EscucharSan José.
Grupos ecologistas, de protección ambiental y de agricultura orgánica alzaron la voz contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) por una propuesta de decreto, mediante el cual se pretende agilizar el registro de plaguicidas en Costa Rica, que tiene una presa de 2.124 solicitudes acumuladas desde hace más de 10 años de entrabamiento.
Esas agrupaciones se enfrentan, de esa manera, a las organizaciones de productores, las cuales presionan desde hace algunos años para que se agilice el programa y contar nuevas moléculas para el control de plagas y enfermedades de los cultivos, y a los empresarios distribuidores de los agroquímicos, quienes también abogan por la posibilidad de desentrabar y agilizar la llegada de nuevos productos.
LEA: Agro busca desentrabar registro de plaguicidas
Las acciones llevaron a que el ministro del MAG, Luis Felipe Arauz, convocara a una reunión con el sector de agricultura orgánica, que se realizó el viernes pasado, y otra con los ecologistas, prevista para el próximo viernes, pese a que los 10 días hábiles de consulta del reglamento se vencieron hace una semana.
Las quejas se centran, especialmente, en el transitorio número 10 de ese reglamento, el cual permite incorporar en un mes a los ingredientes activos (no productos formulados) que están en proceso de inscripción.
Este proceso se haría, según la propuesta, en el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), adscrito el MAG y sin la participación directa de los ministerios de Salud y de Ambiente y Energía (Minae), a los cuales se les debe consultar acerca de este tipo de registros.
La otra queja es que el decreto añade una nueva modalidad de registro, denominada "por incorporación". Esto implica que si un ingrediente activo ya fue registrado en países con normativa a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se le reconoce ese proceso y se permite en Costa Rica.
Además, en general, las organizaciones afirman que se está privilegiando aspectos de producción frente a los de protección ambiental y de salud humana y animal.
Guido Barrientos Matamoros, de la Red Permanezca, señaló que este tema se debe analizar de manera general y no en privilegio a uno de los sectores. Afirmó que hasta ahora se le dio espacio en la consulta a los agricultores y a las industrias y no a quienes buscan la protección ambiental.
La Red Permanezca, el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (Maoco) y el agrupo administrador de la Feria Verde, que se realiza en Aranjuez y en Ciudad Colón, fueron los últimos en manifestarse contra los términos de la propuesta de reglamento.
Convencimiento. El ministro Arauz explicó la tarde de este lunes que se recibieron muchas quejas en el periodo de consultas contra el transitorio y contra la nueva modalidad de registro.
Según el jerarca, todas las quejas se están analizando y dentro de ese estudio concluyeron que el transitorio que permite la inscripción de ingredientes activos en fila puede tener problemas y, por tanto, se va a eliminar del decreto.
No sucederá lo mismo con el registro por incorporación. Arauz justificó que se hará solo para ingredientes activos, que no salen a la venta ni se aplican en el campo, y no para productos formulados, es decir, los que se fabrican con los ingredientes activos y se venden comercialmente. Estos productos se deberán inscribir y pasarán por la opinión, tanto del SFE como organismo rector, como del Minae y de Salud, aseguró Arauz.
De esa manera, consideró el jerarca del MAG, se descarta la posibilidad de que se le resten potestades a Salud y al Minae, como señalan las denuncias de los grupos ecologistas.
Arauz estimó que la poca información en poder de las organizaciones las ha llevado a lanzar algunas de las críticas. Consideró que luego de las reuniones se espera mejorar la percepción de ellos en relación con el decreto, pero quienes se oponen ya comenzaron a denominar los agroquímicos como "agrovenenos".
El MAG está en el plazo de respuesta de las inquietudes de 10 días hábiles, el cual puede prorrogar por otros 10, antes de enviar el decreto a la consulta internacional obligatoria, según los compromisos asumidos en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Luego de eso corre un plazo de seis meses antes de poner a regir las nuevas reglas. Arauz sostuvo, en noviembre del año pasado, que se espera ponerlo en vigencia entre enero y febrero del 2017.
