EscucharEl decreto que pretende eliminar el precio mínimo del arroz hizo resurgir el antagonismo existente entre participantes de la industria, productores, importadores del grano y organizaciones de consumidores, parte de los 20 actores que enviaron comentarios durante el periodo de consulta pública del texto, abierto por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) entre el 18 de mayo y el 1.º de junio.
Mientras que para los importadores y la organización Consumidores de Costa Rica la eliminación de la banda mínima es insuficiente para disminuir el costo del arroz pilado y piden modificaciones en el arancel para comprar el cereal en el extranjero, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) alega que el decreto carece de los estudios necesarios para determinar el impacto que la medida traería para los productores nacionales y que la banda de precio debe mantenerse.
“Hicimos una pequeña observación para explicarle al MEIC que la eliminación de la banda en el precio del arroz no iba a implicar un beneficio adicional para el consumidor y que realmente la única vía es bajando el arancel”, explicó Juan Carlos Sandoval, gerente general de La Maquila Lama, una de las empresas importadoras del grano.
Sandoval aseguró que la propuesta del Gobierno no moverá al mercado, pues actualmente los costos internacionales del grano y de las materias primas dificultan la disminución del precio. Por ello, insistió, la manera de rebajarlo es con la disminución del arancel y dejar únicamente un 5% para subsidio a los pequeños agricultores con afectaciones por los cambios.
Por su parte, el presidente de Consumidores de Costa Rica, Erick Ulate, explicó que están de acuerdo con el decreto que se envió a consulta pública el pasado 18 de mayo, pero que también solicitaron al MEIC modificaciones en el arancel. En su caso, buscan la eliminación total del impuesto de entrada para todos los mercados.
Pero la opinión de Conarroz, una organización pública no estatal que agrupa a los agroindustriales y productores del grano, dista mucho de las anteriores. Entre otras observaciones, este grupo señaló que previo a ser modificadas las bandas, se debe contar con estudios técnicos del impacto que provocaría la apertura. Sin embargo, alegan que la propuesta del Ejecutivo no menciona ningún estudio de impacto que la respalde.
Los puntos citados por la Corporación también añaden que el sector arrocero no fue tomado en consideración previo a la publicación de la consulta pública y explican, también, que al ser un mercado poco competido la regulación de precios debe verse como algo permanente por el riesgo de colusión (acuerdo entre dos o más partes para limitar la libre competencia en el mercado).
Dentro de sus comentarios, los arroceros también añaden que uno de los informes tomados en cuenta en el decreto cuenta con limitaciones que generan que no sea prudente emitir conclusiones a partir de éste y que, además, se encuentra desactualizado con las regulaciones vigentes, según señala un documento compartido por la organización a este medio.
En otra línea, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (Aninsa), Eduardo Rojas, señaló que sí existen inconformidades con el decreto, pero que por el momento esperarán el resultado de la consulta para referirse a las observaciones hechas por el sector.
El arroz es uno de los productos alimentarios de mayor consumo en Costa Rica. Durante el periodo 2019-2020, según un informe de Conarroz, la producción nacional de arroz en granza seca y limpia alcanzó las 149.339 toneladas métricas, mientras que el consumo local ascendió a 239.972 toneladas métricas de arroz pilado para un consumo per cápita de 47,20 kilogramos.
Hoja de ruta
El ministro del MEIC, Francisco Gamboa, comentó en una entrevista con La Nación publicada el pasado 1.º de junio, que la eliminación de los precios mínimos del arroz no será la única acción que se realizará sobre el producto, pues el decreto “es apenas la primera acción de una hoja de ruta”. No obstante, declinó adelantar qué otros planes o decisiones se tomarán respecto al comercio del grano en el país.
La institución recibió observaciones de alrededor de 20 diversos agentes o fuentes ante la consulta pública que realizó el pasado 18 de mayo sobre el borrador del decreto que busca eliminar los precios mínimos para el arroz pilado, el grano que compra directamente el consumidor. El periodo de consulta concluyó el pasado miércoles 1°. de junio.
Ahora, señalaron desde el MEIC, se encuentran analizando las observaciones recibidas y en función de ello, definiendo la fecha en la que estará lista la versión final del mandato para su firma.
“El contenido final del decreto se dará a conocer cuando se firme y se publique, así como la matriz de observaciones y la justificación para considerar o no las diversas argumentaciones presentadas”, agregaron por medio de correo electrónico.
Gamboa señaló a La Nación, este jueves 9 de junio, que están “muy próximos a dar respuesta a las observaciones, a indicar cuáles se van a acoger, cuáles no y por qué”, para enviar la versión final del decreto. Sobre la expectativa de una fecha para la cual pueda estar listo el documento, Gamboa evitó referirse y aseguró que “muy pronto”.
Competencia en el sector
El pasado 2 de junio la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) se pronunció sobre el borrador del decreto propuesto por el Poder Ejecutivo. El órgano señaló que eliminar los precios mínimos de las distintas calidades del arroz “es un primer paso en la dirección correcta para mejorar la competencia en el mercado”, y para erradicar la distorsión en los precios del grano provocada por una regulación.
La autoridad en materia de competencia aseguró, por medio de un comunicado de prensa, que la medida se ha mantenido durante ocho años sin sustento jurídico lo que genera efectos anticompetitivos en el mercado nacional.
“La fijación de precios mínimos se considera ilegal por cuanto no existe norma alguna que habilite a la Administración para ello. Ni del espíritu de Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N° 7.472, ni de su letra, se desprende que faculte a la Administración al establecimiento de precios mínimos hacia los consumidores, como una forma de proteger los intereses de un sector productivo”, señaló la Comisión.
