López asegura que a esa comunidad guanacasteca trasladaron las 16 vacas que le robaron la madrugada del 31 de diciembre. Llegó a esa conclusión luego de reconstruir el trayecto de los delincuentes mediante las grabaciones de las cámaras de seguridad de distintos comercios.

No obstante, no logró dar con el paradero definitivo de los animales sustraídos, que estaban valorados en ¢5 millones, ¢312.500 cada bovino, en promedio.

Ese fue el segundo atraco que vivió López el año pasado, pues meses antes le habían destazado otras cuatro vacas que costaban unos ¢2 millones, es decir, que le arrebataron al menos ¢7 millones en ganado, a lo largo del 2018.

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El caso de López no es aislado y por el contrario, se repite una y otra vez, principalmente en las zonas rurales del país y con bajos índices de desarrollo.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se reportaron 37.427 cabezas de ganado robados o destazados, entre enero de 2007 y noviembre de 2018. Esa cifra equivale a 262 bovinos, equinos y cerdos al mes, o nueve al día.

El sector más golpeado es el de los bovinos, el 85% de los animales sustraídos (31.936) eran vacunos, y las pérdidas son enormes, según explica el presidente de la Corporación Ganadera (Corfoga), Leonardo Luconi.

Subregistro de robos

Solo en el 2017 se reportaron 2.366 reses robadas o destazadas, cuyo valor promedio unitario ronda los ¢400.000, o sea, que el sector tuvo pérdidas por ¢946 millones ese año, sin contar los casos que los ganaderos no denuncian ante el OIJ, los cuales se estima que triplican las cifras denunciadas.

“El ganadero no denuncia y eso tiene una explicación lógica, a mí me mataron la res y ya no la voy a recuperar, si voy a poner la denuncia pierdo el día y por lo general no sucede nada, entonces la cifra que no se reporta es muchísimo más grande que la que se denuncia”, explicó Luconi.

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2017, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), respalda la explicación del presidente de Corfoga. En ese estudio, los ganaderos reportaron la pérdida de 8.923 animales por robo o destace, es decir 6.557 más que los denunciados ante el OIJ.

La diferencia entre los casos denunciados y los contabilizados por la encuesta es de un 277%. Dicha disparidad incrementaría las pérdidas por año del sector ganadero de ¢946 millones a ¢3.569 millones.

Además, los ganaderos incurren en gastos extra en el proceso de cría para tratar de asegurar sus animales lo mayor posible y así, evitar nuevos robos o destaces.

De acuerdo con los jerarcas de Corfoga, los productores se ven obligados a invertir más recursos en el desplazamiento del ganado desde los potreros hasta corrales o zonas donde puedan tener cierta vigilancia, y eso afecta la energía de los animales y su productividad.

Golpe a la zona rural

Las zonas en que se reportan más casos son por lo general rurales y con bajos índices de desarrollo, situación que hace, según el director ejecutivo de Corfoga, Luis Diego Obando, que en el país se hable poco del impacto que tiene este tipo de crimen.

“El golpe en la zona rural es enorme, lo que pasa es que como sucede en los cantones más deprimidos y abandonados del país pues se habla poco, pareciera que importa poco, pero si uno pone esto en contexto se da cuenta que es un drama tremendo".

"Cuando se roban un ternero estamos hablando de casi dos años de trabajo, peor una vaca porque es toda una inversión de energía y tiempo para llevarla hasta la edad reproductiva. Hemos llegado donde ganaderos que les robaron todo el ganado y solo se quedan con las deudas en el banco y sin saber cómo seguir”, enfatizó Obando.

De los 20 cantones con más incidencia de este crimen 16, es decir el 80%, pertenecen a los dos quintiles de menor desarrollo social, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Social Cantonal 2017, publicado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).

Y según los datos del OIJ, los cantones que presentan mayor cantidad de robos y destaces de ganado fueron Upala, San Carlos, Pococí y Sarapiquí, de enero de 2017 al 30 de noviembre de 2018.

Más destace que robos

Solo entre enero del 2017 y noviembre del año pasado, el OIJ recibió 1.053 denuncias por destace y 887 por robo, es decir, que las denuncias por destace superaron en un 19% a las de robo.

Dicho comportamiento, hace creer a los ganaderos que cada vez hay más grupos de crimen organizado atrás de estos actos, especialmente por la especialización que se debe tener para destazar una res en finca y por el armamento que portan.

Sin embargo, el jefe de la sección de Robos y Hurtos del OIJ, Eddy Roda, aseguró que ellos investigan casos muy variados, desde bandas que funcionan sistemáticamente a lo largo del país y buscan dar golpes de mayor magnitud económica, hasta vecinos que hacen robos pequeños, pero que tienen el conocimiento técnico para realizar un destace en finca.

