EscucharMediante un texto sustitutivo que reduce en un 50% los ingresos del Consejo Nacional de Producción (CNP), el Gobierno debilitó un proyecto de ley que buscaba fortalecer financieramente a esa entidad.
Los recursos provienen del impuesto a licores, cervezas y cigarrillos, de cuya recaudación se tomaría, según el plan original, un 20%, que se redujo a 10% en la nueva propuesta.
Además, se suprime la orden de que el Ministerio de Hacienda condone a la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), subsidiaria del Consejo, una deuda por impuestos que mantiene con Tributación por unos ¢17.300 millones.
A eso se añade la decisión de no revisar la base sobre la cual se calculan los impuestos que debe pagar la CNP por los ingresos de la Fanal. La idea era que el 50% de ganancias que la Fanal traslada al CNP para gasto operativo, no se sumen en el cálculo de impuestos.
En marzo 2016, el plan original había logrado un dictamen afirmativo unánime en la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso, pero fue renegociado ante el reclamo de instituciones como el Ministerio de Hacienda, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y otras que se consideraron perjudicadas.
El rescate financiero del CNP fue impulsado por la administración Solís Rivera con el fin de darle funciones de agencia para la promoción del valor agregado. Eso obligaría al Consejo a invertir en plantas de investigación y desarrollo de productos regionales.
El CNP operaba con déficit y, para equilibrar sus finanzas, el Gobierno le realizó transferencias por ¢7.290 millones en 2014; ¢2.250 millones en 2015; ¢2.000 millones en 2016 y apenas ¢200 millones este 2017.
El Consejo se financia con un 50% de las ganancias de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y con su Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), que vende productos a entidades públicas.
Menos que nada. El presidente ejecutivo del CNP, Carlos Monge, fue enfático en que defienden el proyecto original, el cual aún considera como adecuado.
“Sin embargo, en lugar de quedarse sin ningún proyecto, al menos es positivo tener uno”, declaró el jerarca.
Monge aseguró que, con el proyecto original, la institución habría recibido unos ¢8.600 millones anuales, los cuales se reducirían a ¢4.300 millones con el texto sustitutivo.
El funcionario detalló que en el nuevo plan se incluye una solicitud al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para que les traslade ¢1.500 millones anuales de sus excedentes, fondos que estarían destinados, exclusivamente, a pagar la deuda de impuestos con Hacienda. El Inder trasladaría anualmente los recursos hasta que se termine de cancelar la suma.
El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Luis Felipe Arauz, expresó que es relevante tener un proyecto de consenso, tras negociar con las otras entidades involucradas.
