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Los temas declarados como confidenciales proliferan en las actas que registran las discusiones de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR), según se desprende de las reseñas que empezaron a publicarse a finales de noviembre del 2024. Así ocurre luego de que un reglamento atribuyera al presidente de la entidad emisora y a la Gerencia amplias potestades para ocultar puntos discutidos.
Al revisar las transcripciones de las 14 sesiones disponibles y publicadas por primera vez, en más de la mitad de los casos (ocho actas) se declararon de uno a cinco temas como reservados. Mientras tanto, en las seis reuniones restantes los temas tratados, como cambios reglamentarios o presentaciones de estudios económicos, fueron completamente de acceso público.
Así se desprende de una revisión de las actas publicadas por el BCCR en su sitio web. La institución comenzó a divulgar las deliberaciones de la Directiva después de que, en octubre del año pasado, entró en vigor el Reglamento Operativo de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, el cual establece las bases para clasificar como secretos ciertos temas y documentos.
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó al ente emisor publicar en su portal, a más tardar el 29 de noviembre del 2024, la transcripción de las sesiones de la Junta, según el mandato del oficio DFOE-FIP-IAD-00001-2024.
En los casos declarados como confidenciales, se indica el fundamento legal que respalda esa decisión. Por ejemplo, en la sesión 6214-2024, celebrada el 10 de octubre del 2024, tres de los 10 asuntos conocidos fueron declarados secretos, según se detalla en una revisión realizada por este diario.
En otra acta, la 6216-2024, del 16 de octubre, cuatro de los 10 temas discutidos fueron confidenciales. En la sesión 6223-2024, del 7 de noviembre anterior, fue el día de mayor cantidad de asuntos reservados con cinco de los 16 vistos, según consta en los documentos disponibles en la web del ente emisor.
En la inspección de las actas, hecha por La Nación, se constató que en algunas ocasiones los propios directores manifestaron dudas sobre las razones para clasificar un tema como reservado.
Por ejemplo, en la sesión 6226-2024, del 5 de diciembre pasado, Róger Madrigal, presidente de la entidad, cuestionó la restricción impuesta a la propuesta de Reglamento para el Trámite de Denuncias e Investigaciones Preliminares del Banco Central de Costa Rica, argumentando que se trataba de un documento preliminar.
La Nación consultó al BCCR, el pasado 19 de diciembre mediante correo electrónico, el proceso mediante el cual se define un tema como confidencial y si en algún momento la discusión será de acceso público. Sin embargo, al cierre de este artículo no hubo respuesta.
Previo a la publicación de las actas de la Junta Directiva del Banco Central, la Contraloría General de la República (CGR) reveló que, en 33 de 53 documentos que analizó, se declaró información confidencial al menos un artículo, sin presentar el fundamento jurídico correspondiente. En otros casos, el motivo invocado para justificar la confidencialidad no se relacionaba con el tema tratado.
En las nuevas reglas sobre la operación de las sesiones de la Directiva se determinó que el presidente del BCCR y la Gerencia de la entidad pueden declarar el contenido reservado y confidencial cuando lo consideren necesario.
Además, se reservó información relacionada con documentos preparatorios y discusiones sobre temas como tipo de cambio, tasas de interés, encaje mínimo legal y el uso de instrumentos excepcionales para enfrentar desequilibrios económicos, tales como recargos sobre bienes importados y restricciones al crédito.
También se incluyeron procedimientos administrativos que involucran a funcionarios del BCCR, miembros del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y de las superintendencias financieras.
Otros puntos que se pueden declarar confidenciales son los procedimientos administrativos que involucren a funcionarios del BCCR, miembros del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y de las superintendencias financieras.
Temas sensibles
Los expresidentes del ente emisor Rodrigo Bolaños y Rodrigo Cubero comentaron, por separado, que hay temas sensibles cuya confidencialidad se hace necesaria mientras son discutidos en el seno de la Junta Directiva, pero coincidieron en que estos deben ser limitados.
