EscucharEl Gobierno anunció la suspensión de un préstamo de $75,1 millones, aprobado en el 2020 por el Banco Mundial para el desarrollo de proyectos en el sector pesquero, y ratificado por la Asamblea Legislativa en setiembre del 2021. La decisión la atribuyó a una mala planificación y uso ineficiente del financiamiento, cuya ejecución le correspondía al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).
“Este proyecto tenía muy buenas intenciones pero estaba muy mal planificado y era realmente imposible de cumplir”, aseguró Víctor Carvajal, jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), durante una conferencia de prensa este jueves. Refirió que la decisión se tomó luego de revisar el desarrollo de los proyectos incorporados en el préstamo, los cuales tenían mínimos o ningún grado de avance, por lo que se decidió cambiar la fuente de financiamiento con fondos del Presupuesto de la República, por $60 millones, para ejecutarlos en un plazo no mayor a tres años.
El contrato del préstamo fue suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), instancia del Banco Mundial para impulsar el Programa Desarrollo Sostenible de la Pesca y la Acuicultura en Costa Rica.
Carvajal aseguró que esto es un ejemplo de cómo un proyecto “se planifica muy mal” de manera que “se pone adelante la carreta de los bueyes”. Reiteró que no había posibilidades de desarrollar el proyecto como estaba diseñado.
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“El Incopesca es la institución que debía ejecutar ese dinero. Desde el inicio del préstamo se comentó acerca de la incapacidad administrativa de la institución para poder ejecutar estos recursos porque es como 10 veces el presupuesto que ellos tienen en el año y tenían que ejecutarlos en tiempos muy cortos y no era posible hacerlo”, indicó Carvajal.
En la revisión se determinó que hay actividades que, debido al desfase entre los tiempos de diseño y la ejecución, no pueden ser ejecutadas por no contar con estudios de factibilidad. En otros casos, había obras previstas que no contaban con terrenos para desarrollarlas.
En la nueva etapa del programa, que se ejecutará con fondos propios de varias entidades públicas, se incorporaron el 48% de las actividades que incluía el préstamo del Banco Mundial, entre ellas el proyecto de modernización de la plataforma digital de Incopesca, la terminal pesquera de Cuajiniquil y el fortalecimiento de capacidades del sector pesquero. Además, se adiciona la construcción de 20 embarcaderos en el Golfo de Nicoya y proyectos dirigidos a la pesca por palangre y artesanal.
$1,2 millones en intereses y comisiones
Por su parte, Nogui Acosta, jerarca del Ministerio de Hacienda, refirió que a la fecha se han pagado $1,2 millones entre intereses y comisiones, sobre $5 millones que se habían desembolsado, de los cuales se han gastado menos de $600.000. El préstamo hasta diciembre del 2023 tenía una ejecución del 7% en la parte financiera y 24% en el avance físico. “Es un uso ineficiente del financiamiento y por eso lo estamos cerrando”, apuntó.
“Somos muy buenos teniendo ideas, pero somos muy malos haciendo proyectos”, señaló Acosta. Explicó que con la readecuación de la fuente de financiamiento, con presupuesto propio, se están asegurando los objetivos del proyecto, por lo que hizo público el compromiso de cumplimiento para el desarrollo de las zonas pesqueras.
Acosta respondió a La Nación que si los $5 millones ejecutados se cancelan anticipadamente, correspondería un pago de una prima “no significativa”, y sobre el saldo no desembolsado no habría penalización. Dijo que informarán al Banco Mundial sobre la suspensión del empréstito y que con la Asamblea Legislativa no corresponde ningún procedimiento.
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Consultada al respecto, la diputada Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, indicó que realizará una consulta a la Contraloría General de la República. Esto se debe a que en la aprobación de este crédito se incorporaron otros artículos, entre ellos la autorización para realizar donaciones. Por lo tanto, correspondería saber qué pasa con el resto de la ley que queda vigente aunque el crédito no se ejecute, y además, que aclare las responsabilidades del Estado costarricense por no hacer uso de esos fondos.
Martín Contreras, de la Cámara de Pescadores Guanacaste, quien participó en la conferencia de prensa junto a dos representantes de organizaciones pesqueras, dijo que esperan que las obras se inicien a más tardar en el 2025, porque esperan la reparación del muelle de Cuajiniquil desde el 2021, el cual se encuentra muy deteriorado. “Si en el 2025 no vemos algo que avanza entonces tendríamos que tomar acciones porque no podemos dar más chance. Hemos excedido por mucho el tiempo de espera, hemos sido en exceso pacientes y en eso hemos pecado”.
Al respecto, Carvajal dijo que por el compromiso para desarrollar el programa y ejecutar los fondos requeridos es que se decidió la suspensión del préstamo con el Banco Mundial y ejecutarlo con recursos propios para asegurar los tiempos planificados.
