El grupo Consumidores de Costa Rica calificó, ayer, de engaño la baja de ¢52 por cada bolsa de dos kilos de arroz, de la calidad con 20% de grano quebrado (80/20), que se pondrá en vigencia el 8 de junio próximo.
La rebaja del valor del alimento al consumidor quedó en firme mediante un decreto, publicado el viernes pasado, el cual replicó ayer la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
Según la medida, el precio de la bolsa de dos kilos con 20% de grano quebrado, baja de ¢1.314 a ¢1.262. En tanto, el kilo pasa de ¢657 a ¢631.
Se estableció también una reducción en el valor que la industria le paga al productor. En este caso, el precio del saco de 73,6 kilos en granza (con cáscara), pasó de ¢22.604 a ¢22.139 y entró en vigencia de inmediato.
El decreto publicado el viernes forma parte de una serie de medidas acordadas entre los productores, los industriales y el Gobierno, para regular el sector arrocero en Costa Rica.
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Parte de eso es la medida de elevar el arancel o impuesto de entrada a las importaciones de arroz pilado (sin granza o sin cáscara) procedente de Suramérica. Ese gravamen se elevará del 35% al 62%, mediante un decreto que no se ha publicado.
El cambio de aranceles es de consulta obligatoria en la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde Uruguay y Argentina –los dos principales proveedores– reclamaron la medida.
Costa Rica llegó a acuerdos con los dos países antes de que se elevara el asunto a consideración de un panel de expertos en el organismo del comercio.
Engaño. Erick Ulate Quesada, presidente de Consumidores, afirmó que, en el 2013, cuando se sustituyó el sistema de fijación de precios máximos con otro que estableció máximos y mínimos, demostraron que la bolsa de dos kilos subió ¢260 con la medida.
Aseguró que eso lo comprobaron comprando arroz directamente en los comercios. Los datos que conservan indican que el impacto más fuerte fue en la calidad 80/20, según Ulate.
Por eso, agregó, la rebaja que se aplicará en junio no es más que un engaño al consumidor.
Anunció que, ante tal situación, llevarán el tema al Tribunal Contencioso-Administrativo, por la forma en que se hace la regulación de precios y porque el decreto prohíbe hacer promociones, entre ellas, añadir a la bolsa de arroz otro producto (salsas, jabón, pastas) para el consumidor.
También cuestionarán ante ese tribunal el decreto que saldrá donde se eleva el arancel.
Eduardo Rojas, presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (Aninsa) y vocero de Conarroz, dijo que todo el mundo tiene derecho a oponerse a una medida.
“Si un producto está regulado, debe actuarse como tal; eso es lo que sucede con el arroz y el Gobierno tiene potestad para actuar en ese sentido”, dijo Rojas.
Aseguró que todas las medidas acordadas con el Gobierno tienen sustento técnico.