Escuchar
El sector agropecuario mantiene la mayor protección arancelaria en Costa Rica, mientras se enfrenta a numerosos retos de cara, especialmente, a la apertura comercial acordada por el país en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y República Dominicana.
Así lo advierte la Organización Mundial del Comercio (OMC) en su informe del Examen de Políticas Comerciales de Costa Rica, cuyo documento fue liberado este miércoles.
El informe, además, resaltó la importancia de que las exportaciones nacionales hayan reducido la dependencia de Estados Unidos en el periodo en análisis (2013-2018), así como el aumento de la participación del sector turismo en la economía.
De acuerdo con ese reporte, el agro tiene un arancel (impuesto a la importación) promedio del 14,1% mientras que los productos denominados “no agrícolas” por la OMC tienen un promedio del 5,6%. El organismo multilateral recordó que Costa Rica consolidó ante esa organización aranceles para el agro que pueden llegar al 233,01%.
Actualmente, hay varios productos que mantienen aranceles altos. Por ejemplo, la carne y despojos comestibles de aves, los embutidos y productos similares, y las demás preparaciones y conservas de carne tienen impuestos de entrada del 151%; la leche y productos lácteos y los helados están con el 66%; los quesos y requesón al 51%; las cebollas el 46% y el arroz al 36%.
LEA MÁS: Pollo, arroz y lácteos entran en ruta a libre comercio con EE. UU.
"El sector (agrícola) enfrenta una serie de desafíos, entre los que se pueden mencionar: la baja productividad, la falta de efectividad de las instituciones públicas para brindar los servicios requeridos por el agro, la falta de competencia en los mercados agropecuarios internos y la inminente liberalización arancelaria, advirtió la OMC.
Agregó en su informe: “La liberalización arancelaria prevista en varios acuerdos comerciales suscritos por Costa Rica representa tanto un desafío como una oportunidad para el país. Es una oportunidad para reformar políticas, en particular en los mercados más protegidos. Sin embargo, la transición a mercados más abiertos implica un ajuste para los productores (entre los cuales no todos podrán ser competitivos en un mercado más abierto) y la reducción de la protección”.
Al 2025, productos con protección actual, como lácteos, arroz y pollo terminarán procesos paulatinos de eliminación de aranceles acordados en el TLC con Estados Unidos y su comercio quedará libre en ese pacto.
El jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, reconoció que el sector tiene atrasos y problemas para enfrentarse a la apertura comercial, pero aseguró que la causa es la ausencia, en los últimos 20 años, de gestiones puestas de manera correcta, para prepararlo a enfrentar la apertura.
Muchos sectores, aseguró, no fueron incluidos en los programas para llegar preparados a la competencia con los productos internacionales.
"Sí hay una demanda del sector para corregir esas deficiencias y la necesidad de ponerlo a punto con inversión tecnológica, preparación para el cambio climático, mejoramiento de mercados y una discusión profunda acerca de la intermediación que se da desde el productor hasta el consumidor, entre otros factores”, continuó el Ministro.
“Una serie de temas se quedaron botados y ahora los estamos abordando de manera agresiva para ponerlos en punto en lo que nos queda de gobierno”, consideró Alvarado.
Dos realidades
Desde el miércoles 18 de setiembre y hasta el próximo viernes, Costa Rica se presenta ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), a rendir el examen de políticas comerciales que cada seis años debe presentar ante ese grupo multilateral.
El examen se basa en un informe donde se analizan las políticas y medidas que el país ha tomado en el lapso determinado y que de alguna manera están relacionadas con la política comercial. Por tal motivo, se analizan desde las cifras económicas, pasando por la nueva legislación y hasta los análisis específicos por sectores productivos.
LEA MÁS: Costa Rica rinde examen de políticas comerciales ante la OMC
En su informe base para este escrutinio, la OMC recordó que el agro se divide en dos sectores con características muy diferentes (una dualidad ya advertida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Por un lado, el sector dedicado a la exportación, con rendimientos y avances notables, y por otro, los productos para el mercado local con problemas de productividad y de avance tecnológico.
El informe de la OMC añade que una situación parecida se presenta en la industria, con excelentes resultados en sectores de la manufactura dedicados a la exportación y ubicados en zonas francas, y en la otra acera, problemas con rubros destinados a consumo interno o los mercados regionales.
“Costa Rica ha logrado desarrollar manufacturas de alta tecnología, sobre todo destinadas a la exportación, mientras que otras ramas no han logrado los mismos niveles de competitividad”, detalló la organización.
En tanto, el informe resalta el comportamiento del turismo como uno de los sectores más dinámicos de la economía. Especificó que esa industria, al 2016, contribuyó en 6,3% al producto interno bruto (PIB) y en 13,2% al empleo total del país.
Además, aseguró la OMC, en ese 2016 el turismo representó el 42,5% de las exportaciones de servicios y el 19,5% de las exportaciones de bienes y servicios.
En lo referente a las regulaciones de competencia, el informe advirtió de que hay varios sectores no incluidos en ellas. Se trata de áreas como las municipalidades, Correos de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las empresas de servicios públicos, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el Instituto Nacional de Seguros (INS). Se añaden la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Junta de Protección Social (JPS).
Dentro de los sectores no regulados están organizaciones como la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) y el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé).
Esto implica, se estima, que un tercio de la economía costarricense no está sometido a las regulaciones de la competencia.
Bloqueo al aguacate mexicano es el caso más sonado
Durante el periodo analizado en el examen de políticas comerciales de Costa Rica (2013-2018), el conflicto más conocido y más cuestionado por los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) fue el de la suspensión de permisos para importar aguacate de la variedad Hass desde México y desde otros ocho mercados.
Así lo estableció el informe de la OMC sobre el examen de políticas comerciales de Costa Rica, liberado este miércoles 18 de setiembre.
LEA MÁS: Costa Rica diversifica orígenes del aguacate, aunque con menores importaciones
Esta medida se aplicó en mayo del 2015 por parte del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), que alegó protección del país para no permitir el ingreso de la enfermedad de la mancha del sol.
El documento de la OMC recuerda que la medida del aguacate fue cuestionada en el seno de la organización por cuatro miembros y que generó un proceso en el Órgano de Solución de Controversias, presentado por México. Esta solicitud mexicana está en proceso y en manos de un Tribunal Arbitral, el cual dará el fallo.
Otras dos medidas de Costa Rica fueron cuestionadas en la OMC en este lapso en análisis. Pero en ambos casos solo fue un miembro de la organización quien presentó los cuestionamientos y el tema no pasó a más.
Uno de esos casos fue la definición de los Límites Máximos de Residuos (LMR) de medicamentos en animales vivos. El otro caso fue cuando se lanzó el reglamento de Costa Rica sobre registro, uso y control de plaguicidas.
En general, Costa Rica no ha tenido muchos cuestionamientos por medidas fito o zoosanitarias, a juzgar por las cifras de la OMC. Durante el periodo 2013–2019, Costa Rica presentó 78 notificaciones (incluidas sus adiciones). De estas, 19 notificaciones fueron de medidas de urgencia (11 relacionadas con la preservación de los vegetales y el resto con la sanidad animal), de acuerdo con el informe del examen de políticas comerciales.
