EscucharUn plan del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), con el fin de variar el modelo de costos para fijar el precio del arroz, lo enfrentó con la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), pues ese sector afirmó que la entidad estatal se metió en algo que no le corresponde.
La jerarca del MEIC, Victoria Hernández, afirmó que la propuesta conducirá a un menor precio para los consumidores, sin afectar el pago que hace la industria al productor, pero Conarroz sostiene que el Ministerio no tiene el equipo humano y técnico, ni los laboratorios, ni la autorización legal para actuar en ese campo.
“El beneficio esperado se (plasmará) en el precio del consumidor, mientras que para el productor no habrá ninguna afectación”, afirmó la ministra en una respuesta por escrito.
“El MEIC se está metiendo en lo que no le corresponde”, advirtió Eduardo Rojas, miembro de la Junta Directiva de Conarroz y presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (Aninsa).
El dirigente no quiso ahondar en razones porque, según dijo, se presentarán ante el MEIC en la respuesta a la consulta pública. Empero, afirmó, el equipo humano adecuado, los laboratorios y otro equipo para un estudio al respecto, así como la autorización legal, están en Conarroz.
Origen de conflicto
El enfrentamiento surgió a partir de un estudio realizado por el Departamento de Análisis Estratégico de Mercados de la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados (DIEM), del MEIC, el cual analizó el precio efectivamente pagado por la industria a los productores, frente al fijado por ley.
Un 78% de las entregas de los arroceros a las plantas registraron un precio inferior al decretado, debido a no conformidades, es decir, castigos por asuntosde calidad, determinaron los inspectores del MEIC. El rango menor al precio fijado osciló entre el 4,19% y el 6,10%.
Ese estudio provocó que se hiciera una propuesta de reglamento para fijar el precio del cereal, en la que se modifican las reglas vigentes desde el 2016. El MEIC sacó a consulta pública esa propuesta desde el 3 de noviembre pasado; el periodo para presentar cuestionamientos se vence este 17 de noviembre.
Una vez cerrado el periodo de consulta pública, el MEIC determinará si responde a las opiniones enviadas y si incorpora algunos de los señalamientos en el decreto mediante el cual se modificaría el reglamento del modelo de costos. Luego, se publicaría dicho decreto.
Conclusiones
El objetivo del estudio fue reconocer, en el modelo de costos, el precio efectivamente pagado por los industriales a los productores por el arroz en granza nacional, dijo la ministra Hernández.
El precio está fijado por decreto ejecutivo, pero en la realidad la industria está pagando menos al productor, concluyó el estudio del MEIC. Esto sucede porque los indistriales están autorizados a aplicar conceptos de calidad y castigan el 78% de las entregas con un precio inferior al decretado.
“Si se compara el precio de referencia decretado por el MEIC y los precios efectivos pagados por las industrias, se determina que un 78% de las entregas registraron un precio inferior al decretado debido a no conformidades”, concluyó el estudio de la cartera al analizar el pago de la industria al productor.
Otro 22% de las entregas fueron sujetas a un premio por calidad, es decir, tuvieron una cotización mayor a la fijada por ley y ninguna se ubicó en el precio decretado, precisa el informe puesto en consulta pública.
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Los analistas del MEIC concluyen, entonces, que hay diferencia negativa entre el precio fijado por decreto ejecutivo, que la industria paga a los poductores arroceros, y el que realmente se está aplicando. De ahí se derivaría la posibilidad de reducir el valor al consumidor, pues la situación no se está reflejando en lo que este paga.
“Existe un diferencial entre el costo de la materia prima pagada por la industria, de acuerdo con el mecanismo de pago, según criterios de calidad y el costo de materia valorizada con el precio de referencia decretado por el MEIC. Dichas diferencias oscilaron entre un 4,19% y un 6,10%”, concluye el documento.
El borrador del decreto, que el MEIC incluyó en la consulta pública, estableció que para la fijación del valor al consumidor se realice una combinación del precio fijado por ley y el efectivamente pagado por la industria.
Esto implicaría que se tome, por un lado, el volumen al cual se le dio un precio efectivamente pagado por la industria con la aplicación de las normas de calidad y, por otro, que se combine con el resto del volumen cuyo pago fue el fijado por ley.