“Es cierto que a veces existe alguna organización importante, pero también tenemos cuatreros y gente de campo que sabe cómo destazar una res, cómo destazar un caballo o un cerdo".

“En la zona rural no es algo extraño saber cómo se hace eso, entonces lo normal es que se van a un potrero, ahí mismo lo matan, lo destazan, sacan la carne en bolsas y la mueven en un carro pequeño”, expresó Roda.

Cambio legal. Ese cambio en la dinámica del hampa comenzó a experimentarse principalmente desde el 2010, cuando se implementó un sistema de trazabilidad que le complicó a los delincuentes la movilización de las reses robadas, pero a su vez, tuvo el efecto indirecto de incrementar los casos de destace en la propia finca.

Así lo explicó Federico Chaverri, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa): “Antes de la ley la tendencia era robar el ganado en pie, ahora lo que hacen más es el destace en potrero, el sistema de guías es muy útil para fines sanitarios y para frenar el robo de ganado en pie, pero lamentablemente hizo que los delincuentes cambiaran el sistema operativo”.

"Mover animales en pie requiere de una logística más complicada, requiere vehículos de transporte y es mucho más evidente que destazar animales en potrero, sacar unos cortes, meterlos en bolsas y moverlos en un carro sedán con la cajuela cerrada”.

Chaverri se refiere a la Ley de control de ganado bovino, prevención y sanción de su robo, hurto y receptación, que entró en vigencia hace nueve años y que estableció un sistema de trazabilidad para el movimiento de ganado mediante el uso de guías, tanto con fines de salubridad como para evitar el transporte de animales robados.

Estas guías se deben llenar con datos como el nombre del propietario del ganado, el origen y destino de los animales, la identificación del transportistas y las marcas de propiedad visibles en el animal.

Riesgo para la salud

Otra arista de este problema es el riesgo que representa para la salud pública, ya que los delincuentes venden la carne de destace en diferentes locales para su comercialización.

“Evidentemente las condiciones de matanza en potrero presentan muchas preocupaciones y una de ellas es la sanitaria. Las personas no están entrenadas en el manejo adecuado de alimentos, ni tienen la infraestructura para sacrificar animales con seguridad, esta carne puede tener contacto con tierra o entrar en contacto con materiales contaminados, podría existir una perforación de vísceras o contaminación fecal. Los riesgos son muchos”, añadió el director de Senasa.

Según Chaverri, contrario a la creencia popular las carnicerías no son las principales receptoras de carne robada. La mayoría del producto sería adquirido por locales en que la carne se vende cocinada, como turnos, fiestas patronales, restaurantes, bares y fondas.

"Hemos tenido hallazgos de carnes con pasto, también hemos identificado la existencia de inconsistencias entre el inventario y las facturas, el nivel de control sobre las carnicerías es bastante estricto, por eso no consideramos que estén actuando como las principales receptoras, creemos que la venta de esta carne se concentra en establecimientos que preparan comida para la venta al consumidor como restaurantes, sodas, fondas de fincas bananeras, bares, cantinas, etcétera”, aseguró el jerarca.

Para enfrentar esa situación, Senasa realiza operativos en diferentes partes del país en coordinación con el Ministerio de Salud y las municipalidades. Dos de los últimos se presentaron en Sarapiquí, de Heredia y Cutris de San Carlos, en Alajuela.

Se requiere mucha articulación

Para el director ejecutivo de Corfoga, Luis Diego Obando, solucionar este problema no será sencillo e implica un funcionamiento óptimo del aparato institucional, tanto para enfrentar a los criminales como para recobrar la confianza de los ganaderos en el sistema.

“Lo importante es la articulación, la Fuerza Pública tiene que tener un rol preventivo, el OIJ dar seguimiento a las bandas e investigaciones, los ganaderos poner las denuncias para tener mapeado el problema, los fiscales montar bien los casos y Senasa seguir con las revisiones para atacar al topador, que es el que está poniendo el dinero de los criminales”, dijo Obando.

Mientras todas esas instancias no trabajen coordinadamente, casos como el de José Antonio López se seguirán repitiendo en las zonas rurales del país, dejando a los productores prácticamente sin saber cómo continuar con su negocio.

“Yo estoy vendiendo el ganado que me queda porque uno siente que está desprotegido, son delincuentes que a uno le dan miedo, yo estoy desesperado, el año pasado esas 16 reses más las que me mataron, queda uno sin saber qué hacer, a mí esto de las vacas me encanta, pero ya me decidí a vender lo que me queda porque es demasiado el riesgo, en una de esas lo terminan matando a uno también”, concluyó López.