Hatillo, en San José; San Francisco, en Heredia y el distrito central de Limón.

Mientras, el porcentaje más alto de letalidad, de ese conjunto de distritos, está en Palmar de Osa, con un 4,6%. De 235 personas que contrajeron la enfermedad en ese distrito, 11 murieron; le siguen los distritos de Potrero Grande, en Buenos Aires, con un 4,4% de letalidad y San Vito, en Coto Brus, con un 3,2%.

En total, 27 de los 75 distritos en pobreza extrema tienen una letalidad mayor al promedio nacional, que era del 1,2% al cierre de noviembre.

Hacinamiento y sin acceso a seguridad social

Para Natalia Morales, investigadora del Programa Estado de la Nación, las características de los hogares en pobreza extrema los coloca per se en una situación de riesgo total ante la pandemia, tanto desde la perspectiva de salud como de la social.

“Los pobres extremos son personas que ni siquiera tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades de alimentación. Cuando uno ve el perfil de los pobres extremos son personas que viven en condiciones muy precarias, con muy malas condiciones de vivienda, sin acceso a servicios”, explicó Morales.

Esa condición de riesgo la enfrentan 112.987 hogares en el país, en donde viven 435.091 personas, según la última Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), o sea, el 8,5% de la población costarricense.

Los primeros efectos de la pandemia relacionados con la pobreza extrema, ya fueron documentados por el INEC en dicha encuesta. De julio de 2019 a julio de 2020, la cifra de pobres extremos aumentó 1,8 puntos porcentuales, es decir, 96.697 personas más fueron catalogadas en esa condición.

El ingreso mensual promedio de estos hogares es de ¢111.509, mientras que la media por persona es de ¢27.883.

Ese monto per cápita es muy inferior al que se considera adecuado para establecer que un hogar está fuera de la línea de pobreza. En la región urbana los ingresos mensuales por persona deben ser mayores a ¢112.266 y en la rural deben superar los ¢86.439.

El dinero con el que subsisten las familias en pobreza extrema proviene principalmente de actividades informales. Situación que hace que la salud de esa población sea muy vulnerable ante la covid-19, ya que la mayoría de pobres extremos carece de acceso a la seguridad social, aseguró a La Nación el ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez, quien ejerce la presidencia ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

De las 435.091 personas en pobreza extrema, poco más del 60% (263.579) no tiene seguro de salud, ese porcentaje baja al 48,2% en hogares pobres no extremos y al 29% en no pobres, de acuerdo con las estimaciones del INEC.

Otro factor de riesgo que enfrentan estos hogares y que se agudiza en la zona urbana, es el hacinamiento.

“En el caso de lo que son distritos urbanos vamos a encontrar mayores condiciones de hacinamiento, vamos a encontrar un tipo de vivienda más pequeña y deteriorada, vamos a encontrar sobre todo en asentamientos informales viviendas construidas con materiales de desecho”, dijo Bermúdez.

Las cifras del INEC indican que el 32% de los hogares en pobreza extrema están conformados por al menos cinco personas, mientras que en el caso de los hogares no pobres esa cifra es solo del 15%.

Esta población también está expuesta a otros riesgos relacionados con el acceso a servicios básicos de salubridad.

Por ejemplo, el 9,5% de la población en extrema pobreza no tiene acceso al servicio de agua potable, un 4% no cuenta con un sistema de eliminación de excretas y el 15,5% no recibe servicio de recolección de basura.

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Escolaridad, trabajo y atención a mujeres

Para Morales, la investigadora del Estado de la Nación, lograr que las condiciones en que viven estas personas no empeoren a mediano plazo requiere enfrentar retos que ya estaban presentes desde antes de la pandemia, como por ejemplo, generar empleo para quienes tienen una baja formación académica.

El 7% de las jefaturas de los hogares en pobreza extrema no tienen ninguna escolaridad y un 23% tienen solo de uno a cinco años de estudios, es decir que no terminaron la primaria, según la última Encuesta Nacional de Hogares.

La escolaridad es un factor clave para conseguir trabajo en el país. Según el INEC, el 61% de las personas desempleadas tienen la secundaria incompleta. Los pobres extremos reportan la cifra más alta de desempleo con un 59%.

Paralelo a la generación de opciones laborales, el ministro Bermúdez considera fundamental fortalecer el apoyo a las mujeres jefas de hogar, ya que estas lideran el 48% de los hogares en pobreza extrema.

Así como asegurar la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo y de las transferencias económicas que permitan el desarrollo nutricional y neurológico de niños y adolescentes.

“Los niños y niñas que están en hogares en situación de pobreza podrían ser afectados en razón de acceder a una alimentación de menor calidad y eso tiene un impacto importantísimo en el éxito escolar futuro y en el desarrollo del ser humano. Hay que garantizar la continuidad de las transferencias condicionadas a los estudiantes, a pesar de que la modalidad que se aplique para el 2021 sea híbrida, sea basada en educación virtual o sea de nuevo presencial en algún momento, el país no puede permitirse perder a una generación como la que se perdió en los años 80″, concluyó Bermúdez.