EscucharCon la entrada en vigencia del Decreto N.º 44394-MAG a partir del 1.º de diciembre, los establecimientos de sacrificios de animales deberán asumir un incremento en sus costos debido al pago de inspectores sanitarios. Según denunció el sector, este aumento se trasladará a los consumidores y provocará el cierre de pequeñas y medianas empresas.
La coordinación y cobro de las inspecciones ahora estará a cargo del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa). De acuerdo con una copia del contrato de servicios de inspección veterinaria oficial, obtenida por La Nación, el Oirsa contratará al personal necesario para los servicios de inspección bajo el proceso de oficialización que establece el decreto, emitido en febrero pasado.
La Dirección de Inocuidad de Alimentos de Origen Animal (Dipoa) del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) definirá el perfil profesional o técnico del personal requerido y sus funciones, en cumplimiento del convenio firmado entre Oirsa y Senasa en agosto de 2021.
El contrato establece una tarifa mensual de ¢1.226.000 por médico veterinario, que deberá depositarse en la cuenta de Oirsa en el Banco de Costa Rica. Este monto, que se revisará cada seis meses, no incluye pagos por horas extraordinarias.
La tarifa supera entre 30% y más del 100% los pagos actuales realizados por los mataderos a regentes veterinarios. Jorge Chaves Jaén, presidente de la Asociación de Profesionales en la Agroindustria de Costa Rica (Apacr), señaló que los efectos ya se perciben: tres mataderos de mediana escala evalúan cerrar operaciones.
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“Este incremento hay que trasladarlo al consumidor para poder sostenerse, pero al final va a ser insostenible. No entendemos por qué esta tercerización si ya las plantas tenemos regentes del Colegio de Veterinarios facultados por la ley. Con esto se vendrán abajo los establecimientos pequeños", afirmó Chaves. Según el líder gremial, las mayores afectaciones recaerán sobre los mataderos de mediana escala. Apacr aglutina 15 mataderos.
Sobre las atribuciones otorgadas al organismo regional, Luis Matamoros Cortés, director general del Senasa, indicó que la contratación se puede realizar con los entes autorizados que en este momentos son Oirsa y la Cámara Nacional de Avicultores (Canavi), pero se puede ampliar a otras organizaciones que soliciten ser entes cooperantes y cumplan los requisitos.
Matamoros añadió que los establecimientos que requieran los servicios podrán acordar con el ente contratante un salario base para el profesional. Aseveró que los veterinarios oficializados quedan bajo supervisión y control técnico del Senasa.
El acuerdo con Oirsa especifica que esta entidad podrá contratar a los inspectores auxiliares o veterinarios oficiales actuales, pero estos deberán finalizar su relación laboral y empezar una nueva con el organismo. El convenio tendrá una vigencia de tres años.
Oirsa fue fundado en 1953 para brindar cooperación técnica y financiera a los Ministerios y Secretarías de Agricultura y Ganadería de los estados miembros: México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.
La inspección oficial se realizará según las indicaciones del MAG, específicamente de la Dirección Nacional de Operaciones (DNO) del Senasa. Hasta ahora, los establecimientos contaban con regentes veterinarios supervisados por el Colegio de Médicos Veterinarios, mientras que el Senasa realizaba inspecciones como parte de sus funciones.
El Senasa tiene registrados 16 mataderos para exportación y 37 únicamente para consumo nacional.
Recurso de amparo contra Decreto y convenio
El Senasa y el Oirsa firmaron en agosto de 2021 un convenio de cooperación para el suministro y administración de inspectores bajo el proceso de oficialización. Este convenio estipula que ambas partes convendrán la fijación de salarios y costos asociados, respetando la legislación laboral costarricense.
Este 13 de noviembre, Apacr presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Decreto Ejecutivo N.º 44394-MAG y el convenio Oirsa-Senasa. Según el gremio, la medida afecta derechos al trabajo, la libertad de comercio e industria, y la tutela estatal para estimular la producción.
Mario Quesada Marín, asesor jurídico de Apacr, calificó el decreto como irregular y perjudicial para la pequeña y mediana agroindustria porque se les impone una carga desproporcionada.
Este es el segundo recurso de amparo presentado por Apacr contra el convenio. El primero, introducido en abril de 2022, fue desestimado por la Sala Constitucional después de que el Senasa afirmara que el costo del sistema de oficialización no superaría el 5% respecto a las regencias veterinarias, indicó Quesada.
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El decreto fue sometido a consulta pública por el MAG a inicios de julio de 2023 y entraría en vigencia el 1.º de enero de 2024. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en cumplimiento de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N.º 8220 y su reforma, recomendó clarificar y evaluar el esquema de autorización de veterinarios oficiales para garantizar mejoras regulatorias y seguridad jurídica.
Chaves indicó que las observaciones y críticas expresadas durante la consulta pública no fueron tomadas en cuenta.
La normativa además excluye de la lista de establecimientos que deben ser regentados por médicos veterinarios supervisados por el Colegio de Veterinarios a las fábricas y plantas que producen productos y subproductos de origen animal destinados al consumo humano, así como a los establecimientos involucrados en el sacrificio o despiece de animales y en la transformación e industrialización de alimentos cárnicos.
Silvia Coto Mora, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios, afirmó que el decreto N.º 44394-MAG debilita la garantía que pueden otorgar sobre la salud pública en los productos de consumo humano, que está establecido en el rol de los regentes. Estimó que con el incremento de los costos algunos establecimientos cesarán operaciones, sobretodo los ubicados en zonas rurales. El gremio desarrolla acciones legales para impugnar la normativa.
