EscucharUn nuevo plan de ayuda a los productores de café contenido en el Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (Fonascafé) ya pasó la primera etapa legislativa, pues fue aprobado por los legisladores de la Comisión de Asuntos Agropecuarios.
El plan de auxilio pretende ser un programa permanente de financiamiento directo e indirecto para los productores de café, dirigido con especial énfasis al pequeño productor, dice el proyecto de ley. Los préstamos que se otorgarán son a una tasa de interés preferencial, no definida en el plan.
Establece que el crédito sería en proyectos viables y sostenibles dentro de las fases de renovación y mantenimiento de las plantaciones de café, así como para la adquisición de nuevas tecnologías para aumentar la productividad y competitividad de las plantaciones.
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El nuevo fondo se financiará con un aporte único del 5% del superávit líquido del Instituto del Café de Costa Rica (Icafé), con transferencias del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y con los recursos que se recuperen del Fideicomiso de Ayuda a los Productores de Café Afectados por la Roya, y del Plan Nacional de Renovación de Cafetales (PNRC). Estos dos últimos se establecieron con financiamiento estatal.
El proyecto de ley, que ahora debe ser aprobado en el plenario legislativo, ordena también un aporte de $0,75 por cada fanega de café en fruta recibida en los beneficios. Estos recursos financiarán lo que se denomina un programa de responsabilidad social del Fonascafé, entidad a la cual se autoriza para dejar de cobrarlos cuando haya épocas de precios bajos del grano a escala internacional.
Los beneficiadores de café funcionarán como recaudadores de esta contribución de $0,75 por fanega en fruta (corresponde a un saco de 46 kilos en grano beneficiado) y deberán trasladarlo al Fonascafé.
El subdirector ejecutivo del Icafé, Édgar Rojas, respondió, mediante un correo electrónico, que el plan tendrá como beneficio integral el dar sostenibilidad a la caficultura nacional, por medio de dos ejes concretos de acción.
Por un lado, agregó, el acceso de financiamiento al productor de café, bajo un novedoso esquema de garantía y contragarantías que le facilitará una mayor accesibilidad a recursos a fin de renovar sus cultivos, con variedades tolerantes a plagas y enfermedades del cafeto sin poner en riesgo su patrimonio.
Adicionalmente, dijo, será el marco para la creación de un fondo de responsabilidad social que permitirá afianzar la cobertura del modelo de aseguramiento a la mano de obra recolectora de café.
Defendió la propuesta del proyecto para que la administración del fondo esté a cargo del Icafé, pues para ello se autoriza obtener un aporte del 0,5% de los activos del Fonascafé.
Mientras, el ministro del MAG, Luis Felipe Arauz, respondió desde México que los detalles de la iniciativa es mejor tratarlos con el Icafé.
Los diputados del PAC, Marlene Madrigal y Javier Cambronero, miembros de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, manifestaron el respaldo al proyecto, en el tanto ayuda a un sector que consideran base de la estabilidad social del país y que necesita de renovar urgentemente sus plantaciones.
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Recursos heredados
El Plan Nacional de Renovación de Cafetales se estableció en el 2010, con un aporte de $13,2 millones procedente del MAG, cuya finalidad era otorgar avales a pequeños cafetaleros que buscaran crédito para renovar sus plantaciones. Muy pocos utilizaron los fondos y, entonces, quedó una suma de recursos que el Icafé no reveló este martes.
En tanto, el fideicomiso contra la roya se creó con un fondo de $40 millones, aportado por el Ministerio de Hacienda en un presupuesto extraordinario. Tampoco es claro cuántos fondos y cuentas por cobrar quedan de estos recursos.
Este fideicomiso recibió los dineros transferidos del Ministerio de Hacienda, en diciembre del 2013.
Rojas no respondió a la consulta de cuántos son los montos de esos dos programas que se heredarían al Fonascafé. En cuánto al aporte único del Icafé, explicó que esa cifra es mejor conocerla al momento en que esté la ley aprobada y se debe trasladar.
El plan crea un consejo ejecutivo para la administración del Fonascafé, pese a que la estructura funcionará bajo la vigilancia de la junta directiva del Icafé. Este órgano tendrá dos representantes del sector productor y un representante del sector beneficiador, nombrados todos por la junta directiva del Icafé.
Además, estará un representante el MAG y otro del Icafé, los cuales se propone que sean el ministro y el director ejecutivo del Instituto.
Todos percibirán dietas conforme a las reglas de cálculo establecidas y se nombrarán por cuatro años, según el proyecto aprobado en la comisión legislativa.
"La administración y costos operativos del Fonascafé, estará a cargo del Instituto del Café de Costa Rica, el cual prestará este servicio con un cargo al patrimonio del Fonascafé que no superará el 0,5% anual del activo de este", establece el plan de ley.
La supervisión de este nuevo fondo que se crearía por ley se deja en manos de la Contraloría General de la República y en la auditoría interna del Icafé.
Cafetaleros deben $4,68 millones a Hacienda
El sector cafetalero todavía tiene una deuda con el Ministerio de Hacienda de $4,68 millones, producto del Fondo Nacional de Estabilización Cafetalera (Fonecafé), un programa aprobado por ley que autorizó la colocación de bonos con respaldo estatal.
El monto de la deuda fue suministrado por el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé), ante una consulta de La Nación. También se le solicitó la información al Ministerio de Hacienda, pero al cierre de esta nota no había aportado los datos.
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El Fonecafé emitió bonos por $50 millones, en el 2001, con un plazo de vencimiento de 10 años. Colocó los títulos en el mercado y repartió los fondos obtenidos entre los productores con el fin de ayudarles a paliar la crisis por bajos precios, así como la baja en la productividad.
Cuando los precios internacionales mejoraban por encima de los $92 por quintal (46 kilos), los productores debían aportar un porcentaje con escala ascedente para financiar el Fonecafe y pagar el monto principal y los intereses.
La ley original estableció un aporte del 3% con el precio base ($92 por quintal), el cual subía hasta 10% máximo conforme se elevaran las cotizaciones internacionales. El aporte fue modificado en el 2007 y quedó con un monto único de $2,75 por cada quintal exportado y a pagar a partir de un precio mínimo de $100 por quintal en el mercado internacional.
El respaldo estatal implicó el giro de sumas al Fonecafé para atender las obligaciones en momento de bajos precios internacionales del grano, cuando no había recursos. En eso se generó la deuda de la cual aún queda pendiente un monto de pago a Hacienda.
En el proyecto de ley de creación del nuevo Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (Fonescafé) se establece un nuevo aporte del productor, de $0,75 por fanega, pero se aclara que no se comenzaría a cobrar sino hasta el momento cuando se logre finiquitar la deuda del sector con Hacienda.
En respuesta a una consulta de los diputados que analizaron el plan, el Ministerio de Hacienda se cuestionó si este nuevo articulado del Fonescafé podría ser incorporado en la ley original del Fonecafé, así como la opción de evitar un financiamiento con fondos públicos.
