EscucharSustituir el empacado de los productos por artículos reciclables, controles más exhaustivos para los terrenos, y una importante reducción en el uso de pesticidas y fertilizantes en los próximos años, son algunos de los grandes retos que enfrenta el sector agroalimentario de Costa Rica para cumplir con las disposiciones del Pacto Verde Europeo.
Este documento de la Unión Europea (UE), marca como objetivo principal lograr que Europa sea la primera zona de todo el mundo en convertirse en climáticamente neutra para el 2050, mediante la adopción de medidas políticas dirigidas al clima, la energía, el transporte, la agricultura, y los alimentos, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030.
Para lograrlo, este pacto europeo está integrado por diferentes estrategias dirigidas a distintos sectores. En particular, la denominada “De la granja a la mesa” es la que afectará directamente a toda la cadena agroalimentaria, con una serie de requisitos que deben cumplirse para poder acceder a este mercado.
La estrategia fue presentada por la Comisión Europea en mayo del 2020 como una de las iniciativas clave del Pacto, pues pretende hacer evolucionar el sistema alimentario actual de la UE hacia uno sostenible. Actualmente, el informe ya recibió la luz verde del Parlamento Europeo y deberá convertirse en legislación en los próximos años para que entre a regir.
Este pacto tiene alcances globales y establece estándares que todos los países deben cumplir a cambio de tener acceso al mercado interno de los 27 estados miembros de la UE, por lo que las implicaciones para Costa Rica, principalmente en el sector agroalimentario, son particularmente retadoras en el corto y mediano plazo.
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Desafíos para Costa Rica
Uno de los principales retos que plantea la estrategia de la UE es la de la reducción en el uso de pesticidas en 50% y de fertilizantes en 20% para el 2030, así como una revisión en los Límites Máximos de Residuos (LMR) en alimentos, los cuales deben cumplirse para poder acceder al mercado europeo.
En el caso de Costa Rica, el país tiene un alto uso de plaguicidas en la agricultura, que ronda, en promedio, los 34,45 kilogramos (kg) de ingrediente activo por hectárea cada año, según una investigación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Jorge Sauma, gerente general de la Corporación Bananera Nacional (Corbana), comentó que con el banano, el producto agrícola más exportado hacia esa región desde Costa Rica, han venido trabajado para reducir el uso de agroquímicos, así como para incrementar la cantidad de fincas bananeras carbono neutro, que actualmente abarcan el 63%.
“En la parte de agroquímicos, venimos reduciendo en más de 37% su uso. Desde hace 20 años tenemos un laboratorio de control biológico y biología molecular, donde más del 80% de la investigación que hacemos es en productos biológicos para sustituir el químico”, explicó Sauma.
El gerente general de Corbana añadió que comparten la filosofía del Pacto Verde y aseguró que es un reto importante para el sector agrícola nacional, aunque consideró que las medidas deben aplicarse con una gradualidad para que los productores puedan adaptarse a este nuevo entorno.
“El Pacto Verde nosotros lo compartimos mucho, en la filosofía de producción amigable con el ambiente y de garantía de un producto sano para el consumidor (...) pero también es importante una gradualidad. Yo puedo llegar hasta allá, pero no me pueden cambiar las reglas de golpe, porque a veces son demasiado drásticos, son medidas que se toman en escritorio y no en el campo”, comentó Sauma.
Otro elemento que involucra el Pacto Verde es el de la prohibición de la importación de productos que hayan contribuido con la deforestación a los países que forman parte de la UE. El proyecto fue propuesto en noviembre del 2021, y sellado el 6 de diciembre del 2022 por el Parlamento Europeo y deberá ser aprobada este año.
La importación al mercado no será permitida si los productos proceden de tierras deforestadas después de diciembre del 2020 y aplica para productos como el café, el cacao o el aceite de palma. Costa Rica exporta estos bienes a la eurozona, principalmente café.