“Los acuerdos que se declaren confidenciales indefinidamente o por un periodo deben limitarse, en mi opinión, a casos en los que en criterio de la Junta del Banco, no de la Administración, se estime que el costo social de divulgarlo es mayor al beneficio. Deberían ser casos muy limitados y hasta requerir una mayoría calificada”, apuntó Bolaños, quien dirigió el BCCR entre 1995 y 1998, y entre 2010 y 2014.
Por su parte, Rodrigo Cubero, jerarca del BCCR entre 2020-2024, agregó que la confidencialidad debe aplicarse en asuntos como procedimientos administrativos en fase de discusión, derechos administrativos y cuando se pueda dar un impacto económico, por ejemplo, al momento de intervenir en el mercado cambiario.
“La declaratoria de confidencialidad debería ser la excepción y no la regla. Prevalece el principio de publicidad en materia pública y el Banco Central está sujeto a dicho mandato”, puntualizó Cubero.
Él recordó que, a nivel operativo, es la Asesoría Jurídica del BCCR la que aconseja cuáles materias deben ser sensibles y debe justificarse bien.
Obligación legal
El BCCR hizo públicas sus actas ante una orden emitida por la CGR en un informe de auditoría, de agosto pasado, en el que se cuestionó su falta de transparencia por no publicar los documentos ni los hallazgos de las auditorías internas.
Adicionalmente, la Ley para Mejorar el Proceso de Control Presupuestario, que entró en vigor en noviembre del 2022, establece que las sesiones de los órganos colegiados del sector público deben grabarse en audio y vídeo, y conservarse en un medio digital que garantice su integridad.
En su defensa, el ente emisor alegó que las transcripciones de las sesiones de Junta siempre fueron públicas. De hecho así lo dijo Róger Madrigal, el pasado 5 de diciembre, según consta en el acta 6226-2024.
Sin embargo, los documentos no se publicaban en el sitio web, y no eran de acceso general, pues debían pedirse de manera formal, tal como reconoció el funcionario en esa sesión. Él se refirió al tema porque días antes se había iniciado la publicación de los documentos.
“Las actas han sido públicas, son documentos públicos, no hay ningún cambio en eso. Lo que se hizo es que se facilita el acceso a la población en este mundo, en esta era de las facilidades digitales”, aceptó el jerarca.
Adicionalmente, subrayó que la publicación íntegra de las discusiones de la Directiva, es mucho más transparente en comparación con la Reserva Federal de Estados Unidos (la Fed) que publica las minutas resumidas de las discusiones.
“El Banco lo que está publicando es la transcripción literal de la discusión completa de la Junta Directiva. Eso sinceramente creo que no lo he visto en otros lugares, porque las minutas que sacan la Reserva Federal, otros bancos centrales, el Banco Central Europeo, que las he visto, el Banco de Inglaterra, ya vienen editadas”, afirmó Madrigal, según consta en el acta del pasado 5 de diciembre.
Por su parte, el directivo Jorge Guardia manifestó que al ser las actas de acceso público, habrá una mayor fiscalización de medios de comunicación y políticos, por lo cual él decidió preparar sus intervenciones cuando se discutan temas de política monetaria o tasas de interés.
“Cuando venga la cuestión de tasas yo voy a tener que leer mi parte y, probablemente, la acompañe de algunos gráficos y cosas así, todos extraídos de fuentes del Banco Central”, indicó Guardia.
Junto con las actas, el ente emisor empezó a publicar los informes de la Auditoría Interna de la institución. La CGR fue la que obligó al Central a hacer de acceso público las actas de las sesiones de la Directiva y los informes de la Auditoría Interna.
“El Banco debe publicar las actas de la Junta Directiva y los informes de auditoría. Incluso, las entidades deben mantener actualizados en el sitio web los informes de la Auditoría Interna sobre la gestión institucional y las actas de los órganos colegiados”, según la fiscalización.
El ente contralor fijó el 31 de marzo del 2025 como fecha límite para que el BCCR entregue una certificación de cumplimiento de las disposiciones de difusión de las actas, elaboración de desempeño de los directivos y fundamentos claros de declaratoria de confidencialidad.
