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El Poder Ejecutivo anunció este miércoles que, a partir del próximo 23 de setiembre, las empresas de los sectores agropecuarios, agroexportadores o agroindustriales que contraten personas extranjeras que no estén en condición regular o que no tengan en trámite su regularización, serán multadas.
Así lo establece una reforma al Decreto Ejecutivo N° 42406- MAG-MGP, firmada este miércoles por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y los ministros de Seguridad, Gobernación y Policía, Michael Soto, y de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado.
Dicho decreto fue comunicado el 23 junio y se dictó con el fin de agilizar el registro legal de extranjeros con arraigo en el país, en un nuevo esfuerzo por incrementar la cantidad de manos disponibles para recolectar las cosechas agrícolas que se avecinan.
Este beneficio aplica para quienes comprueben haber ingresado y permanecido en el territorio nacional, entre el 15 de enero del 2016 y el 15 de enero del 2020, según informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Los aspirantes deberán presentar el formulario de solicitud, la prueba de identidad, declaración jurada sin antecedentes penales, demostrar su ingreso en las fechas indicadas, y cancelar los trámites respectivos con un costo total de $60.
El régimen de excepción para regularizarse comenzó el 22 de junio anterior y se extenderá hasta el próximo 22 de setiembre.
La medida se emitió en el marco del impacto del covid-19 y ante la inquietud del sector privado por la eventual falta de mano de obra para recoger las cosechas de café, caña de azúcar, melón, sandía, naranja, raíces, tubérculos y piña.
Con esta nueva variante, las empresas se podrían ver expuestas a las multas establecidas en el artículo 177 de la Ley General de Migración y Extranjería, la cual establece que oscilarán “entre dos y hasta doce veces el monto de un salario base, definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337”.
El jerarca del MAG detalló que están “atendiendo la solicitud de mano de obra que requiere el sector productivo para que no se desperdicien las cosechas, lo cual causaría pérdidas multimillonarias, y a la vez ordenando el tema migratorio, para que trabajadores que demuestren su arraigo y cumplan los requisitos exigidos puedan insertarse en la actividad laboral, en condiciones de regularidad y con amparo de sus garantías sociales”.
Al Decreto Ejecutivo N° 42406- MAG-MGP y a su reforma, se suma el Decreto N° 42405-MGP-S, que fortalece los controles migratorios para resguardar la salud pública ante el aumento de casos en las regiones fronterizas, publicado también en el mes de junio.
Ese instrumento permite a las autoridades migratorias rechazar, deportar o ejecutar el acto migratorio correspondiente como parte de sus controles, además de habilitar la cantidad de puestos fronterizos que se consideren necesarios.
La época de recolección de cosechas agrícolas se inicia en agosto, con la maduración temprana del café en zonas bajas, como Coto Brus y Pérez Zeledón.
Hacia finales de noviembre, se unen las cosechas de melón, sandía, caña de azúcar y naranja que, junto con actividades permanentes como la piña, generan una gran necesidad de mano de obra.
En el caso del café, por ejemplo, arriba del 60% de las personas que participan en la recolección del grano es mano de obra migrante extranjera.
Mientras, en la cosecha de naranja los foráneos representan el 70% de los trabajadores. En el caso de la caña representan el 90% y en melón, alrededor del 70%, según las cámaras y productores del sector.
Ante el cierre de fronteras, ordenado por las autoridades sanitarias para evitar la propagación del nuevo coronavirus, grupos agrícolas prevén que haya una escasez de mano de obra y que incluso se pueda perder producción.
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