Gustavo Jiménez, director ejecutivo del Instituto del Café de Costa Rica (Icafe), manifestó que desde la institución están generando acciones para informar y orientar al sector cafetalero sobre las regulaciones, que establecen, entre otras cosas, estar libres de deforestación y proporcionar las coordenadas geolocalizadas de los terrenos donde se produjo el insumo.
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De acuerdo con el director ejecutivo del Icafe, la entidad cuenta con herramientas que permiten la geolocalización de fincas por parte de extensionistas y productores, que permiten caminar de la mano con parte de los requerimientos de la UE.
“Vemos las exigencias como oportunidades de mejora para el sector cafetalero. Ser parte del Pacto Verde es retador, pero hemos sido sumamente exigente en el tema ambiental (...) adoptar el Pacto Verde es una gran oportunidad de alinearnos a los requisitos que a nivel internacional nos exigen los mercados de café”, afirmó Jiménez.
Según un estudio de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), sobre las implicaciones del Pacto Verde Europeo en las exportaciones agroalimentarias de Costa Rica, además de los dos retos ya mencionados, también toma protagonismo el cumplimiento de las exigencias para envases y embalajes en la UE.
De acuerdo con el documento, a partir del 1º. de enero del 2030 todos los envases deberán ser reciclables, con el objetivo principal de reducir los residuos de envases en 15% de aquí al 2040, por persona, y por cada estado miembro, en comparación con las cifras del 2018.
El reto para el sector está en que, según Procomer, alrededor del 25% de la oferta local de plásticos no ofrece ninguno amigable con el ambiente, y las diferentes opciones de bioplásticos son hasta 60% más costosas que las opciones tradicionales.
Socio comercial importante
La UE es el tercer mercado de exportación más importante para los productos nacionales, por debajo de Estados Unidos y China. En el 2021, Costa Rica vendió el equivalente a $2.707 millones en bienes, según los datos del portal estadístico de Procomer.
De ese total, 53,6% correspondieron a productos del sector agroalimentario, principalmente banano, piña y café oro. De acuerdo con el estudio de Procomer, al 2021 se registraron 485 exportadores hacia ese mercado, de los cuales alrededor de 65% fueron pequeñas y medianas empresas, la mayoría del régimen no definitivo (397).
Según Procomer, si bien las regulaciones establecidas en el Pacto Verde Europeo representan un reto importante para el sector agrícola de cara al corto y mediano plazo, la entrada en vigencia de las medidas es también una oportunidad para darle un valor agregado a los productos y posicionarlos más en el mercado del Viejo Continente.
“Costa Rica puede beneficiarse al aprovechar oportunidades latentes en encadenamientos locales; ganar espacios de mercado dejados atrás por otros países con menor competitividad ambiental en su oferta; impulsar la transformación verde de sectores rezagados y especializarnos en servicios verdes”, apuntó el estudio de la Promotora.
De acuerdo con Jiménez, del Icafe, para el sector cafetalero de Costa Rica el Pacto Verde es una gran oportunidad para diferenciarse de otros productores, al ser una ventana de posicionamiento de las acciones de responsabilidad con el medio ambiente.
“Entendemos que el Pacto Verde nos otorga una serie de acciones para más que nunca demostrar de manera positiva los procesos de adaptación y regeneración de la actividad cafetalera, que nos diferencia del resto del mundo”, comentó el director ejecutivo del Icafé.
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Por su parte, Sauma coincidió en que Costa Rica tiene una plataforma muy positiva, pero también se debe tomar en cuenta que la producción de banano es cada vez más costosa, entonces también debería de reflejarse en un mejor precio para los productores.
El gerente de Corbana añadió que en el país también es necesario facilitar el proceso de adopción de nuevas moléculas que son más eficientes que las actuales, pues el trámite actual es lento y representa una desventaja importante respecto a otros mercados.
“Tenemos productos de control biológico que a veces duran muchísimo en su trámite, Costa Rica tiene una desventaja. Ahí quedamos debiendo porque es lentísimo el proceso, el actual Gobierno está poniendo mucha atención, pero esto va a requerir de una solución más expedita”, concluyó Sauma.
